Venezuela. Decenas de trabajadores y campesinos siguen presos por luchar en Venezuela

Reproducimos la declaración de la Liga de Trabajadores por el Socialismo venezolana, ante las recientes liberaciones de detenidos ligados a la oposición derechista de ese país.

Desde la LTS –Liga de Trabajadores por el Socialismo– estamos por la defensa de las libertades democráticas y nos oponemos a medidas gubernamentales arbitrarias y autoritarias que coloquen en la cárcel a dirigentes y activistas sean del partido que fueren por el hecho de opinión, disentir o manifestarse contra el Gobierno, defendemos el derecho a libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de asociación. Sabemos que estas medidas, tomadas por el Estado burgués, solo contribuyen a fortalecer ese aparato de control social y político, fortalecer su capacidad para restringir las libertades democráticas, medidas que recaen con más virulencia sobre el pueblo trabajador.

De hecho, decenas de trabajadores, campesinos y habitantes de los barrios presos por luchar, seguirán detenidos, mientras la indulgencia gubernamental es fundamentalmente para un determinado sector político del flanco opositor patronal de derecha, lo que es una clara constatación de lo que decimos: ni el Gobierno afloja su represión de las libertades democráticas del pueblo trabajador que lucha, ni el sector opositor de derecha que negocia con el Gobierno pone esto como punto de honor. La preocupación de Henrique Capriles y demás negociadores por las libertades democráticas, es selectiva. Así mismo es selectiva la “indulgencia” de Maduro y las FF.AA.

Así por ejemplo, en los mismos días que se negociaban los indultos, 6 campesinos eran privados de libertad por abuso policial y falsos positivos comprobados del FAES en la comunidad de La Virgen, Comuna Máximo Vizcaya, municipio Bruzual, estado Yaracuy, familiares denunciaban que el juez de control 4, sin llegar a la audiencia y sin oír los alegatos, ya tenía una decisión en concordancia con el Ministerio Público con una condena de 5 años. Los familiares manifestaban que todo era para favorecer al grupo Ebenezer que se dedica a la producción avícola en Yaracuy.

Por eso, no son las libertades democráticas las que estaría concediendo Maduro con este indulto de alcance para la derecha, sino un paso para los pactos y negociaciones que le permitan una sobrevida, acuerdos realizados a espaldas del pueblo trabajador. Lo que demuestran los hechos concretos es que así como para el Gobierno, desde la oposición de derecha les importan poco o nada las libertades democráticas de la clase obrera y el pueblo pobre.

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Incluso, como la intención es buscar acuerdos y pactos con la oposición de derecha, en la lista anunciada no hay tampoco nadie de los dirigentes chavistas opuestos a Maduro, ni prácticamente ninguno de los trabajadores detenidos por el simple hecho de luchar por reclamos laborales, a excepción de de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, fue incluido porque es integrante en una organización política de la oposición patronal y es una figura levantada por estos. Entraron también en la lista dos trabajadores más de las empresas básicas de Guayana –Elio Mendoza (Sidor) y Tania Rodríguez– tomados por los sindicatos de allá ligados a los partidos de la oposición. Por supuesto, saludamos la libertad de estos dirigentes sindicales y trabajadores, independientemente de si están o no vinculados a partidos de la oposición de la derecha. En todo momento estuvimos denunciando su encarcelamiento y exigiendo su libertad, y hoy nos alegra que estén libres.

Sin embargo, son una excepción, una ínfima minoría del total de “indultados” y del total de personas del pueblo trabajador presas o bajo juicio por protestar y luchar. En el caso del movimiento obrero, no entraron en esas negociaciones y siguen presos, Rodney Álvarez, que de hecho es también obrero de Ferrominera, al igual que Rubén González, y lleva ya nueve años presos sin sentencia y con un juicio paralizado eternamente.

No están tampoco Marcos Sabariego (Pdvsa El Palito), Bartolo Guerra (PDV Marina), Darío Salcedo (Insopesca, en prisión domiciliaria), Alfredo Chirino y Aryenis Torrealba (Pdvsa), ni los varios trabajadores de Pdvsa que están presos desde 2017 ¡sin siquiera la primera presentación en tribunales!, es decir, llevan más de dos años presos sin haber sido acusados formalmente de nada.

Tampoco entran en esa lista Roger González, Eugenio Montes, Luis Rivas y Miguel Álvarez, trabajadores de Alimex, en Lara, quienes fueron apresados acusados de “boicot” a la alimentación y de “asociación para delinquir” por llevar adelante medidas elementales de protesta ante la destrucción total del salario y de los derechos laborales.

Tampoco entran en esos indultos las decenas de campesinos y campesinas detenidos o con libertad condicional por ocupaciones de tierras o defensa de tierras previamente asignadas. No están tampoco las decenas de habitantes de los sectores populares que han sido apresados o están en libertad bajo juicio por protestar por falta de servicios básicos o por comida. Organizaciones sociales y políticas vinculadas al movimiento campesino denuncian que más de 40 campesinos del estado Yaracuy permanecen detenidos, 15 en Mérida y varios en Barinas.

Todos estos presos del pueblo trabajador, ¡ni los indulta el régimen de Maduro y las FF.AA., ni los ponen en su lista de negociación Claudio Fermín, Falcón, Capriles y la derecha que se entiende con el Gobierno! Son presos sin dolientes entre esas fracciones políticas patronales y burguesas.

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Durante todo este tiempo que llevamos en cuarentena por la pandemia, el Gobierno ha recrudecido su brazo represor sobre las protestas populares por la falta de servicios o sencillamente por hambre, e incluso con saldo de trabajadores y jóvenes asesinados, así como encarcelados por luchar. Se ve cómo el Gobierno, mientras buscaba acuerdos con la oposición y teniendo seguramente ya como moneda de cambio los indultos a un determinado sector político, la judicialización y criminalización de la actividad sindical, de las luchas laborales y, en general, de las exigencias y denuncias de los trabajadores, se endurecía con un aumento de los casos de trabajadores enjuiciados o directamente encarcelados.

Por eso ha sido muy importante que el pasado sábado 27 de junio, diversas corrientes políticas de izquierda, organizaciones sindicales, trabajadores de base y familiares de trabajadores detenidos, acordamos sumar fuerzas para llevar adelante una amplia y fuerte campaña por la libertad plena de los trabajadores presos o judicializados por luchar. Consideramos muy clave en estos momentos para retomar con más fuerza unitaria esta importante campaña ya desplegada.

Como se escribía en el texto común unitario de la campaña: “Los presos de la clase obrera (así como de los sectores populares, el campesinado, los pueblos indígenas), son quienes menos visibilidad tienen en la palestra nacional, quienes menos dolientes tienen entre las vocerías que gozan de mayor visibilidad pública sobre el tema. Esta ‘invisibilización’ u ‘omisión’ que se da en la gran mayoría de los casos de trabajadores presos, no deja de tener relación con el hecho que una parte importante de quienes hoy enarbolan las banderas de los libertades democráticas, representan, al igual que el gobierno, intereses patronales, por lo que no tienen ningún interés genuino en que la clase trabajadora tenga plenas libertades democráticas. Por lo tanto, se hace necesario un gran esfuerzo propio por lograr la más amplia visibilidad y presencia en la escena nacional de esta situación, colocar en ‘la agenda nacional’, como una cuestión de importancia, el problema de los trabajadores presos por luchar.”

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Por eso reiteramos el llamado a las diferentes organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres y corrientes políticas, jóvenes, trabajadores de base y organismos de derechos humanos, que coincidan con esta pelea, a que redoblemos los esfuerzos para la campaña de la libertad de los trabajadores, campesinos, de los sectores populares, presos por luchar.