Esta ley empezara a regir el mes que viene. Incluye a funcionarios y empleados del Poder Judicial, de Nación y Provincias, designados a partir de 2017. También habría otras excepciones.
Martes 16 de mayo de 2017 09:59
El gobierno busca una reforma de la Ley 27.346 que reglamenta el inciso 5 del artículo 1° del proyecto de reforma de Ganancias, aprobado en diciembre del año pasado: “Los ingresos de todos los magistrados, funcionarios y empleados en los poderes judiciales y o del Ministerio Público, tanto de la Nación como de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya designación hubiera ocurrido a partir del 1° de enero de 2017, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias”. Es decir, quienes accedieron a su cargo antes de esa fecha continuarán gozando del privilegio de no tributar.
Habrá otras excepciones: el decreto establece que no pagarán Ganancias quienes “con anterioridad y en forma inmediata, hubieren estado nombrados constitucionalmente -con acuerdo de los órganos legislativos correspondientes- en otro cargo de juez, fiscal, defensor o asesor tutelar de las referidas instituciones; y en tal carácter no hubieren tributado el impuesto”.
Queda en evidencia cómo esta medida es puramente demagógica ya que quedan exceptuados del pago a las ganancias una parte importante de los funcionarios. La mayoría de los jueces actuales continuarán teniendo beneficios impositivos.
El decreto también permitiría que otros miembros de la Administración Pública evitaran el tributo: “Se encuentran alcanzados por el impuesto (…) los miembros del Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas, Tribunal de Tasaciones y del Tribunal Fiscal” que, “sin integrar los Poderes Judiciales o de los Ministerios Públicos, sus retribuciones estuvieren asimiladas” a las de los magistrados.
Esta reglamentación expresa que el descontento generalizado y el sentimiento anti casta política que existe en la sociedad llevo al gobierno a querer “aplicar el impuesto a las ganancias” sobre la Corte Suprema y otros sectores de la administración pública como forma de reubicarse políticamente. Pero también queda en evidencia cómo esta medida es puramente demagógica ya que quedan exceptuados del pago a las ganancias una parte importante de los funcionarios. De esta manera, la mayoría de los jueces actuales continuarían teniendo beneficios impositivos.
Como ya hemos denunciado en La Izquierda Diario, la Corte Suprema es una casta vitalicia de jueces puestos a dedo por el poder político que cobra sueldos 20 veces mayores que la de cualquier trabajador. Como planteó Nicolás del Caño, que los jueces sean elegidos por el voto popular, revocables, y cobren como un trabajador.
