En otro episodio de su disputa con el PRI, el gobernador de Chihuahua se posiciona contra Ley de Seguridad Interior.
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Lunes 12 de febrero de 2018
Este lunes 12 el gobernador de Chihuahua interpuso una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con declaraciones de Javier Corral, la controversia constitucional "no sólo por la invasión de la soberanía estatal, sino por la vulneración de principios fundamentales", como derechos humanos y justicia.
Sostuvo el gobernador, según una nota publicada en el diario Reforma, que la Ley de Seguridad Interior “Vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información, del que no debemos permitir en modo alguno un ápice de regresión”.
Agregó “Si ya las Fuerzas Armadas van a realizar la labor (de seguridad pública), pues toda la apuesta por un nuevo modelo óptimo de la función policial va a quedar atrás, se constituye, en términos reales, en un desincentivo a la profesionalización”.
De esta manera, apenas unos días después de concluir la Caravana de la Dignidad, y tras cerrar una disputa por fondos para el estado de Chihuahua que mantuvo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Corral busca capitalizar el rechazo popular que hay a la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Peña Nieto el pasado 21 de diciembre.
Esta impugnación proviene de un gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), al que también pertenece Felipe Calderón, el expresidente que lanzó la militarización y la llamada guerra contra el narcotráfico.
Una operación de “seguridad” iniciada por el PAN y continuada por el PRI que sólo trajo como consecuencia 200 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos, decenas de miles de familias desplazadas, la proliferación de las torturas y los feminicidios. Y mientras tanto, el crimen organizado siguió prosperando.
Ahora, esta reaccionaria Ley de Seguridad Interior (LSI), que da atribuciones al presidente para ordenar la intervención de las fuerzas armadas en cualquier punto de México, tiene como principales objetivos legalizar la militarización del país, y fortalecer la criminalización de la protesta social y de la juventud.
Se multiplicaron los cuestionamientos a la Ley de Seguridad Interior y así es que distintas organizaciones, como la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, e incluso instituciones como el Instituto Nacional de Acceso a la Información han presentado amparos y recursos de impugnación.
Ante este nuevo ataque a derechos democráticos elementales, como el derecho a la protesta, contra la militarización y las desapariciones forzadas, es urgente poner en pie un amplio movimiento democrático independiente de los empresarios y sus partidos, que imponga el regreso de los militares a los cuarteles.
