De esta forma todas las llamadas, internet y mensajes deberán ser guardados por 2 años por las empresas por disposición del Gobierno.
Sábado 26 de agosto de 2017
El objetivo del decreto es conocer lo que se denomina los "metadatos", es decir el registro de todos los datos de llamadas telefónicas, navegación de internet, correos electrónicos, mensajes de texto y de WhatsApp de cada persona.
Lo más grave es que lo que se busca es poder conocer no solo el contenido de los mensajes sino que además la fecha y hora en que se realizó una llamada, a quién se llamó y la duración de la llamada, desde qué dirección de internet (IP) se realizó la conexión y los sitios web visitados. Además la ubicación geográfica desde donde cada persona se comunica, cuántos mensajes fueron enviados, a quién, las aplicaciones utilizadas, el número de registro del teléfono tienes y cuál es su número de registro.
Este decreto amplía los alcances del artículo 222 del Código Penal, el cual indica que se podrán interceptar y grabar las llamadas telefónicas, y acceder a las direcciones IP de una persona cuando existan “sospechas fundadas de que alguien está involucrado en un delito con pena de crimen”. El año 2005 mediante el decreto 142 se dictaminó que las empresas de telecomunicaciones estaban obligadas a conservar un registro de estas direcciones durante al menos 6 meses, plazo que fue extendido a 1 año y que ahora se extiende a 2.
El decreto tras ser firmado por la presidenta Bachelet ingresó a Contraloría el pasado 4 de agosto. Esta política represiva y de ultravigilancia no cabe duda que se utilizará contra las organizaciones sociales y políticas que luchan contra el modelo impuesto tras la dictadura militar. Se usará contra las organizaciones mapuches, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos buscando proteger los intereses de los grandes grupos económicos y su modelo de explotación y pobreza.
