En el marco de una nueva denuncia de violencia machista, esta vez contra Tea Time, integrante de la banda musical “Los Tetas”, la vicepresidenta de la FECh plantea propuestas políticas y perspectivas para enfrentar la violencia a las mujeres.
Lunes 3 de julio de 2017
El día de hoy se viralizó con fuerza una grave denuncia contra el vocalista de “Los Tetas”, reconocida banda musical chilena. El odio y la rabia se dejó sentir y es que la legítima denuncia refleja la realidad que vivimos miles de mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal. Y de fondo, reabre el debate sobre cómo enfrentar la violencia machista. Es que día a día vemos cómo las mujeres somos golpeadas, abusadas, reprimidas y perseguidas por la violencia machista y patriarcal, como también por un Estado que reproduce y potencia esa violencia.
En los últimos años del neoliberalismo las mujeres conquistamos nuevos derechos. No es una novedad para nadie que la realidad de nosotras las mujeres ha cambiado profundamente las últimas décadas, sin embargo, esos derechos han venido acompañados también de mayores agravios: trata de blanca, violencia machista y sexual, precarización laboral, profundas brechas salariales por género donde los principales responsables son el Estado, la Iglesia, los empresarios y sus partidos que fomentan el machismo y la desigualdad de género con el fin de mantener sus ganancias.
Cansadas de esos agravios millones de mujeres en todo el mundo salimos a la calle a luchar por nuestros derechos, para que no haya más crímenes de odio, más mujeres asesinadas sólo por el hecho de ser mujeres. Al grito de Ni Una Menos salimos a la calle a la par que se intensificaron denuncias de todo tipo, funas públicas por abajo que expresan la rabia e impotencia de miles de mujeres que se ven afectadas día a día por la violencia de género y la precaria respuesta del Estado en el terreno de prevención; y, por arriba, una acción estatal concentrada en fortalecer su poderío proponiendo más cárcel y mayores penas, para fortalecer también un Estado criminalizador y opresivo, que es el mismo Estado que nos prohíbe el derecho al aborto, que nos paga salarios miserables, que encarcela a las y los pobres, las y los mapuche, las y los trabajadores y estudiantes
Reformas parciales que no resuelven el fondo
Durante las décadas pasadas se impuso una estrategia reformista donde con pequeñas transformaciones al interior del régimen político burgués y su Estado se podrían adquirir mayores derechos. Si bien, como mencionábamos anteriormente, dicha concepción hoy se encuentra en crisis con millones de mujeres saliendo a las calles; mantiene su hegemonía y un imaginario “paternalista” donde un otro (como el Estado), puede reemplazar nuestro rol, el rol de las mujeres, como sujetos políticos de transformación social.
El método para enfrentar la violencia machista que tiene el Estado es ex post facto, se desarrolla ya ocurrido el hecho y, aunque efectivamente se avanzó a visibilizar las diferencias de género y la jerarquización dentro de esas diferencias, el sistema penal individualiza y aisla la opresión patriarcal haciendo imposible el combate de un problema que es estructural, donde el Estado es el principal responsable. Como planteó Andrea D’ Atri: “Judicializar la opresión patriarcal restringe su definición, limitando los alcances de la punición a una serie de conductas tipificadas de las que solo pueden ser responsables algunos individuos, aisladamente.” Asimismo, este mismo Estado permite y justifica la violencia machista y patriarcal hacia las mujeres, basada en un sistema criminalizador y represor. Esto puede observarse en la violencia que viven las mujeres mapuche que luchan, que son encarceladas y reprimidas, o las estudiantes que denuncian abuso y tocaciones sexuales de parte de carabineros. El punitivismo también le permite al Estado aumentar su ofensiva criminalizadora contra la pobreza y los luchadores sociales, buscando aumentar las penas a las y los que luchan, entregando más poder a Carabineros para reprimir y perseguir.
Hoy la derecha y la Nueva Mayoría se debaten sobre cuál es la mejor reforma. Hasta ahora la legislación chilena, además de ser completamente insuficientemente a nivel estructural, sólo integra casos de violencia al interior del matrimonio y se plantea de parte de todos los conglomerados del régimen avanzar a integrar la violencia en el pololeo lo que es totalmente insuficiente pues muchas mujeres que son agredidas ni siquiera se encuentran en una relación afectiva con el agresor y son agredidas sólo por el hecho de ser mujeres.
Si bien muchas de las leyes y penas hoy existentes son necesarias (e incluso insuficientes como es el caso de los femicidios), la idea de impartir sanciones ejemplares sólo sirve parcialmente en términos reparativos de las consecuencias de la violencia machista, pero en ningún caso para prevenirla y menos para acabar con ella, de hecho, por otra vía fortalece al mismo Estado que es responsable de las penurias de las mujeres. En Argentina, por ejemplo, desde la aprobación de la ley que le otorga perpetua a los femicidas, han aumentado los femicidios. Y en Chile, aún después del juicio de Nábila, los femicidios no han disminuido.
En otros casos de violencia machista la legalidad burguesa se torna aún más impotente pues no sólo ejerce una acción como respuesta a un hecho ya ejecutado o que requiere enfrentarse cuestionando al conjunto del modelo económico y social capitalista; sino que, en la mayoría de los casos, ni si quiera se toma en cuenta el relato de quien denuncia.
Junto con la individualización de los crímenes de odio y la violencia machista por parte del Estado y sus tribunales, los medios de comunicación ponen también el centro en la difusión de denuncias haciendo uso de ellas para aumentar el rating y para lograr mayores ganancias, incentivando el morbo y mostrando como única salida la exigencia de mayores penas.
Lo que necesitamos es fortalecer las instancias de prevención a la vez que levantar un gran movimiento de mujeres en las calles para conquistar una Ley de Emergencia contra la violencia machista, financiada por el impuesto progresivo a las grandes fortunas o la renacionalización de los recursos naturales, puestos a funcionar bajo gestión de las y los trabajadores para que las mujeres que han vivido violencia puedan acceder a casas de acogida, aportes del Estado para independizarse económicamente, apoyo psicológico, trabajos que no sean precarios.
A fortalecer un movimiento de mujeres en las calles, anticapitalista y combativo, para cuestionar el conjunto de la sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos renovando las perspectivas y la confianza en un futuro comunista donde, como decía Rosa Luxemburgo, hombres y mujeres seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
