Durante la jornada del pasado miércoles, carabineros reprimió a estudiantes que se encontraban a las afueras del Liceo de Aplicación, reclamando al gobierno sus demandas: fin a la PAES, acceso universal a la educación superior y fin a la criminalización del movimiento estudiantil secundario. Como ya es sabido, situaciones de violencia policial hacia estudiantes (muchos de ellos menores de edad), son recurrentes en los llamados liceos emblemáticos y el gobierno de Boric no ha hecho más que continuar con el legado de Piñera, criminalizando y reprimiendo a las/os estudiantes, mientras hace oídos sordos a las demandas que plantean.
Viernes 25 de noviembre de 2022
Hoy Miércoles, en el marco de una convocatoria secundaria, carabineros reprimió a estudiantes que se encontraban a las afueras del Liceo de Aplicación, quienes dentro de sus demandas exigen: el fin de la PAES, el acceso universal a la educación superior y el fin a la criminalización del movimiento estudiantil secundario.
Asimismo, el pasado viernes carabineros ingresó al Liceo Manuel Barros Borgoño, agrediendo a estudiantes e incluso docentes, a punta de lumazos y lacrimógenas. Dicha violencia se desató luego de que alumnos se encontraran fuera del establecimiento exigiendo el cumplimiento de un petitorio que no ha sido escuchado e incluye entre sus exigencias: más personal docente, educación sexual integral, salud mental y libertad a los presos políticos. Ante la excesiva represión, el centro de estudiantes de dicho Liceo, responsabilizó a las autoridades comunales y al Ministerio del interior, quienes continúan criminalizando y reprimiendo al movimiento estudiantil secundario, cada vez que buscan organizarse para resolver cuestiones tan básicas como una alimentación digna y señalando únicamente las acciones de los tan nombrados "overoles blancos", que en realidad son pequeños grupos que inclusive muchas veces no son parte de los propios liceos, pero las autoridades y medios de comunicación usan para legitimar la violencia policial que ejercen contra todo estudiante secundario movilizado.
Durante esta misma semana, apoderadas/os del Instituto Nacional se han movilizado ante la falta de respuesta de las autoridades a las demandas estudiantiles. Jorge Muñoz, vocero de este movimiento de padres, mencionó que “los apoderados están cansados de todo tipo de violencia, principalmente la violencia de las autoridades del estado, la violencia de la DEM, de la municipalidad”. Junto a esto, se refirió al “abandono que se está produciendo hoy en día en el IN y la educación pública, un abandono generalizado, que se enfoca principalmente en la falta de recursos”. Esto ha generado una falta de profesorado, mala infraestructura y la ausencia de raciones de alimentos dignas entregadas por la JUNAEB.
Se hace evidente que para el gobierno y municipios como el de Irascí Hassler (PC) en Santiago -donde se concentran varios de los liceos afectados- la prioridad es la represión y persecución del movimiento estudiantil secundario, mientras hacen caso omiso a las demandas de los estudiantes, apoderados y docentes, en un contexto de crisis generalizada de la educación. Así se dejó ver, cuando durante la semana anterior el Ministerio del Interior citó a los rectores de los liceos “emblemáticos”, representantes de la municipalidad, funcionarios de la dirección de educación municipal (DEM), y los generales Enrique Monrás (jefe de la Dirección de Orden y Seguridad) y Carlos González (jefe de la Zona Metropolitana). Aquello, con el fin de solicitar a los rectores su colaboración para entregar información de estudiantes al Ministerio Público y la PDI. Los rectores de esta forma también se sumaron a contribuir con la represión y persecución de los/as estudiantes, quienes recordemos que en su mayoría son menores de edad.
Ante la petición del Ministerio del Interior a los rectores de los liceos emblemáticos, el ministro de Educación Marco Ávila, respaldó la medida señalando a La Tercera que “ningún ciudadano o ciudadana chilena puede negarse a entregar información cuando lo solicita.”
En un contexto de crisis educativa, el gobierno de Boric, del Frente Amplio y el PC, se mantiene operando bajo la misma lógica repudiable que el de su antecesor Piñera, criminalizando la lucha estudiantil e ignorando las demandas de quienes día a día deben vivir la precarización de la educación pública, con la carencia de infraestructura, mala alimentación entregada por la JUNAEB o la falta de dotación docente.
Esto no se arreglará con la brutal violencia que viven los estudiantes por parte de las fuerzas policiales cada vez que intentan exigir el cumplimiento de sus demandas, sino que la solución recae en dejar de invertir en más represión y entregar los recursos necesarios a la educación pública, terminando con las subvenciones a instituciones educativas privadas que fugan los dineros del Estado a la ganancia de sostenedores privados. Todo ese dinero se debería utilizar en el sector público, decidiendo democráticamente en qué invertirlos a través de la coordinación y organización de las propias comunidades educativas, sin directivos con sueldos mucho mayores a los de la comunidad educativa, sino que gestionando las escuelas y liceos por los propios trabajadores de la educación, estudiantes y familias.
Desde la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase, repudiamos los actos de violencia policial a los que deben verse enfrentados estudiantes y trabajadores cada vez que alzan la voz por exigir condiciones dignas de estudio y trabajo.
El Colegio de Profesores, si bien exigió en Santiago la no aplicación de Aula Segura, el municipio a través de la alcaldesa Hassler salió a responder que "no está en sus facultades" hacer aquello. Y su exigencia termina siendo un saludo a la bandera si no va de la mano con buscar fortalecer desde abajo la organización de los propios trabajadores de la educación con sus comunidades educativas, ya que muchas de las problemáticas que denuncian los estudiantes, también nos afectan a nosotros y nosotras.
Creemos que es necesaria una lucha unificada entre trabajadores y estudiantes, para hacerle frente a esta crisis educativa y económica, exigiendo mayor financiamiento en la educación pública, la derogación de la ley Aula Segura, una educación sexual integral, la cogestión de los establecimientos por la propia comunidad educativa y con medidas inmediatas como un sueldo mínimo de 650 mil pesos para todas/os las/os trabajadores de la educación.
Nancy López
Profesora. Agrupación Nuestra Clase
