La denuncia se hace al Vaticano en el contexto de los casos de abuso sexual eclesiástico del monasterio “Cristo Orante” ocurrido entre 2009 y 2015
Sábado 12 de junio de 2021 11:01
El abogado especialista en derecho canónico, Carlos Lombardi presentó ante la Nunciatura apostólica de Buenos Aires sede del Vaticano en el país, una denuncia hacia tres obispos y tres presbíteros mendocinos por el encubrimiento de dos monjes denunciados por abuso en el monasterio Cristo Orante ubicado en Tunuyán. Se trata del Arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, el auxiliar Marcelo Mazzitelli y el obispo de La Rioja Dante Braida. La denuncia también involucra a Ricardo Medina, vicario judicial del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, y a los presbíteros Ricardo Poblete y Mario Panetta, estos dos últimos de la Arquidiócesis de Mendoza para que se los investigue y determine las responsabilidades en las acciones y omisiones dirigidas a interferir o eludir la investigación canónica que llevó adelante el Arzobispado desde 2015 a los monjes Diego Roqué y Oscar Portillo, siendo este último a quien intentan deslindar de toda responsabilidad.
El caso se hizo público en diciembre de 2018 cuando la víctima denunció en la justicia penal a los monjes Diego Roque y Oscar Portillo, dos de las autoridades del Monasterio ubicado en el valle de Uco y cerrado por decisión del arzobispado tras el escándalo. Los hechos de abuso sexual que la víctima denunció ocurrieron entre 2009 y 2015, los monjes cumplen en la actualidad prisión domiciliaria.
Denuncias al Arzobispado
El 17 de junio de 2015 la víctima hace una denuncia verbal frente al Arzobispo de entonces, Carlos María Franzini sobre los abusos sexuales perpetrados por Oscar Portillo. Esto fue en una reunión en la sede del Arzobispado de Mendoza.
Terminada la reunión Franzini escribe una especie de acta que denomina “Pro memoria” como prueba de aquella reunión que marca un punto de partida donde empiezan a desprenderse las irregularidades en lo que se denuncia y las vulneraciones, manipulaciones y tergiversaciones de los hechos. Esta acta fue ocultada hasta cuatro años después cuando se inicia el proceso penal contra los monjes en 2019.
Diez días después el Arzobispo, según lo que obliga la legislación canónica, se reúne con Oscar Portillo elaborando también una constancia Pro memoria basada en el testimonio del monje donde asegura sentirse manipulado por el denunciante, responsabilizándolo de sus conductas inapropiadas. Para esta altura, el Obispo Franzini ya sugiere el traslado del monje a otra congregación.
En conclusión de estas dos reuniones que tiene el Arzobispo donde por un lado se denuncian con detalles los abusos realizados por Oscar Portillo y por el otro el monje responsabiliza al joven seminarista, Franzini concluye banalizando los hechos en sus informes y omitiendo el delito que constituían los hechos de abusos sexuales: “Resuelvo amonestar paternalmente al Pbro. Oscar Portillo exhortándolo a cuidar con prudencia sobrenatural y una conducta consecuente a su vocación sacerdotal y monástica”.
Franzini fallece en 2017 y al año siguiente asume Marcelo Colombo como Arzobispo. Dado el abuso de poder que sufría la víctima de modo sistemático por parte de los dos monjes, presentó ante el obispo auxiliar Marcelo Mazzitelli una denuncia, ésta vez escrita, fechada el 22 de marzo de 2018, donde relató los abusos sexuales que sufrió de parte de los dos. La denuncia dio paso a una investigación. Aquí se descubre la responsabilidad en la cadena de encubrimiento del tercer obispo denunciado, Dante Braida, en calidad de Administrador Apostólico solo menciona a Diego Roqué, el otro monje, como autor de los delitos de abuso sin fundamento alguno de omitir la participación de Oscar Portillo, que de hecho tres años después de haber sido denunciado por primera vez no tenía ni siquiera una causa judicial canónica abierta por la curia.
Oscar Portillo declara como parte de esta investigación y según la denuncia que se ha presentado en el Vaticano, Portillo no muestra arrepentimiento alguno, no presenta contumacia del hecho, incurriendo en la tergiversación de lo sucedido declarando que fue él quien sufrió acosos por parte del seminarista. De hecho cuando Franzini lo “amonesta canónicamente” se ofende por la pena impuesta ya que desconocía el delito que cometió, para él era solo un pecado.
En estos casos, la iglesia tiene su propia legislación canónica. Se contempla un procedimiento judicial para imponer penas solo si luego de la mencionanda “amonestación paternal” no hay arrepentimiento o basta para reparar el escándalo. Cabe aclarar que estos pasos se cumplieron y no obstante el monje Portillo permaneció en su actitud de víctima.
La denuncia hacia los presbíteros Ricardo Poblete y Mario Panetta, investigador y notario respectivamente es por la omisión que hacen en sus informes al no preguntar sobre el delito sexual cometido por Portillo, actitud recurrente de minimizar y banalizar el delito. Al momento de firmar el informe final, el nombre de Portillo seguía sin aparecer entre los acusados, cabe aclarar que este documento fue firmado también por el arzobispo actual Marcelo Colombo quien omitió en varios documentos el nombre del monje, además se omitió el carácter de menor de edad de la víctima cuando comienzan los delitos sexuales allá por el 2009 cuando ingresa al monasterio en calidad de aspirante, bajo la custodia de Roqué y Portillo.
A propósito en 2019 el Arzobispo Colombo desmintió a la prensa cualquier maniobra de encubrimiento cuando se le preguntó por una carta que le envió en agosto de 2018 a la Signatura Apostólica del Vaticano pidiendo prorrogar el juicio canónico a dos monjes y trasladar las acciones civiles a San Juan y declaró que "Nosotros nos hemos allanado a dar la documentación que nos pidieron y somos los primeros en querer colaborar con esto. Dijeron que no se había hecho la investigación y sí se había hecho". Los documentos estaban intencionalmente incompletos y el Arzobispo Marcelo Colombo los había firmado.
El rol del obispo Mazzitelli en la trama de encubrimiento continúa cuando mantiene conversaciones telefónicas con la víctima, a quien le asegura que existen dos procesos penales dentro de justicia eclesiástica, sin embargo el denunciante mantiene contacto con funcionarios eclesiales de Bs. As. quienes le aseguran que solo existe un proceso penal, contra el monje Diego Roqué. Posteriormente el denunciante se comunica con el sacerdote Mario Panetta donde confusamente manifiesta que no existen “procesos canónicos en curso, sino la anuencia que la Congregación para la doctrina de la Fe ha dado frente a la posibilidad de que se realice una causa penal canónica contra el P. Diego Roqué Moreno y el P. Jorge Oscar Portillo, como fruto de los hechos denunciados por Usted”, es decir que ni siquiera hay causa judicial canónica sino la posibilidad que la misma se realice.
“Además de lo relatado respecto a los obispos Colombo, Mazzitelli y Braida amerita que se investiguen también las eventuales responsabilidades de los sacerdotes Medina, Poblete y Panetta, por negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones. En especial, la de los dos últimos quienes expresamente reconocieron en su informe que no habían indagado ni preguntado al monje Oscar Portillo acerca del delito de índole sexual cometido”. Asi finalizan las razones de la denuncia que hace Lombardi y que ha llegado al Vaticano. Hay que hacer mención al marco de supuesta “lucha contra la pederastia” que anunció el papa Francisco, al incorporar a los abusos sexuales a menores de edad y la posesión de pornografía infantil como “delitos contra la vida, dignidad y la libertad del hombre”. Las razones de la denuncia demuestran las intenciones de la iglesia católica de eludir los procesos y encubrir a responsables de los casos de abuso sexual en sus instituciones sin importar el lugar geográfico en donde sucedan.
Cabe aclarar también que esta denuncia se presenta al tiempo que se están juzgando por abusos a dos monjas y siete colaboradoras del Instituto Próvolo para niños hipoacúsicos, donde los abogados de las y los sobrevivientes han denunciado este accionar de entorpecimiento de los abogados de la defensa en el desenvolvimiento del juicio, intentando por todos los medios que el juicio se anule o en su defecto que se retrase el veredicto.
