De superministros y la casta judicial

Desde el mismo momento en que se daba a conocer el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez con los y las nuevas ministras del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, asociacions judiciales y casi el poder judicial en su totalidad han criticado el nombramiento de Félix Bolaños como nuevo ministro de Justicia en sustitución de Pilar Llop.

Te puede interesar: Las ministras y ministros del Gobierno PSOE-Sumar: continuismo, integración neorreformista y neoliberalismo “progresista”

Sánchez, que ha mantenido a Bolaños en las carteras de Presidencia y Relaciones con las Cortes, ha sido criticado por jueces y fiscales por vulnerar la separación de poderes, los cuales han afirmado que se trata de "un mensaje inequívoco de que la separación de poderes es una cosa meramente teórica".

La decisión del presidente de concentrar atribuciones en Félix Bolaños se trata de una compensación por el trabajo "bien hecho" en la legislatura pasada en la que el ahora ministro de Justicia encabezó las relaciones y crisis con los partidos procesistas, especialmente con ERC, a pesar de que los flecos finales para pactar la amnistía fueran terminados por Santos Cerdán. Además, Bolaños recibió el encargo personal de Sánchez de tramitar la nueva Ley de Amnistía para que pase todos los filtros del Tribunal Constitucional, a pesar de las críticas recibidas inicialmente.

También puede leer: Amnistía limitada y renuncia a la autodeterminación: la restauración del PSOE y Junts

De hecho, más allá de las críticas recibidas por parte de la judicatura, salta a la vista la evidencia que la utilización -o intento de utilización- de la "justicia" como árbitro de la política y baluarte de las esencias del Régimen, no solo es cosa del actual gobierno. Se trata de una norma generalizada desde el principio de la democracia, como una herencia más de la dictadura franquista. Las dos, la casta judicial y la casta política, hacen y deshacen a su antojo y al servicio del Régimen.

Cómo hemos visto en la pasada legisaltura, la casta "progre" utiliza las cloacas del Estado para infiltrar policías entre los movimientos independentistas, sociales y sindicales o lleva adelante uno de los casos de espionaje más grandes de los últimos años como el CatalanGate. Una casta, además, llena de privilegios y que tiene como objetivo salvaguardar y multiplicar los beneficios de las grandes empresas y el IBEX35.

La casta de derechas pero no se queda lejos, ni mucho menos. La vimos organizando montajes policiales y judiciales contra el independentismo o el espacio de Podemos, bajo el gobierno de M. Rajoy. Y hoy, es ella la que, conjuntamente con los de las togas, se proclama como rebelde destituyente del nuevo gobierno y se manifiesta junto con grupos abiertamente fascistas.

La casta política interfiere como norma en el poder judicial porque esta mantiene mil y un vínculos con el poder político. Recordamos que el Consejo General del Poder Judicial es un organismo compuesto por 20 miembros más un presidente, la mayoría de los cuales son designados por acuerdos de los partidos del Congreso, básicamente entre peleas del PSOE y el PP por el control judicial entre progresistas o conservadores.

Y ni que decir que la judicatura es la misma casta reaccionaria y guardia de las esencias más rancias del régimen del 78 y la Corona que desde 2017 le otorgó plenos poderes para ponerse al frente de la ofensiva españolista contra el procesismo y la fuerte represión contra las aspiraciones democráticas por el derecho a decidir del pueblo catalán por parte del Régimen español, incluyendo el "progresismo" de Pedro Sánchez, y que ahora se dispone a impugnar hasta el final la lucha contra la amnistía pactada entre el PSOE y Junts, a pesar de que esta dejará su aplicación en manos de los propios magistrados.

Frente a esta “casta” reaccionaria, es necesario luchar por un programa democrático que plantee medidas elementales como el fin de la elitista carrera judicial, que la elección de jueces sea por sufragio universal, que ninguno de ellos pueda cobrar más que el salario medio de un trabajador y que todos los juicios sean por medio de jurados populares.

Y lo que hoy todavía resulta más urgente es el hecho de retomar la lucha por verdaderos procesos constituyentes en todo el Estado. Procesos que no podrán emanar del gobierno constituido recientemente, ni del Régimen del 78 y sus instituciones, sino que tendrán que imponerse por medio de una gran movilización social con la clase trabajadora en el centro, para garantizar que se puedan discutir absolutamente todas las cuestiones, como el fin de la Corona, la reaccionaria “casta” judicial, acabar con la inmunidad de corruptos y torturadores, resolver los graves problemas sociales de paro, vivienda o precariedad y garantizando que las y los catalanes y el resto de naciones puedan impulsar su propio proceso constituyente para decidir libremente su relación con el resto del Estado, así como su propia independencia si así lo deciden.