Luego del escándalo por la falsificación de los registros de emisiones de gases contaminantes, otra denuncia recae sobre la marca alemana de autos, esta vez sobre su filial en Brasil acusada de haber jugado un rol repudiable en la dictadura (1964-85) realizando “inteligencia” para armar listas negras de operarios y detenciones en la fábrica.
Guadalupe Bravo Economista | @GuadaaBravo
Domingo 4 de octubre de 2015
La gigante automotriz Volkswagen que en el primer semestre de 2015 ha logrado superar a su rival Toyota convirtiéndose en número uno en ventas de autos a nivel mundial con 5 millones de unidades, fue recientemente denunciada por complicidad con los crímenes de la última dictadura de Brasil, finalizada en el año 1985.
Mientras en la actualidad VW atraviesa un escándalo mundial por el fraude ambiental en más de 11 millones de autos vendidos, es denuncia realizada por ex trabajadores y agrupaciones políticas, sigue develando los “secretos” del éxito que ocultan estas multinacionales, con el objetivo de aumentar sus ganancias.
La denuncia esta vez recaía sobre su filial en Brasil acusada de haber sido cómplice de la última dictadura militar. Ex trabajadores y activistas presentaron una demanda civil contra Volkswagen, y la acusan de haber permitido torturas y persecuciones sobre decenas de opositores, durante la dictadura militar desde 1964 hasta el año 1985. La empresa tiene su planta en Brasil desde el año 1953 y emplea cerca de 20 mil trabajadores.
La denuncia en las Fiscalías de Sao Paulo y Sao Bernardo do Campo fue presentada por el Foro de Trabajadores y Trabajadoras por Verdad, Justicia y Reparación. La misma cuenta con el apoyo de varias centrales sindicales, las comisiones de la verdad nacional y de Sao Paulo y representantes de víctimas de tortura durante el régimen.
"Volkswagen no fue la única empresa involucrada, pero sí tuvo un papel de Inteligencia en Sao Paulo e incluso coordinó a otras. Y por coincidencia, los documentos que tenemos contra ella son devastadores, en el sentido de que permitió un Estado policial dentro de la empresa o detenciones desde los propios puestos de trabajo" señaló Sebastiao Neto, coordinador del Foro de Trabajadores por la Verdad, en declaraciones a la agencia AFP.
Los denunciantes además destacan el rol de VW a través del espionaje, la elaboración de listas de trabajadores que fueron tildados de “subversivos”, informes internos y entrega de datos al hoy extinto Departamento de Orden Política y Social (Dops), el principal organismo represivo de la dictadura brasileña; liderando este servicio de inteligencia que no sólo se realizaba en Volkswagen sino en el resto de las fábricas.
Este modo de actuar, de complicidad entre la patronal y los militares fue sistemático durante los gobierno militares, buscando atacar la resistencia que se gestaba en las fábricas frente al ajuste y distintas medidas anti obreras. En las empresas automotrices, como señala esta denuncia, fue muy marcado el rol de colaboración con las dictaduras de las patronales. También en Argentina son varias las plantas automotrices acusadas, como la Ford que llegó a desarrollar un centro clandestino propio de detención en su predio (en vías de expropiación a partir de un proyecto presentado por el diputado (MC) del PTS-FIT Christian Castillo), o la alemana Mercedes Benz, que secuestró a casi la totalidad de la comisión interna combativa.
Pero estas operaciones se dieron en un contexto regional de complicidad a través del conocido Plan Cóndor, que unificaba las acciones entre las dictaduras de los años 70 y 80 en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia, orquestado por Estados Unidos y la clase capitalista local. Esta mega cooperación internacional garantizaba "el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas" consideradas por dichos regímenes como "subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región".
La “tibia” investigación a empresarios cómplices desde el Estado
En Brasil en el año 2011 Dilma creó por Decreto la Comisión Nacional de la Verdad “con el fin de examinar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos”. Este organismo participa de la denuncia sobre la Volkswagen.
En nuestro país, una semana atrás se votó en Diputados, la creación de una Comisión Bicameral que se encargue de "identificar las complicidades económicas y financieras" durante la dictadura argentina. Según consta en el proyecto presentado por el FPV: “el objetivo del grupo parlamentario será determinar quiénes fueron los "actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron" con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron "apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza".
Desde la banca del Frente de Izquierda-PTS, la diputada Miryam Bregman explicó de forma muy clara el apoyo con críticas a esta medida, reclamando que la mencionada Comisión sea “independiente de aquellos que fueron cómplices de la dictadura militar, que aportaron intendentes, gobernadores y embajadores”, apuntando al rol que tuvieron las cúpulas de partidos como la UCR, el PJ y el Partido Socialista durante aquel período, así como también a la relación del gobierno de María Estela Martínez de Perón con la Triple A. También hizo referencia histórica a las comisiones internas y cuerpos de delegados combativos, así como a los planes del ministro Celestino Rodrigo y al lock out patronal del 16 de febrero de 1976. Finalmente, Bregman también rechazó que la Comisión sea integrada por quienes “votaron la obediencia debida y el punto final” así como por “los que votaron los nefastos indultos”, en alusión al PJ. “La complicidad con la dictadura no fue simbólica”, concluyó la abogada y diputada del FIT, quien destacó asimismo que desde el año 1983 la política económica sostenida por los gobiernos de estos partidos “beneficiaron en forma excluyente a los grandes grupos económicos, incluyendo a aquellos que orquestaron el golpe militar”.
Tanto bajo el Gobierno de Cristina Kirchner como el de Dilma, es correcto investigar a fondo el rol criminal que jugaron las grandes patronales entregando trabajadores en las dictaduras militares; pero la investigación debe ser “independiente” de los partidos y grupos económicos que también fueron parte, como señala la intervención de Myriam Bregman. Además, estos grupos y multinacionales continúan obteniendo ganancias tanto en Argentina como en Brasil a costa de una mayor explotación sobre sus trabajadores y con el visto bueno de los gobierno del FpV y el PT.
Ver también: “A las patronales lo único que le importa son las ganancias, son capaces de cualquier cosa”, entrevista a Eduardo Fachal.
Guadalupe Bravo
Nacida en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires en 1985. Es economista, recibida en la UBA. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2004. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.
