Elecciones Estados Unidos. Debate republicano: De Santis amenaza con uso de fuerza letal y envío de tropas a México

Sin la presencia de Trump, que ya había anunciado que no participaría del debate porque lleva ventaja en las encuestas ─aunque en realidad quiere evitar que su condición de procesado ante la justicia estadounidense empañe su arrastre electoral─ se llevó a cabo el primer debate de las primarias republicanas en Milwakee, estado de Wisconsin. Fueron ocho los participantes: Ron DeSantis, gobernador de Florida, Vivek Ramaswamy, emprendedor, Mike Pence, exvicepresidente, Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte y Tim Scott, senador de Carolina del Sur.

De acuerdo con encuestas recientes, 54 % de los votantes republicanos elegirían como candidato a las presidenciales a Trump, 17 % a DeSantis y en tercer lugar a Pence.

Entre los temas abordados en el debate se cuentan el tráfico de fentanilo, el aborto, el cambio climático y la guerra en Ucrania.

Bret Breier, el moderador, afirmó que el expresidente Donald Trump era “el elefante que no está en la habitación”, en referencia a su ausencia. De hecho, a la misma hora del debate el ex presidente publicó una entrevista en X, antes Twitter, que le hizo un periodista pagado por él: Tucker Carlson.

El tráfico de fentanilo: excusa para mayor injerencia al sur del Río Bravo

La alusión a Trump durante el debate encendió los ánimos, y Ron DeSantis, gobernador de Florida, buscó emularlo cuando se abordó el tráfico de fentanilo, el tema más discutido en este primer debate.

“El presidente de Estados Unidos tiene que utilizar todos los poderes disponibles como comandante en jefe para proteger a nuestro país y proteger a su pueblo. Entonces, sí, usaremos fuerza letal para detenerlos” afirmó DeSantis.

Fue secundado por Hutchinson, quien también se pronunció a favor del uso de la fuerza letal y sostuvo “No puedes tener éxito contra un cártel a menos que tengas a México como socio”. Consultada por estos dichos, la embajada de México en Washington no respondió.

Estas amenazas de mayor injerencia se repiten desde hace un tiempo y son parte de la ofensiva de un ala del partido republicano para reposicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en el marco de la crisis que atraviesa este partido. No es nuevo, es una dinámica entre Estados Unidos y México que existe al menos desde 1969, durante el gobierno de Nixon, con la Operación Intercepción, en la cual se revisaban de manera exhaustiva los vehículos que entraban a territorio estadounidense.

En la actualidad, la ambición del imperialismo estadounidense de avanzar en la injerencia en México está relacionada con la política del nearshoring, una vía que tiene la mayor potencia del mundo para competir con China ante la crisis del modelo de acumulación capitalista basado en el neoliberalismo.

Como el poder que ejerce el gobierno estadounidense en el terreno económico a través del T-MEC ─la versión recargada del TLCAN de 1994-, ya no les basta, con la excusa del tráfico de fentanilo quieren pasar ahora a la ofensiva, pero fue desde Washington que se promovió en México, en Centroamérica y en otros países latinoamericanos el crimen organizado. El auge del narcotráfico ─que pasó de centrarse en la marihuana y la heroína al fentanilo─ fue alentado por sucesivos gobiernos de Estados Unidos y de México.

El cártel de Los Zetas, por ejemplo, surgió a partir de un grupo de exmilitares mexicanos entrenados en la Escuela de las Américas, cuyos alumnos fueron parte del impulso de golpes de Estado y de escuadrones de la muerte (como los kaibiles guatemaltecos) en América Latina.

En la década de 1980, luego del desvío de la revolución nicaragüense, con la llegada al poder de Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Estados Unidos financió a los paramilitares conocidos como la “contra” con dinero proveniente de los cárteles del narcotráfico en México y Colombia, por ejemplo, con el aval de los gobiernos de ambos países.

La militarización, implementada con el Plan Colombia en el país homónimo, y con la Iniciativa Mérida en México durante el gobierno de Felipe Calderón, ha demostrado ser el detonante de fenómenos reaccionarios como el desplazamiento forzado de comunidades enteras, los feminicidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones y de un clima de violencia muy fuerte que enfrentan trabajadores, sectores populares, mujeres, jóvenes y personas migrantes en distintos puntos del territorio mexicano.

La realidad es que tanto las administraciones republicanas como las demócratas mantienen como estrategia de seguridad el despliegue de uniformados al sur del Río Bravo, y tienen numerosas bases militares estadounidenses y/o financiadas por los sucesivos gobiernos de ese país en Centroamérica y América del Sur.

Es necesario que la multiétnica clase trabajadora estadounidense y la juventud, en especial los sectores que han salido a luchar ─como maestros, guionistas, actores-, o están en procesos de organización sindical ─ en Amazon, Starbucks, UPS-, que enfrentan el racismo y la violencia policial así como contra los ataques a los derechos de las mujeres, las personas trans y la comunidad LGTBI+, junto con la clase trabajadora, la juventud y las mujeres en México, alcen la voz contra las amenazas del envío de tropas estadounidenses al sur del río Bravo.