Impunidad. Defensa de la UIA a los responsables del genocidio

La Unión Industrial Argentina emitió el último miércoles una señal de alarma mediante un comunicado de su mesa chica rechazando que el Congreso conforme una Comisión Bicameral para investigar complicidades de empresarios o grupos económicos durante la dictadura. Según declaraciones a la prensa la decisión de dilatar la postura fue para “descomprimir la tensión que generó la incómoda situación”.

Representantes del kirchnerismo salieron a cruzar estas declaraciones, planteando que les causaba sorpresa y que lamentaban que estos grandes empresarios no estuvieran comprometidos con la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

A quienes venimos peleando hace décadas por encarcelar no sólo a los militares sino a sus jefes, los verdaderos ideólogos y autores del golpe militar, no nos sorprende esta defensa corporativa de la impunidad de sus socios.

Uno de los argumentos esgrimidos por la entidad empresarial, cuyo directorio está integrado por Arcor y Techint, fue que cualquier investigación o juzgamiento tiene que llevarlo adelante el Poder Judicial.

Poniéndose como defensores del “estado de Derecho”, en realidad defienden un Poder Judicial lleno de jueces que vienen de la dictadura y socios de los empresarios que vienen garantizando la impunidad absoluta para los civiles participes del genocidio.

En marzo de este año, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar de 1976, en las calles estuvimos reclamando contra los fallos que la justicia había emitido, dictando falta de mérito, favoreciendo a empresarios como Pedro Blaquier de Ledesma (miembro de la cámara empresaria), Vicente Massot del diario la Nueva Provincia de Bahía Blanca, Agustín Botinelli de la exeditorial Atlántida (contra la cual soy querellante), sumado al rechazo de la justicia a citar a indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre por la apropiación de Papel Prensa. Estos cuatro fallos expresan una política cómplice de impunidad para los que dieron la orden del genocidio.

Videla, Agosti, Massera y el resto de la cúpula de la dictadura fueron el instrumento del que se valió una clase social, a la que pertenecen los empresarios, para llevar adelante el genocidio contra los trabajadores y el pueblo a favor de sus beneficios.

La UIA manifiesta esta posición, acorde a los sectores de la derecha que viene reclamando impunidad, en los encuentros en la Universidad Católica y desde medios como La Nación, porque tiene mucho que esconder de sus propios empresarios, como por ejemplo Techint. Los números fríos dicen que desaparecieron 275 trabajadores del Grupo Techint, sólo en Siderca Campana 60 compañeros fueron marcados, secuestrados y desaparecidos. Pese a la enorme cantidad de víctimas de este grupo económico, la justicia no ha avanzado en una investigación seria contando con tantas pruebas de la complicidad directa de esta empresa con la dictadura.

Según una investigación de Victoria Basualdo publicada por la Comisión Provincial por la Memoria, Techint es una de las empresas menos investigada. Se puede rescatar en base a los testimonios de sobrevivientes y familiares que prueban de manera contundente su colaboración con el proceso represivo: presencia del Ejército en la puerta de la fábrica con listado de personas “ marcadas”, contratación a partir del golpe de supuestos trabajadores que eran agentes militares y detención e intento de detención de trabajadores dentro de la fábrica. Todos trabajadores con fuerte activismo gremial, entre los que se destacaban los obreros de Siderca.

Otro hecho gravísimo fue la existencia de un centro clandestino de detención llamado Tiro Federal de Campana en el predio lindante a Siderca, donde también en base a las denuncias realizadas existía una puerta que comunicaba ambos lugares.

¿Cuántos de los empresarios pertenecientes a la UIA tampoco quieren ser investigados?

Su posición, por supuesto, excede a su propia entidad y hace una defensa corporativa, de clase, del conjunto de los empresarios nacionales y extranjeros responsables de la desaparición de nuestros 30.000 compañeros.

Como parte de nuestra lucha de décadas en las calles y nuestras peleas en los juicios de lesa humanidad para que a los acusados se los condene por genocidio, mostrando la verdad histórica de que los militares son los que ejecutores del plan del conjunto de los empresarios y el imperialismo, planteamos nuestra posición sobre la “Comisión Bicameral de Identificación de las complicidades Económicas y Financieras” durante la dictadura militar, propuesta por el oficialismo.

A través de nuestra compañera diputada del Frente de Izquierda y abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Myriam Bregman, votamos a favor planteando algunas críticas y propuestas como que la Comisión Bicameral debe ser independiente de aquellos que fueron cómplices de la dictadura, aportando intendente, gobernadores, embajadores como la Unión Cívica Radical y el PJ, este último además por la ligazón, entre otros, de Maria Estela Martínez de Perón con la Triple A. También rechazó la participación en la misma de todos los que votaron la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos.

En el mismo sentido, el FIT planteó que la Comisión que investigue estos delitos debe estar integrada por organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio, es decir, una Comisión independiente de los partidos de la impunidad y con plenos poderes para investigar y acceder a pruebas e información.

Entre los fundamentos también estuvo que desde la salida de la dictadura hasta hoy la política económica de los partidos que gobernaron, más allá de sus discursos, favoreció a estos mismos empresarios genocidas. Los mismos que hicieron el genocidio, son los que hoy siguen manteniendo el poder económico.

Nuestra lucha y mayor homenaje a esa generación de obreros, estudiantes, sectores populares, es seguir peleando para que vayan presos cada uno de estos genocidas. Pero junto con esto ayudar a una nueva generación de obreros a pelear en el presente contra estas patronales, con el objetivo de terminar con su poder económico y político.

*La autora es hija de desaparecidos y querellante contra la ex Editorial Atlántida por haber realizado un operativo de prensa en común con los militares de la Marina, cuando sólo tenía 3 años y sus padres acababan de ser asesinados por fuerzas conjuntas de Argentina y Uruguay.