Muerte en la comisaría. Daiana Abregú: a más de ocho meses del crimen, habrá reconstrucción del hecho

Daiana Abregú se iba a ir a vivir a La Plata junto a su hijo de nueve años, llena de proyectos y sueños por cumplir. Pero el domingo 5 de junio de 2022 apareció muerta en la comisaría de Laprida, un pueblo de menos de diez mil habitantes del centro-sur bonaerense. La Policía sostuvo (y aún lo hace) que la joven de 26 años se suicidó colgándose del cuello con su campera de una reja de no más de un metro de altura. Lógicamente, su familia nunca lo creyó.

Este domingo se cumplieron ocho meses de un camino que la familia de Daiana jamás pensó que iba a transitar. Dos autopsias (sólo la segunda con peritos de la querella) cuyos resultados se contradicen. Un irregular informe pericial de la Policía Federal direccionado en favor de los cinco policías acusados. Relatos de los principales sospechosos que no logran armar una historia coherente y unificada. La defensa de los imputados a cargo del propio Ministerio conducido por Sergio Berni (fuertemente sostenido por el gobernador Axel Kicillof), quien sigue sosteniendo la inocencia de sus subordinados, llegando a inventar pruebas como una “tercera autopsia”, la cual nunca existió. Engaños, persecución y aprietes a la familia de la víctima. Y muchas preguntas sin responder.

“Imaginate una chica que estaba sola, rodeada de policías y que nadie sabe qué pasó. Hasta el día de hoy no nos han mostrado ninguno de los videos que hay. No vimos fotos de la campera que supuestamente tenía atada. Mirá lo de Fernando (Báez Sosa), con todos los videos a favor que hay, cuánto tardó y aún así hay dudas sobre si los condenan”, sostiene Antonella Abregú, hermana de Daiana en diálogo con La Izquierda Diario.

Para la familia no hay dudas: a Daiana la mataron y el Estado encubre a los culpables. Así lo manifestaban, dando detalles, nombres y demás circunstancias, Antonella y sus padres en una larga entrevista con este medio en noviembre pasado.

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Por eso, la reconstrucción de los hechos que se llevará a cabo el martes 28 de febrero desde las 10, en las instalaciones de la Estación de Policía Comunal de Laprida (Pellegrini 1480), será de suma importancia. La misma estará a cargo del cuestionado fiscal José Ignacio Calonje (las querellas pidieron que sea apartado de la causa), quien será acompañado por un equipo de la Unidad Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal con colaboración del Gabinete Científico de Bahía Blanca.

No es un dato menor que peritos de la misma UCAC fueron los que en agosto pasado realizaron un informe (a pedido del propio fiscal y de la defensa de los imputados) burdamente direccionado en favor de la Bonaerense, donde se sustenta la versión del suicidio con la campera y en el que no faltaron maniobras que configuran una violación al Código Procesal Penal. Gracias a ese informe (impugnado por los querellantes) el fiscal Calonje determinó la excarcelación de los cinco policías imputados, dando fin a la prisión preventiva y permitiendo que puedan entorpecer la investigación judicial e incluso fugarse.

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La familia de Daiana espera que la reconstrucción de los hechos dé respuestas a muchas de las preguntas que se vienen haciendo desde aquel domingo trágico y que, pese a las movilizaciones en reclamo de justicia y a las medidas solicitadas al Estado (junto a la querella institucional que representa la Comisión Provincial por la Memoria), siguen sin ser respondidas. Probablemente ese martes Laprida se paralice durante las horas que lleven las tareas y buena parte del vecindario se acerque a las inmediaciones a solidarizarse con la familia de Daiana.

No será un evento más. Posiblemente los seres queridos de Daiana se vean frente a frente con los responsables de que la joven ya no esté con ellos. Aunque no será la primera vez. Vanesa Núñez, Juliana Zelaya, Pamela Di Bin, Leandro Furh y Adrián Núñez, acusados de “homicidio doblemente agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad policial”, estuvieron apenas dos meses detenidos y hoy caminan por Laprida como si nada hubiera pasado.

La victimización de la victimaria

Pese al incentivo de sus abuelos y del resto de la familia, el hijo de Daiana lleva meses sin tener ganas de salir siquiera a caminar por el pueblo. Este año, incluso, se negó a ir a la colonia de vacaciones. “Daiana siempre lo llevaba al balneario de la ciudad y en verano a la colonia, porque a él le encanta el agua, pero hace ocho meses que lo único que quiere es estar encerrado en la casa”, relata Antonella.

“Una tarde de fines de diciembre mi mamá, una de mis hermanas y el nene fueron al balneario. En un momento él vio un poco más allá a Vanesa Núñez, que estaba con su pareja tomando sol. Se la señaló a mi hermana y le dijo ‘ésa es la que mató a mamá’. Ella no pudo contener la bronca y fue a increparla. Hubo un cruce, pero no pasó a mayores. El balneario estaba lleno, hay cámaras por todos lados y nadie vio que mi hermana la golpeara, mucho menos en la panza. ¡Pero el abogado de Núñez nos denunció por querer matarla!”, cuenta la hermana mayor sin salir aún de su asombro.

Varios medios locales, siempre prestos a difundir las versiones policiales, se hicieron eco del hecho e informaron que el doctor César García presentó una denuncia penal por “intento de homicidio, lesiones y amenazas de muerte” en perjuicio de su defendida, quien cursaba entonces un embarazo de siete meses. La campaña revictimizadora contra la familia de Daiana sumó así un nuevo capítulo, que incluyó la autovictimización de una de las acusadas del crimen.

Esa campaña, orquestada por quienes defienden a la Bonaerense, incluye una constante estigmatización de la familia Abregú. “A mi padrastro ahora le cuesta mucho conseguir trabajo, cuando antes era considerado uno de los mejores albañiles del pueblo. Nunca le había faltado laburo, pero desde que exige justicia muchos se le pusieron en contra”, grafica Antonella.

A pesar de tantos obstáculos y ataques, que desde todos los estamentos del Estado dejan correr, la lucha permanente de la familia y los amigos de Daiana hacen que la causa siga avanzando. Ni el encubrimiento del Gobierno de Kicillof (ayudado por el ministro nacional Aníbal Fernández), ni el desprecio del intendente Pablo Torres (también del Frente de Todos), ni el silencio mediático (en éste y otros casos donde está implicada la Bonaerense), lograron doblegar a quienes sólo buscan las respuestas que merecen.

Por esa lucha, el caso de Daiana Abregú lleva meses integrando una campaña mundial contra las violaciones a los derechos humanos impulsada por Amnistía Internacional. Pero eso a los gerentes del Estado, hoy preocupados más por su reelección que por la verdad y la justicia, parece no interesarles.