Con este caso aumenta la cantidad de presos políticos por luchar, en este contexto, por exigir justicia ante el crimen realizado por la fuerza policial.
Sábado 13 de febrero de 2021
Durante la jornada del viernes se realizó la formalización de Gastón Quezada, quien quedó en prisión preventiva bajo los cargos de incendios, ultraje de símbolos patrios, desorden público y atentado a la salud pública, debido a su presunta participación en el incendio en la Municipalidad de Villarrica realizado el día lunes 8 de febrero, luego de las manifestaciones convocadas para exigir justicia para Francisco Martinez, malabarista que fue asesinado tras recibir 6 balazos de parte de carabineros en Panguipulli hace una semana.
Además, el gobierno anunció el día miércoles que presentará una querella invocando la ley de Seguridad del Estado al propio Gastón y a otras 12 personas detenidas que presuntamente han participado de aquel hecho. Esta ley es la misma que fue aplicada de manera arbitraria a Roberto Campos, profesor que fue detenido por el daño a un torniquete en la revuelta popular y que estuvo varios meses privado de libertad por manifestar las injusticias que vive el pueblo trabajador.
El abogado defensor penal público, Juan Gallardo, cuestionó la presentación del Ministerio Público diciendo: “hay absoluta falta de acreditación en el delito de incendio”; además, indicó que a la defensa no le fueron entregados la totalidad de los antecedentes. La investigación al caso tiene un plazo de 4 meses.
Con este caso aumenta la cantidad de presos políticos por luchar, en este contexto, por exigir justicia ante el crimen realizado por la fuerza policial. Cabe considerar que muchos casos fueron consecuencias de montajes realizados por los propios carabineros, los cuales han salido a desmentir los casos y dejar en evidencia que se busca castigar a quienes exigen justicia y los responsables quedan impunes, como el caso del carabinero que mató a Francisco Martinez en el sur del país, al cual le rebajaron la medida cautelar una fiscal que es madre de un OS7.
En estos últimos días ha estado en discusión sobre una “reforma” a carabineros, que es apoyada por sectores del FA, el PC y la ex nueva mayoría, y que sin embargo es negada por el propio gobierno de Sebastián Piñera. Considerando que, visto los casos de otros países como la represión en las manifestaciones, el asesinato a George Floyd en Estados Unidos o el asesinato de Ursula Bahillo por parte de su ex pareja que era policía en Argentina, da a entender que la fuerza policial en cualquier parte del mundo cumple un solo rol, que es defender los intereses de los estados capitalistas y los grandes empresarios. Entonces, la vía es la disolución de carabineros.
La disolución de la policía debe ir con la perspectiva de huelga general que permita levantar una Asamblea Constituyente libre y soberana donde podamos discutir y defender sus resoluciones. Además de luchar por la liberación de las y los presos políticos de la revuelta popular y que los los verdaderos responsables de la crisis sea quienes paguen.
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