¡ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA LOS QUE LUCHAN! Declaración a 5 días de la agresión contra estudiantes de Veracruz

Xalapa, Veracruz, 9 de junio de 2015

A la comunidad universitaria y estudiantil
A los organismos de derechos humanos
A los medios libres e independientes
A los pobladores de México y el mundo

Por medio del presente comunicado informamos que tras el periodo de 72 horas en que se procedería con la observación médica de los tres estudiantes internados en el Centro de el Centro de Especialidades Médicas en Xalapa, Veracruz, los familiares han decidido trasladar la noche del 8 de junio a dos de los jóvenes a clínicas privadas y esperar a que se realice la operación de fractura del otro compañero la mañana del 9 de junio a las 10 hrs. en el CEM. Esto a causa de las ambiguas y contradictorias respuestas por parte de las autoridades, tanto médicas, como universitarias y gubernamentales, que generaron un clima de tensión e incertidumbre respecto del estado de salud de los estudiantes agredidos la madrugada del viernes 5 de junio.

Desde el viernes por la mañana, tanto los familiares como los organismos de derechos humanos hemos denunciado y alertado ante la opinión pública la magnitud de las agresiones que los encapuchados con chalecos estilo policial, bates, palos, machetes y armas largas arremetieron contra los estudiantes. Sobra decir que las lesiones son graves y pueden representar secuelas y complicaciones para los jóvenes, tanto físicas como psicológicas: contusiones y fracturas craneales, de quijada, de mano y de muñeca, desprendimiento de piezas dentales a causa de los golpes, lesiones por armas punzo cortantes y heridas faciales causadas por machetazos.

A pesar del grave estado de salud de los estudiantes, el diagnóstico y las declaraciones sobre el mismo, ha sido minimizado y tergiversado de manera reiterada por parte de los médicos y la dirección del CEM: durante el periodo de observación se negó la fractura craneoencefálica que presenta uno de los jóvenes, se les negó a los familiares el conocimiento pleno de los expedientes, se emitieron declaraciones sobre la ausencia de lesiones internas antes de que se realizaran los estudios correspondientes, se les negó el derecho a consultar segundas opiniones.

La situación resulta comprometedora en el marco de que, hasta el día lunes, el ofrecimiento de la Universidad Veracruzana a asumir la responsabilidad total por la integridad física y psicológica de los estudiantes se había quedado en meros encuentros a puerta cerrada en los cuales llegaban sólo representantes de la UV. Si bien en el comunicado que emite la Rectora la tarde del lunes 8 de junio manifiesta que su preocupación ya atención ha sido constante, durante el fin de semana sólo entró por la puerta trasera del hospital a besar la mano de los agredidos para mostrarles una indignante misericordia, sin que hablara con los padres de frente y se comprometiera a emitir públicamente la responsabilidad de la UV por la integridad de sus estudiantes. Con todo y la gravedad del estado de salud de los jóvenes, la Rectora se había dado el derecho de postergar el encuentro con los familiares hasta la mañana del 10 de junio, dando cuenta de la pretensión de las autoridades de minimizar la magnitud de la agresión y una displicencia que resulta no sólo indignante sino comprometedora.

Sólo hasta que se manifestó la indignación de la comunidad universitaria mediante de un comunicado respaldado por 91 académicos y profesores de la institución que fue leído en Plaza Regina ante la prensa, y que después de la concentración los manifestantes decidieron acudir a Rectoría para ejercer la presión necesaria, fue que la Rectora emitió un comunicado por lo demás cínico y demagógico, donde ostenta su directa relación con el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, repartiendo responsabilidades entre líneas, y apelando a la justicia que impartirán las instancias correspondientes de un gobierno cuya política propaga sangre e injusticia en nuestras tierras.

Resulta alarmante que las autoridades universitarias minimicen los acontecimientos y depositen su confianza en un gobierno donde el hostigamiento y represión contra los jóvenes, estudiantes, periodistas y luchadores sociales son el pan de cada día. Aún más después de las declaraciones del día domingo 7 de junio del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en las cuales admite que “su dependencia cuenta con fotografías y videos de quienes han participado en manifestaciones, entre estudiantes, activistas y reporteros a los que sus agentes ha detectado”, lo cual es sólo un indicio de las represalias a las que está expuesto todo aquel que se movilice y manifieste su derecho a disentir.

Hasta el momento no se ha emitido una sola declaración convincente por parte de las autoridades gubernamentales sobre la naturaleza de la agresión, mucho menos del compromiso a resolver el caso y generar las condiciones para que no se repitan los acontecimientos. El clima de enrarecimiento y tensión política se profundiza, los agredidos que no han sido hospitalizados se encuentran resguardados con el temor de que haya secuelas del ataque. El estudiante que permanece internado en el CEM a la espera de su operación, se encuentra bajo rondines de policías estatales y los cuerpos de seguridad pública no han dejado de hacer manifiesta su presencia en el hospital. La comunidad xalapeña se pregunta quiénes fueron, y las líneas de interpretación respaldan un mensaje que se cuela entre líneas y se sabe a voces: que en el Estado de Veracruz está prohibido disentir, y que las consecuencias para todo aquel que cuestione ese supuesto estado de derecho que protegen a ultranza con los votos y los cuerpos represivos, seguirán cayendo como una bola de nieve conforme la crisis social se agudice por las reformas privatizadoras y la militarización que asienta su crudeza en nuestras tierras.

Es por eso que, como defensores de derechos humanos, reiteramos nuestro respaldo a las decisiones que los familiares tomen respecto de la integridad física y psicológica de sus hijos y nuestro compromiso a trabajar de la mano para garantizar la seguridad de los estudiantes agredidos