En un contexto en donde persiste la brutal represión policial en las calles de "la tolerancia cero" y con un gobierno autoritario que niega descaradamente el abuso, la tortura y la violencia por parte del Estado.
Sábado 28 de diciembre de 2019
El séptimo juzgado de garantía declaró admisible la querella contra Mario Rozas por delito de permisividad ante la tortura el cual está tipificado en el código penal.
El extracto del código es claro al respecto “igual sanción (presidio mayor en su grado mínimo) se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura (énfasis agregado), teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo".
Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que dicta el papel, ya que el viernes 21 de diciembre el descontrol y la brutalidad de la represión policial dejaron como saldo al joven Óscar Pérez con múltiples fracturas de cadera tras ser atropellado por dos carros lanza gases de manera intencional. Ayer, como cada viernes desde el inicio del estallido social, miles de chilenos que se alistaron para asistir a la Plaza de la Dignidad desde sus casas o después de sus jornadas laborales, se encontraron con la plaza sitiada por más de mil carabineros; semejando una verdadera postal de la dictadura.
Mientras la “admisibilidad” de la Querella contra Rozas hacía noticia, el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, defendía con soberbia la política de Tolerancia cero y respondía al emplazamiento de renuncia que emitió la oposición parlamentaria señalando que podían pedir lo que quisieran, pero que su labor era “resguardar el orden público”. Ni un paso atrás dio el cabecilla y responsable político de la violencia policial en las calles, por el contrario en un gesto de indolencia total ante la brutalidad policial contra el pueblo que persiste en movilizarse, señaló que le hubiese gustado que la institucionalidad hubiese funcionado en defender a los, según él mismo, 145 uniformados “heridos”, bajándole el perfil al gravísimo caso de Óscar Pérez que conmocionó, nuevamente, a un país entero.
La misma tonada de un gobierno completamente alineado en vaciar las calles que se tomaron las masivas movilizaciones: Rozas con una querella sobre su nombre, pero prometiendo y sosteniendo la impunidad a la policía asesina; Felipe Guevara sitiando Santiago, defendiendo su política de Tolerancia 0 y querellándose para aplastar la libertad de expresión a través de la figura de Dáuno Tótoro y, por último, en el peldaño más alto nos encontramos con las descaradas e indignantes declaraciones de Sebastián Piñera en las cuales señala que muchos de los videos que circulan en las redes sociales son falsos; sin ningún reparo en todos los informes de DDHH que emitieron instituciones como el Observatorio de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la comisión de DDHH de la ONU los cuales coincidieron en que en Chile se violan sistemáticamente los DDHH contra un pueblo que ha soportado por 30 años los abusos inherentes a un régimen que nos instaló la Dictadura.
Frente a este panorama se vuelve de vital importancia impulsar conjuntamente la defensa de todas las víctimas de la violencia policial, de quienes se encuentran en prisión preventiva esperando un juicio ante una justicia que dicta firmas mensuales a torturadores y asesinos; y además impulsar un plan de lucha ascendente para frenar la represión y ponerle coto a los desvíos y las cocinas parlamentarias que quieren diluir nuestras demandas para seguir sosteniendo lo insostenible. Por un fin de año sin impunidad y sin presos o perseguidos por luchar.
