Con la decisión tomada de construir el tren en el sureste, se prevé una segunda consulta sin garantías para las comunidades indígenas.
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Lunes 3 de diciembre de 2018
Luego de la consulta nacional del 24 y 25 de noviembre sobre los 10 programas prioritarios del gobierno de López Obrador, y con ello la aprobación de la construcción del Tren Maya, se prepara una segunda consulta dirigida a los pueblos indígenas de la región.
En dicha consulta participó menos de un millón de personas, de las cuales, 850 mil 283 (89.87%) aprobaron el proyecto, 62 mil 174 lo rechazaron y 33 mil 624 anularon su voto.
Sin embargo, en los dos días que duró la consulta, no se garantizaron las condiciones para la adecuada participación de la población que será afectada por la obra. No se contó con la estructura y la planeación suficiente, y entre las irregularidades que denuncia el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio destaca el no haber hecho partícipe a las comunidades de los estudios de impacto ambiental, ni de los supuestos beneficios que traerá el Tren a la nación.
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Ahora, aunque se prevé que para la segunda consulta participen organismos de derechos humanos, representantes de comunidades originarias de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se vienen organizando para defenderse de eventuales despojos.
En el Encuentro Maya Peninsular de Resistencias en Defensa del Territorio: Fortaleciéndonos, las organizaciones se pronunciaron por no vender sus tierras, sin importar los ofrecimientos que les puedan hacer el gobierno federal o empresas privadas.
Los representantes comunitarios plantearon que no han tenido contacto con el gobierno de López Obrador y que no han sido informados sobre la construcción del Tren Maya. Sin embargo, tienen conocimiento de intentos de empresas chinas para hacerse de grandes terrenos en la reserva natural de Calakmul.
A pesar de que AMLO ha dicho que la construcción del Tren Maya no afectará las selvas, dicha obra vendría acompañada de la edificación de al menos tres megaciudades en la reserva natural, lo que ocasionaría tanto un fuerte impacto ambiental como el desplazamiento de comunidades originarias.
En tanto, representantes de comunidades apícolas de Hopelchén y Calakmul solicitaron al gobierno de AMLO abstenerse de realizar la consulta sobre el Tren Maya a los pueblos originarios que podrían resultar afectados, mientras no se garantice su participación libre y transparente.
La abogada Naayeli Ramírez, exasesora legal de la comunidad de Hopelchén, expresó su preocupación por esta segunda consulta sobre el Tren Maya, pues considera que está demostrada la incapacidad de las instituciones para llevarlas a cabo, tanto por desconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades como por negligencia.
La imposición del Tren Maya a las comunidades del sureste mexicano, con el que se avizoran devastación ambiental y desplazamientos forzados, luego de una consulta vinculante a modo, no puede menos que contrastar con la promesa hecha por López Obrador de dar prioridad a los pueblos originarios en la ceremonia en la que recibió el “bastón de mando” de manos de los 68 pueblos indígenas de México.
Con información de El Economista
