El despido discriminatorio en el Ministerio de Desarrollo Social se concretó luego de las críticas al gobierno provincial por la maternidad forzada y la tortura en el caso de Lucía, la niña de 11 años sometida a una césarea.
Lunes 11 de marzo de 2019 10:40
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denuncian el despido discriminatorio a su coordinadora en Tucumán, Fernanda Fernández, tras las críticas de público conocimiento al gobierno de Juan Manzur por su responsabilidad en el caso Lucía. Fernández trabajaba en el programa de Cocinas Comunitarias bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social provincial, a cargo de Gabriel Yedlin.
En comunicado, afirmaron que se trata de una “clara represalia por su activismo a favor de los derechos humanos”. “Denunciamos por persecución política y discriminación laboral a la máxima autoridad provincial, el gobernador Juan Manzur, a través de este acto de disciplinamiento a una compañera, quién además, recibió amenazas por cuestionar acciones de lxs funcionarixs y agentes del Estado que impiden el acceso a las interrupciones legales de embarazos”, señalaron en la declaración que fue acompañada por decena de firmas de organizaciones feministas, de DDHH y políticas que exigen su reincoporación.
“La persecución siempre estuvo, sobre todo a las que éramos militantes de la Campaña, nos decían que para mantener la fuente de trabajo también había que militar para la gestión de Manzur. El enojo fue también por las declaraciones públicas que hicimos, por eso consideramos que todo esto configura una persecución política, ideológica y discriminatoria”, denuncia Fernández.
La activista presentó una denuncia ante el Inadi por persecución política y discriminación. Ella trabajaba bajo una modalidad tercerizada, figuraba como monotributista, hace dos años en Desarrollo Social. Señala que durante el año pasado había aprobado sus evaluaciones técnicas, por lo que esperaba que le renueven el contrato. Cuando consulto el motivo de porqué era la única trabajadora a la que no le renovaron el contrato le dijeron que era una decisión de “más arriba”.
Desde ATE Tucumán afirman que se trata de un despido discriminatorio. Además se realizó una denuncia ante el Inadi por persecución política y discriminación.
