Dauno Tótoro, querellado por la intendencia de la Región Metropolitana con la Ley de Seguridad Interior del Estado durante el contexto de la rebelión popular, se presentó a la audiencia pública de la subcomisión de derechos humanos de la Convención Constitucional.
Miércoles 25 de agosto de 2021
Un caso de persecución política llevada adelante por el gobierno de Piñera a través de la Intendencia encabezada por Felipe Guevara es lo que vivió Dauno Tótoro durante noviembre del 2019.
"El gobierno se querelló en mi contra en noviembre del 2019 mediante el artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por “incitar a la subversión” y la caída del gobierno. Su argumento se basaba en un video en el cual yo planteé la necesidad de sacar a Piñera e instalar una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que no tuviese ninguna institución por encima de ella, para acabar con el régimen heredado de la dictadura", sostuvo el dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) y actualmente candidato al parlamento por el distrito 10.
Las reiteradas y sistemáticas violaciones a los DDHH, que incluyen prisión, mutilaciones, torturas, asesinatos y persecución política, que se desarrollaron durante la rebelión popular de octubre del 2019 y que han constatado organismos internacionales, Dauno plantea que estas denuncias no cayeron en nada: "no son sólo responsabilidad política de este gobierno de Piñera. Son parte de la práctica estructural del Estado chileno".
"Hoy se conmemora el día de las víctimas de violencia policial, porque hace 10 años asesinaron a Manuel Gutiérrez, joven de 16 años que fue baleado por un Carabinero en el marco de las protestas del histórico movimiento estudiantil. Y el Sargento Millacura, quien asesinó a Manuel, ya que disparó con arma de guerra a civiles desarmados que miraban las movilizaciones, se mantiene en la impunidad.", enfatizó Tótoro.
En su palabra señaló la amplitud de la prisión política y la persecución política de parte del Estado ante la presión de los familiares de presos políticos de la revuelta por la aprobación del indulto general:
"La Convención Constitucional le hizo un gran favor a esos responsables políticos de la represión durante la rebelión al no declararse soberana, aceptar su sumisión a los poderes previamente establecidos, señalando explícitamente que no pretende “arrogarse atribuciones de otros poderes del Estado”. No sólo porque no decretaron una vía para enjuiciar a los represores, también porque no, por ejemplo, no decretaron la libertad de los presos políticos como primera medida y dejaron la Ley de Indulto en manos del antipopular Senado y de esta justicia de casta de jueces designados a dedo que se han encargado de establecer la impunidad para los represores y la prisión para los luchadores. La Convención debe decretar la libertad de los presos y no reconocer a los poderes constituídos, administradores del “Chile de los 30 años”", señaló Tótoro.
Finalmente agregó: "Una de las tareas de una comisión de verdad debería ser que se esclarezcan las responsabilidades no sólo de quienes dispararon, sino de quienes mandaron a disparar, como Chadwick, Blumel, Piñera y Delgado, Galli y tantos más, reconociendo que esta práctica de represión y de violación a los Derechos Humanos es una práctica permanente de este Estado y este régimen heredado de la dictadura militar, dirigido tanto por la derecha como por la ex concertación y que está al servicio nada más que de los dueños del país, del gran empresariado que se ha enriquecido con la privatización de los recursos naturales, de empresas públicas privatizadas en dictadura y de los derechos de las grandes mayorías"
