Tras más de tres años de garantizar la gobernabilidad para el ajuste, ahora los mandatarios provinciales reclamaron por las consecuencias fiscales de la decisión presidencial.
Miércoles 21 de agosto de 2019 14:43
Este miércoles, en la Ciudad de Buenos Aires, los gobernadores peronistas se dieron cita para analizar la situación de sus provincias a la luz de las medidas anunciadas en estos días por el gobierno nacional.
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La semana pasada, en el marco del golpe de mercado iniciado el día lunes, el oficialismo nacional anunció una serie de medidas para compensar los golpes al poder adquisitivo de sectores de la población. En el marco de la dura devaluación del peso frente al dólar, los anuncios no constituyen más que un pobre paliativo.
Sin embargo, los mandatarios provinciales pusieron el grito en el cielo porque algunas de las decisiones de Macri afectan impuestos coparticipables. Tal es el caso de Ganancias y el IVA.
El encuentro de este miércoles funcionó como un verdadero lobby público. Al finalizar la reunión se conoció un documento donde se presenta una situación de extrema gravedad en las provincias. Al mismo tiempo se exige las “compensaciones financieras correspondientes”.
Entre otras cosas, en el texto se lee “estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de los servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos”.
Hacer mención a la “paz social” hace al nivel de presión que los gobernadores pretenden ejercer. Más para un gobierno nacional golpeado por el resultado electoral.
En el documento también se define como “arbitraria y perjudicial” la acción del Estado nacional. A continuación, se plantea una amenaza: “Nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más prejuicios a nuestro país”.
En términos más comprensibles, los gobernadores amenazan con ir a la Justicia para cobrar lo que el Estado nacional deja de enviarles. Como se recordará, la Corte Suprema de Justicia falló en más de una ocasión a favor de los distritos provinciales contra la nación.
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En el documento de los gobernadores se afirma “no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad”.
La empatía con los sectores más golpeados está aquí demás. Se trata de los mismos mandatarios y las mismas mandatarias que hace menos de dos años firmaron el Pacto Fiscal que garantizó avanzar contra jubilados y pensionados. Fue el momento de la contra-reforma jubilatoria, ese verdadero robo al bolsillo de millones de personas.
