Actualidad. #DefenderseNoEsDelito: acto en Paraná contra el odio hacia Joe por ser trans

Tiene 25 años. Es varón trans. Vive en un barrio pobre de Santa Elena, Entre Ríos. Desde antes incluso de asumir su identidad actual, Joe Lemonge ya era hostigado en la pequeña localidad que se encuentra a 150 kilómetros de Paraná.

"Siempre fui señalado, discriminado y hasta el día de hoy no se respeta mi identidad ", relató Joe a La Izquierda Diario.

La condena a Joe contrasta con la rapidez con que la justicia reconoce el derecho a la legítima defensa en casos en los que las personas se defienden de intentos de robo. Incluso el mismo Presidente salió en defensa del famoso carnicero que persiguió y atropelló a un ladrón, es decir, no en un hecho de defensa propia sino en el marco de una persecución, cuando no había peligro de vida para el carnicero.

Sin embargo, para personas como Joe no parecen existir los mismos criterios. Se lo condena por intento de homicidio aún cuando se trata de un claro caso de defensa propia ante un agresor que repetidas veces lo había atacado y amenazado. Agresor que, además, ni siquiera recibió heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

Defenderse no es delito. Justicia por Joe. Basta de transfobia. pic.twitter.com/PCk6EZXLYY

— Toms Máscolo (@PibeTiger) 8 de mayo de 2018

"Basta de transfobia. Que no existan más este tipo de casos. Estoy cansado de que la justicia fallen a favor de los agresores. Tiene que haber una educación sexual para que no existan más hechos de transfobia. Por eso también peleo por la absolución de Higui", dice Joe a La Izquierda Diario.

La referencia no es casual. El caso de Higui es muy similar al de Joe: una joven lesbiana atacada por diez hombres que se defiende y termina ella en el banquillo de los acusados. Higui estuvo presa, con prisión preventiva, desde octubre del 2016 hasta junio de 2017. Ahora está libre pero peleando por su absolución: la acusan de homicidio simple.

La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada el 10 de mayo de 2012, garantiza el derecho a la identidad autopercibida a través de una rectificación registral por vía administrativa del DNI, siendo la primera en el mundo en no requerir un procedimiento de “readecuación corporal”, como sí lo exigen en otros países.

Se calcula que más de diez mil personas accedieron desde su aprobación, al cambio de DNI. Sin embargo, fueron años de intensas denuncias, exigiendo de la implementación de la parte sanitaria de la Ley de Identidad de Género, que contempla tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas, y que no se venía cumpliendo por falta de presupuesto estatal durante el Gobierno de Cristina Kirchner pero finalmente fue sancionada la parte sanitaria (art. 11) en septiembre del 2015.

Aún hoy seguimos exigiendo presupuesto para poder implementarla. Un Gobierno que lo primero que hizo fue recortar todos los subsidios para el área de la sexualidad y reproducción, propició despidos y esta impulsando un ajuste brutal.