En el marco del Examen Periódico Universal de China, representantes de comunidades de Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú transmiten al Consejo de Derechos Humanos sus preocupaciones.
Sábado 20 de octubre de 2018 13:36
Organizaciones civiles latinoamericanas presentaron el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde la Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, suscrito por 21 organizaciones sociales. Nucleadas bajo el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), presentaron esta semana el informe ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, con el objetivo de aportar a la evaluación de la República Popular China en el cumplimiento de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.
El informe contribuye al Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China. “Queremos que China respete, proteja y cumpla los derechos humanos de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas” exigen.
Según Universal Periodic Review, “el Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU”. Es un examen que se realiza a los estados miembros de la organización cada cinco años, del cual participan tanto el Estado examinado, los otros Estados miembros y organizaciones de la sociedad civil. El resultado de cada revisión consiste en un “informe final” que comprende las recomendaciones realizadas y que el Estado examinado deberá implementar hacia la próxima revisión.
La presentación realizada por el Colectivo latinoamericano demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. En la región, las empresas chinas se han concentrado en la construcción de infraestructura energética, de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, generando impactos sociales y ambientales importantes. De los 18 proyectos incluidos en el informe, siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos.
Los proyectos cuestionados
Las dos megarrepresas, Condor Cliff y la Barrancosa, sobre el Río Santa Cruz en Argentina destruirán el patrimonio cultural y arqueológico de los pueblos Mapuche Tehuelche de la Patagonia. El impacto ambiental además, se cierne sobre el Campo de Hielo Patagónico Sur y sobre áreas protegidas que son hábitat de especies endémicas, como el Macá tobiano.
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Otros proyectos evaluados son las operaciones mineras Mirador y San Carlos Panatza, en Ecuador, que operan en territorios indígenas sin cumplir con la consulta libre, previa e informada y que ha producido desalojos forzosos de comunidades y criminalización de líderes indígenas. En Perú, Las Bambas, Shougang, Río Blanco y Chinalco, proyectos mineros de capital chino también vulneran derechos de defensores ambientales, generando creciente militarización y violencia en los territorios y desatendiendo a los derechos laborales. En Bolivia las exploraciones del proyecto Bloque Nueva Esperanza está forzando el contacto con el pueblo indígena en aislamiento Toromona, invadiendo su territorio y destruyendo sus fuentes de alimento. En Brasil la construcción de la represa hidroeléctrica São Manoel se realizó sin consulta, afectando a los pueblos Munduruku, Kayabi y Apiaka, destruyendo sus espacios sagrados e impactando sobre el río y su biodiversidad.
La Izquierda Diario habló con representantes de organizaciones civiles de Argentina y Perú para conocer cómo se desarrollan los encuentros y qué situaciones puntuales se viven en estos países con los proyectos de empresas chinas. Sergio Nahuelquir, Inan-Longko de la comunidad mapuche Lof Fem Mapu nos comentó que en el caso de las Represas Patagonia, la consulta previa, libre e informada no se ha realizado aún, incluso después de un año de obtener un fallo favorable intimando al Estado y al INADI a realizarlas.
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Cristian Fernández comentó que pudieron hablar con las misiones permanentes de varios países y ya se reunieron con el Alto Comisionado y diferentes especialistas con quienes pudieron explayarse durante bastante tiempo para comentar sobre los impactos ambientales que ocasionarían las represas sobre el Río Santa Cruz.
Por otra parte, el representante de Perú, Víctor LimayPuma, nos informó que para llevar adelante el proyecto minero Las Bambas en Cotabambas, tampoco fue realizada la consulta a la población originaria Quechua afectada. Este incumplimiento se repite en todos los casos donde habita población originaria en los territorios donde se emplazan estos emprendimientos. En Río Blanco, según nos comentó LimayPuma, la consulta sí se realizó pero a pesar de que la comunidad rechazó el proyecto, el Estado decidió continuarlo.
“No podemos no hacer nada, hay que tener propuestas desde los pueblos sobre cómo queremos vivir, pensar en el futuro. Las leyes son frágiles y los gobiernos débiles, es necesario que los pueblos se mantengan informados de lo que sucede y conocer los canales a disposición para lograr denunciar estos atropellos”, relató desde Ginebra.
El proyecto minero Las Bambas, originalmente propiedad de la compañía minera Glencore fue adquirido por un consorcio chino en una operación poco clara, que implicó escasa ganancia para el estado Peruano y una transacción millonaria con firmas offshore.
El informe concluye que “China debe: incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; ratificar el Convenio 169 de la OIT; realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas, y abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Las inversiones chinas en Argentina
Según Sol Mora, en Resistencias sociales a la cooperación de China en infraestructura: las represas Kirchner-Cepernic en Argentina, hacia 2009 se produce un gran desembarco de inversiones extranjeras directas (IED) chinas en América Latina, alcanzando unos 145 mil millones de dólares hasta el año pasado. Estos créditos llegan bajo el concepto de “cooperación sur-sur”, y se dirigen principalmente hacia actividades primario-extractivas. Según esta autora “lo que China presenta como cooperación, en términos materiales e institucionales replica los patrones de explotación de la naturaleza propios del Norte, caracterizados por la desigualdad ambiental”.
Argentina ha sido uno de los principales receptores de estas inversiones, que comenzaron durante el gobierno kirchnerista y continúan con el actual gobierno macrista, bajo la premisa de “continuidad jurídica del Estado.” En 2014 la relación chino-argentina avanza hacia la categoría “Asociación Estratégica Integral” y ya en 2017 ambos acuerdan el “Plan Quinquenal” para la Cooperación en Infraestructura. En ese plan Argentina se comprometió ante el Estado Chino a avanzar con los proyectos del Ferrocarril Belgrano Cargas y destrabar el conflicto por las represas del río Santa Cruz y las centrales nucleares, ambos paralizados por la gran oposición social.
Dada la imposibilidad del país de obtener financiamiento de instituciones como el Banco Mundial, los bancos chinos estatales se convirtieron en el principal acreedor de estas inversiones. “Estos flujos se basan en establecer vínculos, proyectos y obras en sectores donde la República Popular de China (RPC) tiene un saber hacer adquirido y donde, además, pueda no sólo destinar materias primas excedentes en su mercado interno (como podría ser el cemento para obras de infraestructura) sino también la inversión de sus instituciones financieras” (Informe ambiental anual 2018, FARN)
Sin embargo, este dinero no llega sin compromisos, entre los riesgos más evidentes se encuentran la reprimarización de las exportaciones, la profundización del extractivismo, la ampliación de la relación desigual entre ambos Estados y la consolidación de la lógica centro-periferia.
Las megarepresas sobre el Río Santa Cruz, o “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Cóndor Cliff - La Barrancosa” como le llama el Gobierno Nacional, representan la mayor inversión externa realizada por China en el mundo (4700 millones de U$S) y el Estado Argentino las declaró “Proyecto crítico” a pedido de las empresas que llevan adelante las obras. Esto implica, entre otras cosas, la eximición del pago por derechos de importación de mercadería, reduciendo los costos para las empresas y favoreciendo la importación en detrimento del trabajo y la industria nacional.
Lo cierto es que, como explica Mora este proyecto se encuentra estrechamente vinculado al interés de los bancos chinos en encontrar opciones para sus capitales y al aseguramiento de los recursos naturales o de la infraestructura vinculada a su extracción, en este caso, con el compromiso sobre el tren Belgrano Cargas como el más visible, siendo el transporte vital para la carga de soja hacia los puertos de exportación hacia China. En este sentido, cabe preguntarse para quiénes son los beneficios de estas obras y quiénes cargarán con los costos socioambientales de las mismas.
