En los últimos días se conoció que se obliga a los vecinos damnificados de las Sierras Chicas a firmar un documento que los inhabilita a realizar más reclamos al gobierno provincial.
Martes 3 de marzo de 2015
Como informara La Izquierda Diario hace unos días, después de las inundaciones el gobernador anunció la creación de un fondo de 150 millones de pesos para cubrir las pérdidas causadas por el temporal del 14 y 15 de febrero pasado. Teniendo en cuenta que la catástrofe lo obligaba a posponer su recorrido por el país para promocionar su candidatura presidencial, De la Sota pretendía ubicarse como un gobernante que responde rápidamente a las necesidades de la gente. Resaltando, de paso que el gobierno nacional no había enviado ayuda económica. Daniel Passerini, ministro de Desarrollo Social y aspirante a la gobernación, también está aprovechando la exposición mediática que le da su cargo para hacerse un poco más conocido.
Lo que ningún funcionario anunció es que la entrega del subsidio implicaba la firma de un acuerdo en el que “el beneficiario” reconoce que su situación se debe a un “fenómeno natural”. Lo más grave es que una de las cláusulas estipula que “nada más tiene que reclamar al Ministerio de Desarrollo Social”. Legal o no, se trata de una simple y llana extorsión.
El acta constituye parte de una maniobra política repudiable que es utilizada por el gobierno para respaldar su discurso del “tsunami que cayó del cielo”. La definición de la catástrofe sólo como “Fenómeno natural” implica evadir las responsabilidades políticas y de gestión que le caben a un gobierno que lleva 15 años al frente de la provincia de Córdoba.
Al mismo tiempo limita la posibilidad de los damnificados de poder reclamar nuevamente en el futuro. Esto se hace a cambio de la entrega de una parte ínfima de lo prometido en los anuncios televisivos.
La última clausula de esta extorsiva acta indica que, de haber alguna controversia sobre la aplicación de los derecho y obligaciones que el acuerdo implica, las partes se someten a los Tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba, “renunciando a cualquier otro fuero que le pudiera corresponde”.
Así, el gobierno provincial limita también la posibilidad del reclamo judicial, mediante la confinación del mismo a los tribunales de la justicia cordobesa que, desde hace décadas, no cesa de dar ejemplos de su subordinación al poder político y a los intereses de los grandes empresarios.
Los damnificados empiezan a organizarse
El acta funciona además como un medio para cubrirse ante las protestas que empiezan a protagonizar los pobladores de algunas localidades. El viernes pasado hubo cortes de ruta reclamando a las autoridades por el retraso de las obras viales, reparación de desagües y el suministro de agua potable y electricidad. En Salsipuedes interrumpieron la ruta E-53, mientras que en Unquillo los vecinos de los barrios San José, Villa Forchieri y Villa Tolosa cortaron la ruta que comunica a dicha ciudad con la de Mendiolaza y denunciaron que están incomunicados por la obstrucción del vado de la calle Nuestra Señora de las Mercedes.
El mismo viernes, mientras entregaba subsidios a propietarios de comercios, De la Sota recibió una muestra del estado de ánimo de los “beneficiarios”. Como se ve en este video de Canal 12, una vecina de Villa Allende lo increpó duramente porque los $15 mil que recibía no le alcanzan, ya que sus pérdidas son de, por lo menos, $100 mil. Además la mujer le reclamó que “hay cosas que se podrían haber evitado… podrían haber mejorado el río, porque ésta es la tercera inundación”.
La respuesta cínica y patotera del gobernador fue: “Villa Allende se construyó sobre un río. Tal vez no habría que haberla construido acá. Échele la culpa a quien la fundó”, sacándole el cuerpo a las responsabilidades que le caben luego de gobernar la Provincia por de 15 años, garantizándoles jugosos negocios millonarios a los grandes empresarios inmobiliarios y de la soja o aprobando en 2010 La Ley de Bosques, contra todas las denuncias de diversos grupos de ambientalistas que advertían las consecuencias que iban a vivir en las zonas involucradas.
Al sufrimiento de los pobladores por las pérdidas materiales y de seres queridos, se le agrega la indignación ante la demora de las soluciones y la extorsión de las autoridades. En Río Ceballos y Mendiolaza se están organizando asambleas para enfrentar las políticas punteriles del delasotismo, denunciando y repudiando el chantaje del que están siendo víctimas al firmar el acta. Entre sus puntos centrales, los pobladores exigen que se declare “zona de catástrofe” y que se utilicen todas las viviendas ociosas para reubicar a las familias evacuadas. El pliego de reivindicaciones también contempla medidas urgentes como son los alquileres, la construcción de viviendas y reubicación de los evacuados. Este lunes, al cierre de esta edición, se desarrollaban nuevas asambleas para avanzar en medidas concretas para enfrentar la magnitud de la crisis.
