A pocos días del inicio del juicio contra los líderes soberanistas, echamos la vista atrás para repasar la represión que ha sufrido el pueblo catalán desde la celebración del 1-O.
Jueves 7 de febrero de 2019
Este martes 12 de febrero se inicia el juicio contra los líderes soberanistas. Un proceso judicial que atenta contra el conjunto de las aspiraciones por el derecho a decidir de millones de catalanes.
Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, además de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila están citados este 12 de febrero por el Tribunal Supremo por todo lo relacionado con la celebración del 1-O en una macro causa que quiere dejarse "lista para sentencia" antes de las elecciones municipales y europeas de mayo.
Además, los miembros de la Mesa del Parlament, Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Lluís María Coromines y la ex diputada de la CUP, Mireia Boia, están también citados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En total son 18 los dirigentes independentistas que van a ser juzgados.
Sin embargo, en este artículo dejaremos a parte por unos instantes el juicio a los líderes, que es en la práctica el colofón a la ofensiva reaccionaria que desde el bloque españolista se viene levantando para descabezar definitivamente al independentismo catalán.
Pongamos el foco en el resto del "iceberg" y veamos como el Régimen del Estado español no ha cesado en su afán represor por aplastar de raíz el movimiento democrático catalán. Presentamos a continuación un repaso de esta ofensiva contra el pueblo catalán en su conjunto a golpe de 155, poder judicial y fuerzas de seguridad desde los días previos al 1-O hasta la actualidad.
Estalla el conflicto
El 6 y 7 de septiembre de 2017 se aprueban en el Parlament las leyes de Referéndum y de Transitoriedad respectivamente. Durante las semanas siguientes y hasta llegar al 1-O, Guardia Civil y Policía Nacional empiezan las primeras investigaciones y registros en diferentes imprentas para buscar y requisar las papeletas. Se clausuran e inhabilitan webs y dominios relacionados con el 1-O. Al mismo tiempo empiezan también las prohibiciones de actos de campaña por el referéndum y en defensa del derecho a decidir en todo el territorio catalán y otras ciudades del Estado español.
El 13 de septiembre, José Manuel Maza, por entonces Fiscal General del Estado, amenaza con llamar a declarar a los más de 700 alcaldes que dan apoyo al referéndum por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. En total, tan solo 74 han sido citados y solo 4 están en curso judicial. La Fiscalía presenta también una querella contra la Sindicatura Electoral de Catalunya, órgano encargado de asegurar el funcionamiento del referéndum. Días después empiezan las primeras identificaciones policiales. Cuatro jóvenes militantes de la CUP son detenidos y pasan la noche en diferentes comisarías de Catalunya.
Llega el 20 de septiembre y con él un nuevo salto en la represión. 14 altos cargos de la Generalitat son detenidos por estar relacionados con los preparativos del 1-O. Miles de personas se congregan ante la Conselleria d’Economia y la sede de la CUP en defensa del referéndum y contra la represión en lo que acaba siendo una movilización permanente durante horas. Jordi Cuixart y Jordi Sànchez se ponen al frente de las movilizaciones para tratar de "controlarlas". Un mes después serán detenidos como responsables civiles de llamar a movilizarse e impedir que las fuerzas de seguridad acataran las ordenes judiciales. A día de hoy llevan más de un año en prisión preventiva.
El mismo 20 de septiembre, tres buques llegan a Barcelona y Tarragona para alojar hasta nueva orden a los miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de reprimir a golpe de porra la defensa del referéndum. Empieza a conocerse la "Operación Copérnico".
La brutal represión del 1-O
El 1-O se consigue votar en muchos colegios a pesar de la represión estatal y el cierre de 450 centros de votación por parte de los Mossos d’Esquadra. Las escenas de la brutal intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra ciudadanos indefensos, ancianos, mujeres y niños, defendiendo los colegios electorales, recorrieron las portadas de los diarios y las redes sociales de todo el mundo. Más de mil heridos de diferente consideración en más de 50 cargas policiales repartidas por toda Catalunya, tan solo en la ciudad de Barcelona la cifra asciende a más de 340 y en Girona son 229. Además, en los días posteriores se producen numerosas detenciones de personas que participaron del referéndum.
A raíz de estos hechos los sindicatos convocan huelga general en Catalunya para el 3-O. Miles de personas salen a las calles contra la represión del Estado español. Ese mismo día Felipe VI envía un mensaje de respaldo para una salida autoritaria por parte del gobierno de Rajoy y el conjunto del Régimen del ‘78, anunciando y dando apoyo a un incremento de los ataques contra el pueblo catalán.
El 27 de octubre, el Parlament de Catalunya declara la República catalana. Sin embargo 24 horas antes Puigdemont había considerado nuevamente dar marcha atrás y convocar elecciones al Parlament. Mientras, miles de estudiantes en huelga y los diferentes CDR repartidos por toda Catalunya presionan para seguir adelante con la declaración. Al mismo tiempo que se declara la independencia, el Senado aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
Con el 155 se desata la reacción del poder judicial
Las primeras medidas tras el golpe institucional que supone el 155 son el cese del Govern de la Generalitat y el ingreso en prisión de la mitad de sus miembros, así como la disolución del Parlament y la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017. Carles Puigdemont y los ex consellers Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig se exilian a Bélgica, más tarde Marta Rovira de ERC y Anna Gabriel de la CUP harán lo mismo en Suiza.
Se desata entonces por completo la ofensiva autoritaria vía poder judicial. Durante los siguientes días empiezan las causas por rebelión y sedición hacia los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, primero de la Audiencia Nacional y más tarde el Tribunal Supremo con el juez Pablo Llarena a la cabeza y a las "órdenes" del Gobierno del PP.
El 8 de noviembre se celebra una nueva jornada de huelga en Catalunya, esta vez convocada por la Intersindical-CSC y motorizada por los CDR y la izquierda independentista. Desde primera hora de la mañana se efectúan múltiples cortes de carretera y vías de trenes por la libertad de los presos políticos y en defensa del mandato del 1-O. Los estudiantes también se suman a la huelga desde primera hora y se convoca a una gran manifestación por el centro de Barcelona. En los días venideros empiezan las detenciones y se abren numerosas causas contra muchos de los jóvenes que participan de esa jornada de lucha.
Además de las causas contra los 18 líderes independentistas citados, existe también una pieza separada que prevé juzgar a los líderes exiliados. Por otra parte, la cúpula de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O con el mayor Josep Lluís Trapero, el ex director Pere Soler, la intendente Teresa Laplana y el ex secretario general de Interior, César Puig, están también a la espera de que se les abra la vista oral ante la Audiencia Nacional.
El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sigue hasta día de hoy con la investigación de numerosas personas y cargos políticos vinculados a la realización del referéndum del 1-O. Más de 40 personas forman parte de una causa que, si bien no ha tenido tanta visibilidad como la del Supremo, ha contado con numerosas irregularidades como escuchas telefónicas o investigaciones a aforados.
Y en otro sentido, tras la victoria del bloque independentista el 21D el juez Pablo Llarena se convertía en el verdadero rostro reaccionario a ojos del pueblo catalán. Desde inicios de 2018 prohíbe la investidura primero de Carles Puigdemont, después la de Jordi Sànchez (hasta en dos ocasiones) y por último la de Jordi Turull tan solo un día antes de que este sea procesado por delito de rebelión y puesto nuevamente en régimen de prisión provisional junto con los demás exconsellers.
El 25 de marzo Carles Puigdemont es detenido en Alemania tras la alerta de los servicios secretos españoles a las autoridades alemanas. El 5 de abril queda en libertad bajo fianza y el 8 del mismo mes el tribunal alemán anuncia que no admite la extradición al Estado español al no apreciar violencia en el supuesto delito de rebelión. Durante esas semanas irrumpe con fuerza la primavera catalana con los CDR llamando a diferentes jornadas de lucha contra la represión y por la libertad de los presos. Semanas después empiezan a llegar las primeras detenciones por supuestos cortes de carretera y acciones en los peajes.
El "a por ellos" contra el conjunto de la sociedad catalana
Sin duda, el discurso del "a por ellos" de Felipe VI en la noche del 3-O sirvió para dar luz verde a cuanta represión hiciera falta para restablecer la normalidad institucional en Catalunya.
Las primeras muestras de coartar la libertad de expresión las encontramos durante el periodo de campaña electoral del 21D. La junta electoral central prohibía a los miembros de las mesas electorales portar el lazo amarillo en apoyo a los presos políticos. Por su parte, la junta electoral provincial de Barcelona aceptaba un recurso presentado por C’s y ordenaba la retirada de cualquier cartel o slogan que hiciera referencia al apoyo a los presos en edificios municipales o gubernamentales. Empezaba la guerra contra el amarillo que iría aumentando con los meses, y que aun a día de hoy sigue vigente.
A ello se le suma más adelante la campaña de criminalización hacia los CDR y el conjunto de la izquierda independentista, orquestada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las amenazas de abrir acciones penales contra sus miembros por “actos vandálicos que ponen en peligro la paz pública, el orden constitucional y la esencia del sistema democrático” y con un seguimiento diario por parte de los medios de comunicación a nivel estatal que sirven de altavoz para la “batasunización” del movimiento independentista. Las investigaciones contra Tamara Carrasco y Adrià Carrasco por delitos de terrorismo y rebelión en un primer momento son el máximo exponente de ello.
Sin embargo, la brutal ofensiva españolista a través del golpe institucional del 155 se convierte en un atentado dirigido hacia todos los ámbitos de la sociedad. Es el caso de las denuncias a los profesores de los institutos catalanes por delitos de odio, el acoso al modelo de inmersión lingüística y los medios de comunicación catalanes.
Todo ello, sin contar que tras la investidura de Quim Torra como president y la desactivación del 155 y la moción de censura de Pedro Sánchez, PP y C’s han seguido exigiendo la aplicación de un nuevo 155 en Catalunya por un tiempo indefinido. Vox por su parte, va más allá y pide la ilegalización de los partidos independentistas.
La moción de censura de Sánchez, la continuidad de lo esencial de la represión contra el derecho a la autodeterminación
A finales de mayo prospera la moción de censura a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez es investido presidente con el apoyo de Podemos y todos los partidos nacionalistas. No obstante, tras las promesas de diálogo, la reanudación de la mesa de negociación bilateral con el Govern de la Generalitat o algunos gestos como el acercamiento de los presos a cárceles catalanas, lo que se esconde es la misma política de criminalización y persecución al movimiento independentista y la negación a cualquier precio del derecho a la autodeterminación al pueblo catalán, bajo amenaza de un nuevo 155.
La primera gran muestra de ello estuvo en los mismos miembros del Ejecutivo socialista, con Borrell y Grande-Marlaska a la cabeza. Uno, catalán y una de las principales figuras del anti-independetismo y el mismo que encabezara una de las primeras movilizaciones unionistas en Barcelona. El otro, uno de los magistrados "estrella" de la Audiencia Nacional y con una hoja de servicios “impoluta” contra movimientos sociales y activistas. Y en el mismo sentido, la provocación que supuso la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona el pasado 21D, a un año exacto de las elecciones impuestas por el 155, y la represión que nuevamente se desencadenó en las calles, son un ejemplo más.
Pero, sin duda, que estemos a pocos días del inicio del juicio a los líderes soberanistas, desvela el verdadero carácter reaccionario del Régimen del 78 ya sea bajo el gobierno del PP o del PSOE. Después de casi un año y medio del inicio de la agudización del conflicto catalán, queda claro que el objetivo es poner fin a las aspiraciones democráticas de millones de catalanes y sentar las bases para profundizar en la ofensiva de persecución hacia todo aquel que se oponga al Régimen español y cuestione el orden establecido.
