Guillermo Torrent Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas
Miércoles 4 de febrero de 2015
Llegó a la Legislatura de Córdoba una designación propuesta por el Poder Ejecutivo de la provincia solicitando acuerdo para la designación de Pablo Bustos Fierro como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General. El pliego lleva como numero el 15972/P/14 con firma de puño y letra del propio Gobernador.
Pablo Alberto Bustos Fierro es un integrante de la llamada “Sagrada Familia” una verdadera corporación que maneja los tribunales federales y provinciales en Córdoba.
En pleno juicio por los crímenes de la dictadura perpetrados en el Penal de barrio San Martin, la llamada UP1, se lo veía a Bustos Fierro pavoneándose con el personaje más odiado de la provincia, el General Luciano Benjamín Menéndez. La difusión de la foto junto al genocida fue publicada en los principales medios de la provincia y a nivel nacional. Es vox populi en los pasillos de la “casa de la justicia cordobesa” que dicha foto llegó a costarle la carrera judicial dentro de los Tribunales Federales.
Parece que el gobernador pretende evitarle frustraciones con la propuesta ahora para Fiscal Adjunto en la Fiscalía General de la Provincia.
Recordemos, por otro lado, que es Pablo Bustos Fierro es hijo de uno de los jueces más cuestionados a nivel nacional, Ricardo Bustos Fierro, porque entre otras cosas, habilitó en 1999 la posibilidad de la tercera reelección de Menem. Es sabido también que el juez perdonaba deudas millonarias a empresas como Renault, además de haber acomodado a sus parientes, Pablo Alberto incluido, en las secretarías del tribunal a su cargo, el TOF 1.
Existen denuncias de que el hoy postulante a ocupar el cargo de Fiscal Adjunto, siendo miembro del Tribunal Federal que juzgaba a los militares como Menéndez por la causa de la UP1, donde se ventiló el accionar cómplice de la Justicia cordobesa con la última dictadura militar, intentaba justificar a los jueces que en ese momento actuaron, alegando que “Había que ser juez en esa época”, dichos que fueron denunciados por abogados de los ex presos políticos querellantes en la causa.
La propuesta de designación de Pablo Bustos Fierro, una “amigo” de los genocidas, va en consonancia con la política represiva que viene desplegando De la Sota desde hace años y que incluye el control social y el ataque directo a la juventud trabajadora a través del Código de Faltas o las decenas de casos de gatillo fácil que cobro nuevamente notoriedad con el asesinato de Ismael Sosa en el recital de La Renga en Villa Rumipal.
Frente a esta propuesta, la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda manifestó que “ vemos cómo no sólo la política de De la Sota, amigo de los genocidas, sino también el carácter de clase de una justicia que mientras eran desaparecidos, torturados y asesinados, miles de obreros y estudiantes, ésta actuaba en complicidad con los militares. Esa misma justicia es la que hoy cajonea las causas de las víctimas de gatillo fácil como lo viene denunciando la Coordinadora de Familiares que luchan contra la impunidad; o como se pone de manifiesto en las imputaciones a los trabajadores de la autopartista Valeo o el Hospital de Niños por el fiscal Pedro Caballero, también responsable de que la causa de gatillo fácil de Ezequiel Barraza no avance.” Finalmente, la legisladora expresó que “estamos porque los jueces y fiscales sean elegidos de manera directa y puedan ser revocados, y allí veríamos cómo, el pueblo de Córdoba jamás decidiría como deciden De la Sota y los partidos patronales, premiando a jueces y fiscales que juguetean con los genocidas.”
