Dialogamos con el abogado Juan Schmith, quien junto con el biólogo doctor Raúl Montenegro, presentaron una denuncia penal contra el gobernador, por no actuar a tiempo y dejar avanzar los incendios que devoraron más de 200 mil hectáreas de bosque nativo.
Luis Bel @tumbacarnero
Paula R. Martínez @__prmar
Jueves 15 de octubre de 2020 00:37
Juan Schmith es abogado y junto con el premio Nobel Alternativo y miembro de la Funam (Fundación para la Defensa del Medio Ambiente), Raúl Montenegro, presentaron una denuncia contra el gobernador Juan Schiaretti por dejar avanzar el fuego sobre territorio cordobés para favorecer, entre otros, el agronegocio y el negocio inmobiliario.
Le preguntamos, además, por los allanamientos ilegales realizados contra ambientalistas que salieron a reclamar en Sierras Chicas contra los incendios.
Junto a la Funam presentaron una denuncia contra el gobernador Juan Schiaretti, contanos en qué consiste extactamente
Bueno, efectivamente, con el doctor Montenegro radicamos una denuncia penal en contra del titular del ejecutivo provincial. Expresándole al fiscal que investigue si los acontecimientos que tuvieron lugar durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2020, en cuanto a la dimensión y extensión brutal y dramática de los incendios, estuvo relacionada con alguna omisión o acciones profeso. O por la negligencia e impericia del titular del ejecutivo provincial, en cuanto éste era el que tenía las herramientas que le otorgaba el régimen legal del país y la provincia, es decir el orden público ambiental, para permitir el ingreso de fuerzas de seguridad o bomberos de otras jurisdicciones nacionales, o de otras provincias.
Estos botones, estas alertas amarillas y rojas eran de exclusiva responsabilidad del titular del ejecutivo de la provincia y le pedimos al fiscal que investigue si estas alertas, en primer lugar fueron realizadas; y si además, lo fueron en tiempo oportuno, es decir, que no hayan tenido relación con la extensión y la sobredimensión de los siniestros en esos meses.
En términos legales, como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en que hay hechos y circunstancias que son graves, y a esas situaciones le hemos hecho dos cosas: le hemos puesto una sanción, que es la sanción más grave en un estado de derecho, que es la pérdida de la libertad; y además, hemos sacado la justicia por mano propia y se las hemos dado a los fiscales, es decir son ellos los que tienen la acción pública para definir si estos hechos, si la persona que los comete, efectivamente esta subsumido al tipo penal.
Y en el código penal en ese lugar hay dos artículos, el 188 y 189, que determinan como una situación grave el producir o extender los incendios, porque los incendios provocan daños colectivos a bienes comunes.
Claramente la extensión que puede llegar a tener el fuego hace que los daños a la biodiversidad y a la vida humana, sean graves. Como con estos acontecimientos, donde tenemos dos personas muertas y más de 14 o 15 heridos.
En medio de las acciones y reclamos contra los incendios se produjeron una serie de allanamientos a quienes se manifestaron en la localidad de Agua de Oro. Contanos en qué situación está eso.
Respecto a los allanamientos tengo que decir que no hay dirigente político que conduzca un gobierno provincial o un gobierno municipal, o un gobierno comunal, que no utilice la prebenda, por ejemplo de las canteras que destrozan el bosque nativo, para construir o hacer obras públicas, en este caso garitas. Claramente, esas garitas, después, si les vecines quejándose las dibujan y hacen intervenciones artísticas, son transformadas y pretendidas como vandalismo.
La otra cuestión es que el papel de la justicia, ¿no? Un operativo que debe haber costado mucho a los que pagamos impuestos, a todos nosotros, incluso a las personas allanadas, por una cuestión intrascendente desde el punto de vista del daño, y sí trascendente desde el punto de vista simbólico. Eso es tremendo. Pero bueno, hay que cambiar la matriz política de los dirigentes que conducen las comunas y las intendencias en todo el corredor de Sierras Chicas, son dirigentes muy acostumbrados a manejar todo como si fuera una estancia, como si fueran patrones de estancias. Muy feudalista la cosa. Y entonces claro, quienes pensamos distinto somos objeto de este tipo de accionar.
¿Hay antecedentes de denuncias similares a funcionarios públicos por cuestiones ambientales?
Respecto de si hay antecedentes de denuncias similares, yo en lo personal llevo la causa en contra del ex secretario de ambiente, Raúl Costa, por la ilegal aprobación del emprendimiento inmobiliario en Candonga, de la empresa Ticupil S.A. Esa causa está elevada a juicio y está esperando que se resuelvan algunas contingencias para que se dé ese juicio oral en contra del secretario de ambiente, que dictó una resolución que es la 1200/10 del 2010 absolutamente ilegal y contraria a ese orden público ambiental.
Y respecto a los incendios tenemos entendido, no me consta, pero tenemos entendido que a lo largo y a lo ancho de la provincia en las fiscalías del interior hay denuncias penales en contra de quienes materialmente iniciaron los focos. Quien prendió el fósforo, es decir, se ha denunciado que hay sospechas sobre determinadas personas y empresas que son los que encendieron el fósforo.
Lo que nosotros decimos en la denuncia contra el gobernador es que no solo hay que punir a los autores materiales, sino también a aquellos que colaboraron de alguna forma determinada con los incendios. Es decir, la omisión o la acción deliberada del titular del ejecutivo de no apretar las alertas tempranas que hubieran permitido el ingreso de bomberos frescos a la provincia para que no se quemen estas 210 mil o 220 mil hectáreas.
De prosperar la denuncia contra Schiaretti, ¿cuáles serían las consecuencias reales contra el gobernador?
De prosperar esta denuncia, si el fiscal entiende que hay motivos suficientes para sospechar, no con grave certeza, si no con grave probabilidad que el titular del ejecutivo no realizó actos en forma dolosa, es decir, no queriendo hacerlo, la pena es de uno a seis años. Si el fiscal encuentra motivos suficientes para sospechar que los hechos ocurrieron por negligencia, impericia y eleva la causa a juicio, y en el juicio se comprueba esa situación, la pena va de un mes a un año de prisión.
Nosotros, lo que decimos con el doctor Montenegro, lo hemos hablado muchas veces: que una persona sea gobernador de una provincia o que alguien sea funcionario público, no lo exime de cumplir las leyes. Todos estamos por debajo de las leyes en un estado de derecho y en un sistema democrático, por lo tanto, no encontramos ningún obstáculo para que en el caso de que se pruebe que lo hizo ex profeso, es decir no apretó los botones que tenía que apretar y que las leyes le obligaban a apretar, o lo hizo por negligencia o impericia, ambas sanciones le sean impuestas.
Y para completar, tenemos un poder judicial que no sabe qué hacer con una denuncia penal en contra del titular del ejecutivo provincial por haber permitido que se incendien 210 mil o 220 mil hectáreas de bosque nativo, entonces la vara es muy, pero muy distinta, ¿no?
