El oficialismo busca comprometer al peronismo en la renegociación de la deuda. El Frente de Izquierda denuncia la reapertura del Congreso “para salvar a los especuladores”.
Jueves 29 de agosto de 2019 19:34
Este viernes llegaría al Congreso de la Nación el proyecto de ley con el que el gobierno nacional se propone avanzar en la refinanciación de la deuda emitida bajo jurisdicción nacional.
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La norma expresará por escrito lo anunciado por el ministro de Economía el pasado miércoles. Ese día Hernán Lacunza informó que el oficialismo había decidido un reperfilamiento de los montos de la deuda pública contraído con diveros sectores. En particular, el proyecto que ingresaría por el Senado plantea una modificación en los plazos de pagos para la deuda emitida en pesos bajo legislación nacional.
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La súbita convocatoria al Congreso vuelve a poner al desnudo el lugar de esa institución en este régimen democrático. Al mismo tiempo evidencia los intereses de los partidos tradicionales, que tienen peso mayoritario en ambas cámaras legislativas.
Como se consignó en este medio a inicios de esta semana, la última reunión plena en el Congreso Nacional tuvo lugar hace ya más de dos meses. Desde ese entonces, a pesar del hundimiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, ni Diputados ni el Senado se reunieron a discutir medida alguna que pudiera paliar la crisis nacional.
Tanto el macrismo como el peronismo podrían haber convocado a sesiones. El oficialismo, al presidir ambas cámaras, tiene la potestad legal para hacerlo. La oposición, reuniendo a todo el arco de fuerzas opositoras, podría también tener quórum para sesionar. El crecimiento de la pobreza y la desocupación, intenso en estos meses, no fueron motivo suficiente para que alguno de esos espacios llamara a reunirse.
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Ahora, en el marco de una nueva crisis cambiaria, el macrismo decidió “reabrirlo”. Lo hizo en función de garantizar la continuidad del pago a los grandes especuladores, bancos y fondos de inversión. Quienes se enriquecen en medio de la vorágine social y económica, parecen ser los suficientemente importantes para que el oficialismo decida convocar a sesiones.
En ese marco, para el próximo miércoles ya está anunciada la presencia del ministro Lacunza en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior. La misma está presidida por el peronista José Mayans, un formoseño amigo de Cristina Kirchner y Gildo Insfrán.
Hasta el momento, desde el peronismo han evitado los comentarios públicos sobre la propuesta anunciada por el gobierno y la convocatoria al Congreso. Se descuenta que habría críticas hacia este llamado. Sin embargo, vale la pena recordar que el camino de endeudamiento que terminó en el default selectivo de este miércoles comenzó a recorrerse a inicios de 2016, cuando se aprobó el pago a los fondos buitres. En aquel entonces, el peronismo fue fundamental para que la norma se aprobara en ambas cámaras legislativas.
Desde el Frente de Izquierda Unidad las críticas no se hicieron esperar ante este llamado a sesionar. La fuerza que lleva como candidato presidencial a Nicolás del Caño denunció una reapertura hecha para “salvar a los especuladores renegociando la deuda ilegítima”.
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La izquierda ha venido señalando la necesidad de avanzar en medidas de fondo que permitan poner un freno a la fuga de capitales y al saqueo permanente que sufre el país por parte de bancos, fondos de inversión y grandes empresarios.
El no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI aparecen como cuestiones centrales para terminar con ese saqueo. Estas medidas tienen que estar asociadas a otras como la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores o el monopolio estatal del comercio exterior. Solo así se puede terminar con la sangría de recursos que sufre el país, cuyas consecuencias más duras recaen sobre las mayorías populares.
