El especialista en educación analiza el Proyecto de Ley que pretende desintegrar los institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires.
Lunes 4 de diciembre de 2017 10:26
LID: ¿De qué se trata la reforma que quiere implementar el gobierno y qué hay hasta ahora?
Daniel Brailovsky: La reforma plantea la disolución de los 29 Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, que serían absorbidos por una única institución universitaria, a la que llamarían “Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (“UniCABA”). Está plasmada en un proyecto de ley que redactaron las autoridades ministeriales, y de cuya existencia las comunidades educativas afectadas se enteraron por los medios, que transmitieron la conferencia de prensa de la Ministra de Educación, Soledad Acuña, el 22 de noviembre pasado. El texto del proyecto se conoció (nuevamente por la prensa, mediante una nota del diario Clarín), recién a comienzos de diciembre, tras ser enviado a la Legislatura para su tratamiento.
¿Qué consecuencias tendría para la formación?
Podría pensarse en tres grandes grupos de consecuencias: políticas, académicas/pedagógicas y laborales.
Comencemos por las consecuencias políticas. En este momento, el sistema de la formación docente se imparte en un conjunto de instituciones cuyo gobierno (el de cada una de ellas y el de las instancias interinstitucionales) responde a un sistema democrático. Los docentes, estudiantes y graduados (y en muchos casos también el personal no docente, bibliotecarios, etc.) eligen rectores, vicerrectores, cuerpos de representantes. Y este enorme grupo de representantes es, en la práctica, un actor político importante. Es un sistema que permite a los profesorados tener una voz unificada, representativa del conjunto de sus necesidades, demandas y posiciones en materia de políticas públicas. Y es un interlocutor que no ha sido “cómodo” para el actual gobierno. La última reforma curricular de la formación docente, por ejemplo, fue planteada en términos bastante regresivos, ignorando muchos de los logros de los modelos anteriores (p.e. la superación de la secundarización y del modelo “aplicacionista”) y fueron precisamente los rectores autoconvocados y los consejos directivos quienes presentaron una contrapropuesta superadora. Ahora bien: la principal consecuencia política de esta reforma, sería la disolución de este actor político democrático, y su reemplazo por un rector supremo designado por el jefe de gobierno. Este rector, por lo que se puede leer en el proyecto, funcionaría más o menos como un rey: él mismo redactará un estatuto, lo hará cumplir y conducirá el proceso de formulación y reconversión en lo institucional y académico. Su único órgano de control es el mismo poder ejecutivo que lo designa. Este carácter autocrático del rector puede verse en el texto del artículo 10 del proyecto de ley:
Artículo 10.- La UniCABA se organizará internamente de acuerdo a los Órganos de Gobierno y de Administración que establezca el Estatuto Académico a dictarse. Dicho Estatuto será redactado por el Rector/a Organizador/a, designado/a por el Poder Ejecutivo, quien deberá contar con acreditada idoneidad y experiencia académica en el ámbito universitario, y será quien conduzca el proceso de formulación y reconversión del proyecto institucional y académico. El Estatuto será aprobado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación.
El único elemento atenuante de este entronamiento del rector es una referencia al artículo 74 de la Ley de Educación Nacional, que otorga al Ministerio y al Consejo Federal de Educación el rol de acordar las políticas y los planes de formación docente inicial.
En suma, las consecuencias políticas son simples y contundentes: se le quita el poder democrático a las comunidades educativas y se le entrega un poder autocrático al rector, designado por el gobierno. Esto queda, claro, oculto tras la campaña engañosa y agresiva de encuestas que el gobierno implementó preguntando: “¿Ud quiere que los docentes sean universitarios?”, en vez de: “¿Ud. quiere que los institutos se disuelvan, se desintegren sus órganos democráticos y se los reconfigure bajo un gobierno impuesto y un currículum inconsulto?”.
¿Qué consecuencias tendría en términos pedagógicos o académicos?
Se sabe muy poco del contenido pedagógico de la reforma. Entre las cosas que se han hecho públicas (siempre por medios masivos, pues no ha habido una presentación académica o pedagógica seria y abierta del proyecto) hay un documento de powerpoint que dedica cuatro diapositivas a la formación docente bajo el título “Escuelas del futuro necesitan docentes del futuro”, alineándose así con la reforma más reciente de la escuela secundaria, denominada precisamente con esta fórmula. La primera de las diapositivas muestra datos sobre la falta de docentes en la ciudad; la segunda enumera algunos rasgos del modelo propuesto (entre los que destaca el carácter universitario, el énfasis en lo virtual, la unificación de la oferta, la investigación entendida como innovación, la existencia de “docentes mentores” y la idea de formación por competencias); la tercera habla de la capacitación en servicio y la última muestra un gráfico con los componentes del “perfil del docente del futuro”, centrado en el “emprendedorismo”, la adaptación al cambio y una idea diferencialista de la diversidad, en el que además no se mencionan la enseñanza, ni las funciones sociales del educador.
El viernes 1°/12 a última hora algunos institutos accedieron por canales informales a dos breves documentos que esbozan una estructura de facultades y departamentos de la UniCABA que exponen estadísticas centradas en la terminalidad de estudiantes en los profesorados (muestran que ésta es baja), en la distribución geográfica de la matrícula dentro de la ciudad (muestran que ésta ya es despareja, es decir que la centralización de UniCABA sólo la empeoraría un poco) y en la oferta existente de profesorados en universidades (muestran que ya existe formación docente universitaria, especialmente en el sector privado). También refuerza la idea de incrementar las horas y los dispositivos ligados a la práctica, y de “flexibilizar” formatos y dispositivos. A diferencia powerpoint de difusión masiva, se observa en estos documentos dirigidos al campo profesional la incorporación de bibliografía, citas a algunos referentes sobre el tema, y una ligera atenuación del discurso gerencialista respecto de los materiales anteriores.
Unas pocas palabras respecto de estas definiciones. En primer lugar, la idea de que la falta de docentes en la ciudad (que es un problema real) podría paliarse dándole carácter universitario a la formación, es simplemente absurda, insostenible. La falta de docentes se debe, como los propios gráficos del informe muestran, a la caída de egresados, principalmente en el sector privado. En el sector estatal (único afectado por la reforma) el fenómeno es mucho más leve. Y la cantidad de inscriptos no ha disminuido. En síntesis: el problema es, en todo caso, que no egresan todos los que se inscriben, ni lo hacen en los tiempos previstos. Este problema, como sabemos, es igual (o incluso peor) en las carreras universitarias. Entonces: ¿por qué habría de mejorar volviendo a la formación universitaria? Es más probable, en cambio, que como consecuencia del cambio haya menos y no más egresados.
Algunos de los rasgos dentro de lo anunciado, a la vez, preocupan especialmente.
Finalmente, se plantea esta reforma como un cambio técnico, sin hacer ninguna alusión al fuertísimo arraigo identitario de las instituciones a disolver, que tienen muchos años de historia, pertenencia, proyectos en curso. Hay, en fin, una operación sobre lo simbólico que está teniendo lugar por detrás de lo técnico y administrativo.
Mencionabas también consecuencias en lo laboral…
Explícitamente, el proyecto de ley dice que se debe transferir la formación docente a la UniCABA “(...) con sus patrimonios, personal docente y no docente” (art. 6); que “gozarán de estabilidad laboral, conservando salario y antigüedad” (art. 11); y que “los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario” (art. 36 de la Ley de Ed. Superior, al que remite el art. 13 del proyecto). No se especifica cómo juegan en estas reglas el status de titular, interino o suplente de los docentes. Hay muchos docentes que llevan muchos años trabajando pero no han adquirido status de titular, y sería previsible que el recorte vaya por ese lado. Desde el punto de vista del régimen laboral, se deja claro es que el actual régimen de trabajo de los formadores de docentes (el estatuto del docente) dejaría de aplicarse, ya que pasarían a formar parte del sistema universitario.
El nuevo estatuto que regularía el trabajo de los docentes sería confeccionado por el rector, designado por el gobierno. Cabe suponer, en ese sentido, que será coherente con los valores que subyacen a las propuestas en materia laboral del gobierno actual.
¿Qué respuestas ha generado entre la comunidad educativa?
El rechazo ha sido inmediato y unánime. No recuerdo haber visto a las instituciones tan unidas y en consenso, como ante esta amenaza. Y para entender por qué es tal el rechazo, hay que saber que todo este proyecto se ha mantenido en el mayor de los secretos, para poder presentarlo ya terminado, sin la participación de la comunidad. Esto es muy preocupante, especialmente porque, en efecto, la formación requiere de políticas de reforma. Hay muchas cosas (los formadores lo sabemos bien) que ameritan ser revisadas. Incluso la propuesta de dar carácter universitario a la formación es, en general, bien vista por la mayoría. El problema es que esta reforma no se trata de eso, la universitarización es sólo el cartel, y por detrás está todo lo demás que estamos comentando. Hace poco participé como consultor de UNESCO en un informe sobre la formación y el desarrollo profesional de los maestros y hubo avances interesantes respecto de las líneas en las que una política de mejora podría desarrollarse. En esa ocasión, participaron representantes de institutos, del gobierno, de sindicatos, de las propias escuelas… Hubo debates y no hubo acuerdo en todo, por supuesto, pero es un ejemplo de que se puede trabajar participativamente con la comunidad educativa para pensar en los desafíos del sistema de formación. Este proyecto, en cambio, fue hecho totalmente a espaldas de todos los actores involucrados. A los pocos días de hecho el anuncio, todas las instituciones emitieron formalmente declaraciones públicas de rechazo. El jueves 30 de noviembre los/as rectores/as de los institutos dieron una conferencia de prensa en la que mostraron el fuerte rechazo del conjunto del sistema educativo a este proyecto. Hasta se reunieron adhesiones por medio de una solicitud en change.org. En una reunión realizada el martes 28 de noviembre con autoridades del gobierno de la ciudad, los representantes de 21 de los institutos amenazados y otros del sector privado expresaron en persona, y de forma contundente, su rechazo al proyecto. Una docente preguntó quiénes son los referentes teóricos o académicos que están detrás del proyecto. Preguntó si acaso existen especialistas que estén asesorando o trabajando en este proyecto. Diego Meiriño, funcionario designado para recibir con elegancia los cachetazos de la indignada comunidad, respondió que había especialistas, por supuesto, pero que no recordaba sus nombres. Los presentes manifestaron sentirse profundamente ignorados, objetos de una grosera falta de respeto, y huérfanos de respuestas frente a las muchas preguntas que se hicieron y que no fueron respondidas.
Ante este rechazo, las autoridades no respondieron más que con un argumento: “somos gobierno, podemos hacerlo, la legislatura decidirá si se sigue adelante con esto, o no”. Todo indica que dieron por descontado desde el comienzo el rechazo al proyecto, lo cual puede confirmarse leyendo su artículo 15, donde se prevén las acciones de las autoridades ante las esperables consecuencias de semejante acto de autoritarismo: la intervención del instituto en caso de que los docentes generen conflicto, alteren el orden público o incumplan la normativa impuesta unilateralmente por el rector:
Artículo 15.- La UniCABA podrá ser intervenida por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, durante su receso, por el Poder Ejecutivo –debiendo en este caso ser ratificada por aquélla en el término de treinta (30) días de reiniciadas las sesiones ordinarias–, por alguna de las siguientes causales: 1. Conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento; 2. Grave alteración del orden público, y 3. Manifiesto incumplimiento de la normativa legal. La intervención a la UniCABA deberá llevarse a cabo por un plazo determinado, el que no superará los seis (6) meses y nunca podrá menoscabar la autonomía académica (1).
(1) Los documentos oficiales referidos en esta nota pueden descargarse en carpeta comprimida del siguiente enlace: https://archive.org/download/unicaba/unicaba.rar
Daniel Brailovsky es doctor en educación, pedagogo, profesor investigador de Flacso-Argentina y formador de docentes en el Normal 8 y en el ISPEI Eccleston, donde ejerce un rol de coordinación. Autor, entre otros, de El juego y la clase: Ensayos críticos sobre la enseñanza post-tradicional (Noveduc, 2011), La escuela y las cosas. La experiencia escolar a través de los objetos (Homosapiens, 2012), Estrategias de escritura en la formación. La experiencia de enseñar escribiendo (Noveduc, 2014) y Didáctica del nivel inicial en clave pedagógica (Noveduc, 2016). Autor del sitio de conversaciones www.nopuedonegarlemivoz.com.ar / e-mail: [email protected]
Entrevistó: Juan Duarte.
