Nuevas pruebas dan cuenta de la relación del Gobierno de Jujuy con el “testigo clave” en el juicio por el que Milagro Sala fuera condenada a 3 años de prisión en un escrache realizado al entonces senador Gerardo Morales.
Lunes 7 de mayo de 2018 18:21
La denuncia fue realizada en el programa El Destape y constó de dos pruebas que vinculan a Rene Arellano, el testigo más importante presentado por Gerardo Morales en el juicio contra Milagro Sala, justamente con el Gobierno de Jujuy.
El juicio del escandalo
El juicio, por el que Milagro Sala fuera condenada a 3 años de prisión, obedeció a la causa “amenazas coactivas y daños agravados”, originada en un escrache contra el entonces Senador Gerardo Morales en el Consejo de Ciencias Económicas, en octubre de 2009, del que la dirigente social no participó.
Como oportunamente se denunció en La Izquierda Diario (https://www.laizquierdadiario.com/Juicio-a-Milagro-Sala-farsa-para-criminalizar-la-protesta-social) , el juicio fue una farsa montada desde sus inicios: se trataba de una causa prescripta, los testigos eran funcionarios del gobierno o, como el caso de Arellano, incurrieron en falso testimonio. Además, en el mismo juicio, el ex Comisario Jorge Fabio Zerpa confesó que mientras estaba a cargo de la investigación infiltró personal de civil en las marchas posteriores al hecho juzgado.
René Arellano se trataba del “testigo clave”, dado que era el único que declaraba directamente contra Milagro Sala, acusándola de haber organizado el escrache en cuestión en una reunión de la que él habría participado.
Un falso testimonio bien retribuido
Durante el Juicio en cuestión, la defensa de Milagro Sala había presentado pruebas que demostraban la relación de dependencia existente entre el testigo Rene Arellano y el Gobierno de Jujuy en la que era contratado en la categoría 24.
Según el propio Arellano, su cargo en el gobierno es en la UCEPPI (Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales) que es la responsable del control de actualización de datos y regularización de Cooperativas en Jujuy. Casualmente, las nuevas denuncias dan cuenta de dos pagos del gobierno a una cooperativa a cargo del hijo y la esposa de Rene Arellano.
El primer pago por alrededor de $822.000,00 fue en julio de 2016, cuatro meses antes del inicio del juicio en la que Arellano fuera el “testigo clave”. El segundo pago fue en noviembre de 2017, meses después de que la Cámara de Casación confirmara la sentencia contra la dirigente social. En este caso se trató de la módica suma de $2.861.600,00
Es decir, que además de otorgarle un cargo en el Estado provincial con una de las categorías más altas, René Arellano fue beneficiado con la contratación a la cooperativas de su hijo y esposa por más de $3.683.600,00.
Una justicia y un fallo a la medida del régimen represivo
El gobierno de Morales, desde los primeros días de mandato, se propuso imponer en Jujuy un "clima de negocios" y para ello era necesario ( y aún es) terminar con cualquier idea de protesta o reclamo social.
Su primer paso fue la reforma judicial que incluyó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros, asegurándose una mayoría automática. En segundo lugar se propuso encarcelar a cualquier costo, a la dirigente del principal movimiento social de la provincia, Milagro Sala.
La detención de Sala le permitió al gobierno cooptar a las diferentes organizaciones de la Túpac Amaru y a sus respectivos dirigentes, cuestión que logró rápidamente aprovechando el sistema clientelar en el que se sostenía. El pase al oficialismo incluyo a dirigentes de organizaciones barriales, sindicales e incluso diputados y concejales.
Pero además, busco disciplinar a todo el arco opositor al gobierno. A la detención arbitraria a Milagro Sala le siguió la apertura de causas a dirigentes sindicales y opositores políticos; el despido, represión y encarcelamiento a los trabajadores del Ingenio La Esperanza; paritarias estatales irrisorias e incluso la detención a estudiantes, su abogado y a la concejal del PTS Frente de Izquierda que se oponían al cierre de los CEIJA. Por solo nombrar algunos de los casos, en una provincia dónde gran parte del arco opositor tiene causas en la justicia.
Sin plan y con un discurso que comienza a desmoronarse
Si el gobierno de Morales busco ser parte de la "lluvia de inversiones" que a nivel nacional prometía el presidente Mauricio Macri, poco es lo que pudo mostrar en los dos años de gestión de la provincia. Estas nuevas denuncias, que se suman a los escándalos de corrupción provincial, muestran la farsa sobre la que Morales impuso "justicia" en Jujuy: sobornos millonarios a testigos, causas falsas y jueces adictos.
Solo la paz social otorgada por el PJ y las direcciones sindicales de los principales gremios provinciales son las que permiten que estos escándalos judiciales, de corrupción o el descontento por los tarifazos no puedan canalizarse en fuertes movilizaciones y un plan de lucha provincial que termine con el régimen de persecución, represión y empobrecimiento que encabeza Gerardo Morales.
