En el marco de la 5º Marcha del Orgullo LGTTTBIQP organizaciones políticas, sociales y activistas independientes repudiaron el abuso sexual cometido por el Padre Andrés Etchezahar durante los ‘60 y ‘70.
Luciana Nogueira Lic. en Psicología y doctora en Historia
Sábado 11 de febrero de 2017
En Necochea se conoció recientemente un nuevo caso de pedofilia sacerdotal, a partir de un testimonio difundido en las redes sociales. La denuncia recae sobre el padre Andrés Ascencio Etchezahar, sacerdote necochense entre 1958 y 1982 (año de su muerte), quien fue acusado en 2016 por el historiador José Mateo, por el abuso sexual que sufrió durante su niñez a manos del religioso.
Etchezahar está enterrado actualmente en la iglesia necochense ubicada en el centro turístico esta localidad bonaerense. Allí, en el marco de la Marcha del Orgullo realizada el pasado sábado 4 de febrero, organizaciones y activistas independientes repudiaron el hecho públicamente.
En las puertas de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, donde ejerció su mandato el entonces párroco acusado de pedofilia, también exigieron la “inmediata separación de la Iglesia y el Estado” y denunciaron que “la moral religiosa y quienes la reproducen no reconocen nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a vivir libremente nuestra sexualidad”. Asimismo, denunciaron que mientras esto sucede "representantes de la iglesia realizan actos aberrantes con total impunidad y complicidad de los gobiernos".
Este caso no sorprende y se agrega a la larga lista de curas pedófilos que la iglesia católica ampara entre sus miembros. Esta institución eclesiástica, que ejerce la violencia de género de múltiples formas, continúa siendo financiada por el Estado. Sus subsidios y los privilegios se sostienen desde el artículo 2 de la Constitución nacional, que establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano” y desde numerosos decretos-leyes impuestos por la última dictadura cívico-militar. Estos decretos garantizan sumas millonarias a la iglesia, y su origen se vincula con la devolución de favores de parte del gobierno de facto ante la participación, apoyo y encubrimiento del terrorismo de estado.
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Hoy este financiamiento estatal continúa vigente porque todos los gobiernos constitucionales que siguieron al golpe genocida mantuvieron intactas estas disposiciones, desde Alfonsín, Menem, De La Rúa y Duhalde hasta el gobierno “nacional y popular” de Nestor y Cristina Kirchner y por supuesto la nueva gestión abiertamente neoliberal y proempresarial Mauricio Macri.
Estos gobiernos también encubren a Jorge Bergoglio, denunciado por su participación directa como agente del genocidio y quien desde su asunción como Papa no ha hecho más que repetir y reforzar su posición homolesbotransfóbica contra el matrimonio igualitario y contra la legalización del aborto, avalando la estigmatización y la discriminación contra las disidencias de género. Además, el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Agüer, no solo escandalizó con sus declaraciones misóginas, transfóbicas y reaccionarias sino que recientemente ha pedido la derogación de la Ley de Identidad de Género, una conquista histórica del movimiento LGTTTBIQP y organizaciones de lucha de género. Y sumado a ello, continúan denunciándose más y más casos de curas pedófilos, como los mendocinos Nicolas Corradi y Horacio Corbacho que abusaban de los alumnos hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo. Recientemente salieron a la luz pruebas halladas por la Asociación Italiana de Víctimas de Sacerdotes Pedófilos que demuestran que el Papa Francisco conocía desde hace años estos y otros casos de pedofilia clerical, y ante eso ha actuado desde un cómplice silencio.
La moral religiosa no reconoce nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a vivir libremente nuestra sexualidad, mientras que los representantes de la iglesia realizan estos actos aberrantes con total impunidad y complicidad de los gobiernos y las instituciones del Estado, como la justicia. Esta complicidad con las cúpulas eclesiásticas se ha expresado a su vez, entre otras cosas, en el sucesivo encajonamiento del proyecto de Ley por la despenalización del aborto. Así sucedió durante el kirchnerismo, y sigue sucediendo bajo la gestión del PRO, que se negó a tratar este proyecto en el Congreso e incluso recientemente impuso un brutal retroceso para los derechos de las mujeres en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal prohibió la aplicación del protocolo legal para los casos de aborto no punible, tal como exigían integrantes del Opus Dei. Asimismo, los distintos Ministros de Salud y Educación han impedido la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, respondiendo también a los pedidos de la jerarquía de la iglesia.
Por todo esto es crucial lograr la inmediata separación de la iglesia del Estado, y poner fin a la homolesbotransfobia y la pedofilia clerical.
Luciana Nogueira
Nació en Quilmes en 1986. Lic. en Psicología y doctora en Historia (UNLP), becaria de posgrado del CONICET y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas. Estudia empresas recuperadas en la industria pesquera bonaerense.
