Tribunales. Declaró De Vido por la causa Sueños Compartidos

Se trata de la causa por Sueños Compartidos, en la que se investigan presuntos delitos en el manejo de más de 200 millones de pesos de fondos públicos destinados al programa de construcción de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El exministro y actual diputado nacional ya había sido procesado por la masacre de Once y la compra de material ferroviario, que no tenía valor de uso, a España y Portugal.

Ayer, De Vido presentó un escrito y se negó a responder preguntas. El diputado por el Frente para la Victoria se deslindó del caso, al tiempo que cargó contra sus exsubordinados José López y Abel Fatala, exsecretario y exsubsecretario de Obras Públicas, respectivamente. Al contrario, defendió a Hebe de Bonafini.

Por otro lado, apuntó contra los gobernadores e intendentes de los lugares donde estaba destinada la construcción de aquellas viviendas. Varios de ellos están citados por Martínez de Giorgi: el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el exjefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich; el exgobernador de Misiones, Maurice Closs; y el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. También están llamados a declarar Rubén Darío Giustozzi, exintendente de Almirante Brown y el presidente del PRO, Humberto Schiavoni.

Este es el texto que presentó Julio De Vido:

1. Voy a presentar un escrito en el que aclaro mi posición respecto del caso y, con la misma responsabilidad que al inicio de las actuaciones, continuo dando todas las respuestas que estén a mi alcance.

2. Es también mi interés insistir en que se investiguen todas las cuestiones que al juez le parezcan sospechosas, pero también que la investigación de una cuestión puntual de desvíos o de una administración sospechada de fraude (la realizada por los apoderados Schoklender) no sirva ni sea utilizada para manchar sin justificación el nombre de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, ni todos los esfuerzos realizados desde mi ministerio para brindar solución al problema de las viviendas.

3. Es de conocimiento público y notorio, que el gobierno del cual formé parte, a través de varios de sus ministerios, tenía la decisión política de promover las actividades de cooperativas o empresas ligadas a agrupaciones referentes en el campo de la defensa de los derechos humanos en el país, que pretendían participar en la obra pública y la asistencia social.

4. Nada de esto puede ser cuestionable, y esa decisión política de la cual participé y ratifico, no me acerca de ninguna manera a cualquier irregularidad o delito que se haya cometido en la administración de los fondos que se hayan proporcionado como asistencia financiera para el cumplimiento de las obras solicitadas.

5. Concretamente, hoy he sido requerido respecto a mi actuación personal en el tema y he venido a explicar que más allá de mi posición funcional, la actuación del ministerio fue canalizada directamente por la SOP (Secretaría de Obras Públicas) y la Subsecretaria de Vivienda, por lo tanto vengo a ratificar que en estas contrataciones, no participé en forma personal ni funcionalmente en los actos que le interesa conocer al juez que son: la firma, aprobación, autorización o control de los convenios en los que intervinieran distintas provincias y municipios con entidades dirigidas por los apoderados de la asociación MdPM. Debe quedar claro que la actuación de estas entidades se realizó en menos del 1% de las contrataciones efectuadas por el PEN en relación a los programas de construcción de viviendas.

6. Las autoridades locales eran las responsables del régimen de contratación y del control de la ejecución de las obras y, particularmente, de la certificación efectiva de la obra; no correspondía al Ministerio de Planificación sino a los organismos de control tanto provinciales como municipales analizar y verificar la regularidad de la ejecución y administración de sus contratos.

7. Les recuerdo que cualquier provincia o municipio que recibía este tipo de asistencia financiera era responsable del cuidado de esos fondos y su utilización para los fines solicitados, bajo apercibimiento de tener que devolver los fondos que no se hubieran aplicado a la obra correspondiente.

Mientras tanto, no está confirmado en qué momento el juez se acercará a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para indagar a Hebe de Bonafini. La semana pasada, se intentó una avanzada judicial en la que se intentó detener a la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, maniobra que fracasó por la movilización y el repudio que generó.

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