El gobierno de Evo Morales acaba de promulgar un decreto por el cual cualquier organización sindical no sólo necesitará tramitar su personería jurídica, sino que deberá ser reconocida mediante Resolución Suprema, es decir, con la firma del Presidente quien definirá la existencia de sindicatos.
Jueves 7 de mayo de 2015
Fotografía: EFE
El pasado 1 de mayo, con motivo del día de los trabajadores, el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo), a través del Presidente Evo Morales, promulgó cuatro decretos supremos. Tres de estas normativas se refieren básicamente al incremento salarial (8.5% de incremento a la masa salarial y 15% al mínimo nacional) así como a beneficios dispuestos para trabajadores de las empresas públicas y accionistas mayoritarios del Estado. Claramente estas disposiciones eran de esperar, sin embargo, el decreto que más llamó la atención, Decreto Supremo 2348, señala que a partir de la fecha cualquier organización sindical de trabajadores no sólo necesitará tramitar su personería jurídica, sino que deberá ser reconocida mediante Resolución Suprema, es decir, con la firma del Presidente quien definirá la existencia de sindicatos.
Autoridades del gobierno, entre ellos, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas aplaudiendo esta normativa declaraba “El objeto llega a la defensa de los derechos laborales, los cuales deberán ser únicamente tramitados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y que van a concluir en el procedimiento administrativo con una resolución suprema que va a firmar el Presidente para reconocer cualquier institución sindical”. La norma alcanza a federaciones, confederaciones y sindicatos.
Esta medida que tiene como finalidad frenar la construcción de futuros sindicatos que se opongan al gobierno y que se organizan para exigir sus derechos y enfrentar el ataque de las patronales, lamentablemente, no ha sido rechazada por la COB (Central Obrera Boliviana) ni por otras organizaciones sindicales. La COB, a través de los burócratas que operan en su interior, en su carácter funcional al Estado Plurinacional, lo que está haciendo con este silencio cómplice es avalar un nuevo ataque a los y las trabajadores y sus organizaciones. Y, por lo mismo, ir preparando las medidas que permitan que la crisis que se avecina caiga sobre las espaldas de la clase obrera y del pueblo pobre.
Se evidencia con esta disposición la continuidad de los pasos que el gobierno va dando hacia el afianzamiento de su carácter bonapartista que, bajo mecanismos de cooptación así como de persecución política, hoy garantiza con el visto bueno de Evo Morales y el saludo de los burócratas corrompidos de la COB y la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), el proceso sin límite de injerencia estatal en las organizaciones sindicales.
Lo que queda por delante a los y las trabajadores, es poner en pie un plan de lucha en defensa de la independencia de los sindicatos, bajo la consigna de independencia de clase y la unidad de toda la clase obrera. Hoy más que nunca se hace necesario recuperar los sindicatos de los burócratas que han sido cooptados y corrompidos por miserables prebendas, prepararnos para enfrentar el ataque del gobierno y los empresarios ante la crisis que ya se siente, y para que la crisis la paguen los capitalistas.
