Asociaciones ambientalistas denunciaron hoy a Germán Pratto, actual legislador por Unión por Córdoba, junto a otros dos funcionarios públicos y al abogado de ruralistas Raúl Carranza. Dialogamos con Darío Ávila, abogado denunciante, miembro de la CoDeBoNa.
Lunes 8 de mayo de 2017 15:30
En el día de hoy, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) presentó una denuncia penal contra el ex asesor legal de CARTEZ, Raul Carranza y contra tres funcionarios públicos, incluyendo al exsecretario de ambiente de la provincia de Córdoba y actual legislador por el oficialismo de Unión por Córdoba, Germán Pratto. Se los acusa de la probable comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita con el fin de autorizar cambios en el uso del suelo en campos con bosque nativo.
Una serie de expedientes mostraría la omisión de pasos administrativos y de análisis técnicos fundamentales para emitir estos permisos, además de haber sido aprobados de forma exprés en pocos días. Los desmontes aprobados ilegalmente suman más de 20000 hectáreas en el noroeste de la provincia.
Los otros funcionarios denunciados son Néstor Cruz, exdirector de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, y Jorge A. Ferrari, exdirector de la Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente. Germán Pratto es actualmente miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura Cordobesa. El aumento de los desmontes irregulares durante su período como Secretario de Ambiente fue denunciado en su momento mediante un pedido de informes de la legisladora Laura Vilches.
El contador Germán Pratto es además coautor del proyecto de reforma de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, rechazado por pobladores, agrupaciones ambientalistas, científicos y el conjunto de la sociedad cordobesa.
Luego de la presentación de Tribunales II de la ciudad de Córdoba, dialogamos con Darío Ávila, abogado patrocinante de la CoDeBoNA.
¿En qué consiste la denuncia que presentaron hoy?
Hemos hecho una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Hemos aportado a la justicia una serie de documentos que, concretamente, son copias de dos expedientes y tres resoluciones emitidas por quien en su momento se desempeñó como Secretario de Ambiente, Germán Pratto. Esta documentación abarca un período entre marzo de 2015 a octubre de 2015.
A través de esta documentación nosotros podemos acreditar que durante ese período el secretario de ambiente estuvo aprobando planes de “uso sustentable” sobre bosque nativo en forma absolutamente ilegal, en contra de lo que dice la ley provincial. Por ejemplo, en esas autorizaciones se obvian procesos o etapas previas como la intervención de un área específica, que es el Área de Bosques. Este área es la que debe dictaminar, señalando si el plan que se pretende llevar adelante cae en zona roja o en zona amarilla.
Nosotros sabemos que, de acuerdo a las leyes nacionales y provinciales de bosques, no se puede hacer ningún tipo de actividad sobre zona roja, porque son las zonas de mayor valor de conservación. Sí puede hacerse sobre las zonas categorizadas como amarillas. En este caso la falta de ese informe no nos permite establecer dónde se llevaron a cabo esos planes. Esto es muy grave porque también ésta área es la que recomienda o no la autorización de estos planes. Acá hubo una omisión absolutamente deliberada, que no dio intervención a los organismos competentes.
¿A quiénes más involucra la denuncia?
Esta denuncia involucra a otros dos funcionarios, uno de ellos a cargo de la dirección de Áreas Naturales, Bosque y Forestación y un abogado que estaba a cargo de la Dirección de asuntos jurídicos. También invlucramos a otro abogado, Raúl Carranza, que a los sectores que venimos peleando por las cuestinoes ambientales no nos resulta indiferente. Este abogado a sido durante mucho tiempo el asesor legal de CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), actualmente es el abogado y asesor legal de Federación Agraria.
Carranza ha intervenido en la Legislatura en el debate que por la ley provincial de ambiente, llevando la voz del sector rural. Incluso, en varios de los expedientes que obran en la secretaría de ambiente, ha llevado adelante la defensa de sectores rurales que han sido condenados al pago de multas por haber realizado desmontes en forma ilegal.
A esta persona nosotros también la sindicamos como parte de estas maniobras que denunciamos porque es quien aparece firmando los avisos de proyecto. A él le atribuimos la violación de una resolución de la Secretaría de Ambiente que dice, específicamente, que los únicos profesionales que pueden presentar avisos de proyecto para aprobar planes de uso sostenible del bosque nativo son aquellos con título habilitante: ingenieros agrónomos, ingenieros forestales o biólogos.
Estamos hablando de desmontes de más de 5000 hectáreas. Los avisos de proyecto han sido firmado por este abogado. Pedimos que se investigue la posible responsabilidad de usurpación de título. Pero, lo que es más grave, pedimos que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita. Porque estos tres funcionarios y este abogado aparecen en varios expedientes.
El caso de Pratto es más grave porque es legislador de Unión por Córdoba y ha participado en el intento de modificación de la ley de bosques.
Exactamente, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente aparece hoy como legislador de Unión por Córdoba y es coautor del proyecto que hoy por hoy está ampliamente debatido por la opinión pública y que se refiere al ordenamiento territorial de los bosques nativos.
Hay otro elemento que nosotros denunciamos y hace referencia a la participación de Pratto. Hay un expediente que se refiere a un desmonte por 5169 hectáreas, que tiene su inicio el día 2 de setiembre y el día 5 obtiene su aprobación. En apenas tres días hábiles se obtuvo esa aprobación, fue un trámite absolutamente exprés. Para comparar, hay expedientes que hace más de cuatro años que están esperando una autorización.
A nosotros nos llama poderosamente la atención que, después de la aprobación de ese proyecto, Pratto renuncia a la función pública y a su cargo de Secretario de Ambiente. Claramente allí se puede establecer que ha existido, de parte de quien en su momento tenía la gobernación de Córdoba, una exigencia de renuncia a raíz de la escandalosa gestión que estuvo llevando en "defensa" de los bosques.
