OPINIÓN. De Duhalde a Vidal, siempre fue la misma maldita Policía Bonaerense

[Aclaración: muchas de las afirmaciones que siguen pueden aplicarse a las fuerzas de todo el país. Por cuestiones obvias, se focaliza en la Bonaerense. Pero no es que al resto le falten méritos]

Según Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires, “sin los disparos no se hubiera producido la colisión”. Los disparos son los de las pistolas 9 milímetros de la Policía de San Miguel del Monte. La colisión es la del Fiat 147 en el que viajaban un joven de 22 años y cuatro adolescentes de 13 y 14, contra un camión en plena Ruta 3, la madrugada del lunes.

Es cierto lo que dice el procurador general. Pero no es menos cierto que si Carlos, Danilo, Camila y Gonzalo no hubieran tenido tan penoso final, probablemente hoy estarían imputados en alguna causa inventada por los mismos pistoleros.

Como los efectivos se pasaron de lúmpenes (y como se filtró un video que los dejó en evidencia) ahora algunos de ellos están imputados por homicidio doblemente calificado y otros por encubrimiento y falsedad ideológica.

Ahora bien, esos asesinos no se chiflaron una noche y se pusieron de acuerdo para salir a acribillar pibes. Como seguramente otras veces les habrá funcionado muy bien el negocio de detener gente inocente y pedir coimas bajo la amenaza de armar causas por drogas u otros delitos que conocen al dedillo, creyeron que el éxito sería eterno.

Es más que probable que si el 147 blanco no se hubiera partido al medio y si cuatro de sus cinco ocupantes no estuvieran muertos, muy probablemente hoy la intendenta Sandra Mayol y el ministro Cristian Ritondo estarían tuiteando “gracias a la Policía de Monte por cuidarnos de las bandas de menores delincuentes”.

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Marca (de la gorra) registrada

El gatillo fácil, en sus diversas manifestaciones, es una verdadera marca registrada de todas las fuerzas represivas del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y comunal. Lo mismo le cabe a la tortura (muchas veces seguida de muerte) en comisarías y cárceles. Y los más variados métodos de hostigamiento a la población en los barrios populares.

No caben dudas de que la ejecución sumaria en plena calle y a plena luz del día sobre jóvenes pobres es una de las banderas más levantadas por quienes hoy gobiernan el país y las provincias, en especial la de Buenos Aires. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su par bonaerense Cristian Ritondo y muchísimos funcionarios, tanto de Cambiemos como peronistas, han hecho de la mano dura y el “tire y después pregunte” un verdadero leitmotiv.

Pero el gatillo fácil y la muerte por violencia policial e institucional no nacieron el 10 de diciembre de 2015. En todo caso, Bullrich, Ritondo y compañía, como buenos represores, de lo único que se pueden enorgullecer es de haber superado, estadística y operacionalmente, a sus antecesores.

No hay que olvidar que, según el archivo de casos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), si en 2018 el Estado argentino (en sus diversos estamentos), asesinó a una persona cada 21 horas, en 2015 lo hizo cada 29 y que durante los doce años kirchneristas el promedio fue de un crimen a manos del Estado cada 30 horas.

El dato es concreto: no hubo un solo año, desde 1983 a la fecha, en el que ese índice de terror haya dejado de crecer. A lo sumo, puede bajar un poco para luego volver a subir con más vigor.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich llegaron al extremo de convertir en doctrina el crimen cometido por el policía bonaerense Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un joven que escapaba desarmado, por una calle de La Boca, a muy pocos metros de distancia. Incluso cuando Chocobar fue procesado por homicida, el Gobierno no dudó en salir en su defensa y hasta le puso abogados.

Pero hay un dato que no debe gustar recordar a más de un “progresista”. Luis Chocobar tampoco de hizo policía el 10 de diciembre de 2015. El pistolero que en diciembre de 2017 pasó a la fama tras ejecutar a Pablo Kukoc (18 años), el agente de la Local de Avellaneda que tuvo el orgullo de conocer a Macri en la Casa Rosada cuando lo recibieron con honores, ese criminal uniformado, es uno de los diez mil egresados de las treinta escuelas de formación policial de la provincia creadas por el exgobernador Daniel Scioli y por quien fuera su ministro de Seguridad, el kirchnerista Alejandro “Sheriff” Granados.

Chocobar es un típico producto de la “maldita policía”. La fuerza hiperdesarrollada por Ramón Camps, Miguel Etchecolatz y Guillermo Suárez Mason. Perfeccionada por Pedro Klodczyk y sus secuaces. “Purgada”, “reformada” y “renovada” por peronistas de todos los colores y también por el macrismo.

Para muestra sobre este botón

El actual jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es Rubén Perroni, quien se formó como oficial en los años de transición entre la dictadura y el gobierno de Raúl Alfonsín. Fueron los tiempos en los que miles de torturadores y desaparecedores, desde altos jefes a recién iniciados, se maquillaban de “democráticos” mientras sus crímenes mutaban. En plena efervescencia democrática, la escuela de Camps y Etchecolatz ya tenía una generación entera de egresados diseminados en la sociedad. Perroni era uno de ellos.

Entre los 80 y los 90 Perroni hizo carrera. Y sus dotes se desarrollaron con creces en los años más calientes del período, los de la Bonaerense del comisario Pedro Klodczyk. Tan así fue que terminó imputado en una causa por torturas y apremios ilegales ocurridos en la Comisaría Novena de La Plata en 1992.

En 1997 el juez Ernesto Domenech lo mandó arrestar junto al oficial Walter Abrigo, el mismo que dos años después sería condenado a cadena perpetua por el secuestro, desaparición y muerte del estudiante de periodismo Miguel Bru, ocurrida en agosto de 1993.

El Poder Judicial le dio a Perroni un sobreseimiento y la Bonaerense lo reincorporó tras mantenerlo dos años en disponibilidad preventiva. Zafó de una condena, pero la madre de Miguel nunca dudó de que el actual jefe de la Policía esconde secretos que lo incriminan.

Hace dos años, cuando Vidal encumbró a Perroni (en reemplazo de Pablo Bressi, acusado de narco por otro comisario) Rosa Schoenfeld de Bru aseguraba a este diario que él debía conocer cosas de la desaparición de Miguel pero se las guardaba. Porque si bien en la causa nunca fue mencionado, “componía la misma patota con Abrigo, ambos tenían jerarquía y aparentemente torturaban chicos”. Además, “cualquiera que conoce cómo procede la Policía sabe que ellos no son ajenos, que entre ellos todo se sabe”, afirmaba Rosa.

Suponiendo que Perroni haya sido totalmente ajeno a la desaparición de Bru, hay un modus operandi que lo delata. Él era conocido del padre de Miguel y sin embargo jamás de acercó a la familia ni a solidarizarse ni a ofrecer su ayuda para investigar qué había pasado con el joven.

Pero a Perroni hay que reconocerle un mérito. Él hizo todos los cursos de derechos humanos impulsados por los ministros “progresistas” que pasaron por las gestiones de Felipe Solá y Daniel Scioli. Además, después de ser sospechosamente sobreseído en la causa por torturas, no dejó de subir en el escalafón apilando legajos “intachables” y reconocimiento de sus superiores.

Y ni hablar si a ese talento de escalador se le suma la incorporación de un discurso de cierta “comprensión” sociológica hacia la “delincuencia” originada en la pobreza.

No es un policía, es toda la institución

En su carrera policial, Perroni pasó por todos los “modelos” de formación, por todos los estilos operacionales y por decenas de jefes y ministros.

Desde el gobernador Carlos “Meta Bala” Ruckauf y su ministro de Seguridad Aldo Rico hasta la doctrina del “control civil” de la fuerza, la “seguridad democrática” y el engendro de la Policía Buenos Aires 2 de León Arslanián (ministro de Duhalde en 1998 y de Solá de 2004 a 2007).

Perroni hizo su carrera en la “maldita policía” del caso de José Luis Cabezas (1997) y en la de los desaparecedores de Julio López (2006), de Luciano Arruga (2009) y de tantas pibas pobres que terminan en las redes de trata como Johana Ramallo hace dos años.

Tal vez, parafraseando un dicho popular, con Perroni la Bonaerense tenga el jefe que se merece.

Policía de clase

A esta altura no hace falta decir que si en lugar del Fiat 147 blanco se hubiera tratado de un Audi A7, o un Mercedes Benz EQ Power o de una Toyota Hilux 2.8, otra hubiera sido la historia. Al menos sus ocupantes estarían vivos.

Tal vez hubieran pagado la correspondiente coima. Siempre y cuando no se tratara de alguno de los hijos de los terratenientes conocidos de la zona, claro.

Lo que sí, quizás, haga falta remarcar es que no solo hay una sociedad dividida en clases, sino que las instituciones estatales de esta sociedad también llevan el indeleble sello clasista (y xenófobo y machista). Eso, más allá del tono que le quieran imprimir sus agentes políticos, sean “bolsonaristas” como Bullrich, Ritondo o Berni o “progresistas” como Arslanián, Garré o Saín.

El gran periodista (y amigo de la casa) Ricardo Ragendorfer acuñó una frase que grafica gran parte de lo antedicho: “el gatillo fácil es el único delito sin fines de lucro que comete la Policía”.

Será quizás por eso que desde hace décadas sus autores materiales, quienes los inspiran y quienes los encubren lo siguen ejecutando sin culpa y con convencido desprecio por la vida de sus destinatarios.

¿Hasta cuándo mantendrá la sociedad esa idea de que la Policía puede reformarse para bien? ¿Hasta cuándo la creencia de que una fuerza así es necesaria para “cuidarnos” frente al delito que ella misma controla, gerencia y capitaliza?

Hasta cuándo, en definitiva, esa concepción securitaria y represora, fomentada por las grandes cadenas mediáticas, que termina siendo un velo para ocultar una realidad cada vez más inocultable: no es un policía, es toda la institución.