Los fiscales generales de Washington DC y Maryland basarán su demanda en la llamada “cláusula de retribuciones”, que prohíbe a los presidentes recibir dinero o regalos de gobiernos extranjeros.
Lunes 12 de junio de 2017
En momentos en los que Trump lidia con la investigación sobre si alguien de su campaña confabuló con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016, se abre un nuevo frente de batalla. Los fiscales generales de Washington DC y Maryland demandarán a Donald Trump este lunes alegando que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones de dólares de Gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas, según adelantó el Washington Post.
Los dos fiscales generales, ambos demócratas, basarán su demanda en la denominada "cláusula de retribuciones", que prohíbe a los altos funcionarios estadounidenses recibir regalos u otros pagos de gobiernos extranjeros. El hecho que alegan es que esos "millones en pagos y beneficios de Gobiernos extranjeros" los ha recibido desde que se mudó a la Casa Blanca y teniendo en cuenta que optó "conservar la propiedad de su compañía" tras asumir el cargo.
Trump transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos adultos varones, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos de intereses durante el tiempo en que ocupe la Presidencia. Sin embargo, el fiscal general de DC Karl A. Racine y el fiscal general de Maryland Brian Frosh consideran que el presidente "ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía".
Si un juez federal permite que el caso proceda, según explicaron los fiscales de Washington y Maryland al Post, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump (que hasta ahora se ha negado a hacer públicas) para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.
Esa batalla, señalaron, acabaría muy probablemente ante el Tribunal Supremo, con los abogados de Trump obligados a defender por qué las declaraciones fiscales del presidente deben seguir siendo privadas.
