Salud Mental. Denuncian graves violaciones a los Derechos Humanos en los Neuropsiquiátricos de la Provincia de Buenos Aires.

A casi cuatro años de sancionada la ley nacional, 26657, de salud mental, que pone el acento en los derechos humanos de las personas con padecimiento mental, la situación de los pacientes psiquiátricos en instituciones manicomiales sigue siendo crítica y desesperante. Así lo revela el habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el mes pasado ante el Tribunal de Casación a favor de todas las personas privadas de su libertad en los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, en virtud de las graves condiciones allí constatadas.

La denuncia incluye 133 muertes en el Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de Melchor Romero durante los años 2012, 2013 y 2014, presumiblemente por negligencia, abandono y/o mal tratamiento, así como la falta de personal adecuado en cantidad y calidad y la precaria atención de la salud. En este sentido se solicita una investigación judicial que analice detalladamente cada uno de los decesos y determine las responsabilidades de los funcionarios públicos.

En un comunicado, la CPM señala que “En más de dos años de relevamiento en los tres hospitales monovalentes de la provincia, el equipo de salud mental del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria relevó condiciones de alojamiento que violentan derechos esenciales: se encontraron con internos debían dormir en el piso por falta de camas, baños tapados faltos de higiene y con olores nauseabundos, ausencia de piletas para lavar utensilios que deben limpiarse en esos baños. También se registraron situaciones de déficit alimentario por reducción de raciones alimenticias, y que en algunos hospitales las personas deben comer con sus manos porque no alcanzan los utensilios para todos.”

Por otro lado, “se constató además la existencia y uso de celdas de contención y aislamiento, donde se realiza contención mecánica a las personas en situaciones de crisis atándolas a una cama. Habitualmente estos espacios tienen una superficie de 3 m2, no cuentan con ventana ni baño y las puertas son ciegas con una mínima abertura, las camas, provistas con argollas de sujeción, no cuentan con colchones ignífugos y carecen de sábanas. Estas habitaciones se encuentran en un estado de abandono absoluto, con ventanas tapiadas con chapas que hacen del lugar un sitio oscuro y sombrío, con total falta de higiene agravada porque al carecer de baño las personas se ven obligadas a hacer sus necesidades en el piso o sobre el colchón.”
El habeas corpus colectivo denuncia centralmente el incumplimiento de la ley de salud mental y la ley 26.529 de derechos del paciente, en tanto afirma que “no se trabaja sobre las causas psicosociales del padecimiento mental”. El escrito señala la “falta o deficiente atención a la salud, la utilización de elementos de sujeción y aislamiento, lo que constituye en una práctica de tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.”

Respecto a los tratamientos, se denuncia un abordaje parcial de la salud, hegemonizado por el discurso psiquiátrico biológico, y una administración de medicamentos que no responde a criterios sanitarios, sino que se utiliza como tratamiento exclusivo. La falta de un abordaje sobre el contenido del discurso de los pacientes, sumado a la ausencia de una reevaluación de los cócteles farmacológicos que no impliquen más que el aumento de las dosis o su disminución, también son denunciados en el habeas corpus. Por otro lado, el escrito señala que los tratamientos y/o procedimientos son aplicados sin un debido seguimiento y control no solo por parte del personal médico, psicológico y psiquiátrico, sino también por parte de los órganos judiciales competentes.

En la gran mayoría de los casos no se observaron estrategias interdisciplinarias de intervención, ni trabajos en red con otras instituciones relacionadas con salud, ni actividades terapéuticas, recreativas y laborales acordes con el tratamiento de salud indicado para cada persona. “La vida cotidiana –señala el comunicado- consiste en un transcurrir ocioso y dominado por la desatención y el descuido, certeza de que no se trabaja con las personas para su mejora e inclusión social.”

Esta situación crítica y aberrante a la que son sometidos los usuarios de instituciones manicomiales ya había sido fuertemente denunciada, previo a la sanción de la ley de nacional de salud mental, por el informe “Vidas arrasadas” del CELS, en el año 2007. El mismo presentaba un informe pormenorizado sobre las condiciones inadecuadas y abusos en las instituciones (muertes en las instituciones, uso peligroso de las celdas de aislamiento, violencia física y sexual, falta de atención médica, condiciones antihigiénicas e inseguras, falta de tratamiento de rehabilitación y derivaciones, y sobrepoblación), así como la situación de detención arbitraria en instituciones psiquiátricas y la insuficiente supervisión y monitoreo de los derechos humanos de las personas institucionalizadas. Como se ve, la situación se mantiene. Respecto a las muertes en neuropsiquiátricos, también el año pasado se inició una investigación por la muerte de 46 pacientes entre 2009 y 2010 en el Hospital Borda a partir de la muerte de Matías Carbonell, paciente de la institución.

Por el lado de la ley nacional de salud mental, hay que señalar que ésta, a pesar de sus aspectos progresivos, está lejos de cuestionar de fondo la mercantilización de la salud mental correlativa al desarrollo de estructuras y lógicas de funcionamiento manicomiales como las denunciadas, admitiendo incluso directamente la gestión privada de la misma. Así, a casi cuatro años de sancionada los cambios en el sistema de salud mental no aparecen, y por el contrario sigue avanzando la corporación médico/psiquiátrica. El avance del macrismo sobre los hospitales monovalentes como el Borda o el Moyano en la CABA, que busca su vaciamiento y derrumbe, y su reemplazo por estructuras más pequeñas pero igualmente manicomiales para dar lugar al negocio inmobiliario, brinda un ejemplo. Pero también encontramos ejemplos dentro del kirchnerismo: el habeas corpus presentado denuncia directamente la política de la gobernación de Daniel Scioli, y en el mes de mayo el gobernador de la provincia de San Juan, el kirchnerista José Luis Gioja, llegó a anunciar la inversión de 100 millones de pesos para la “ampliación y remodelación” del Hospital de Salud Mental El Zonda, que incluiría duplicar en número de camas para internación prolongada (cuando según la reglamentación de la ley, los hospitales monovalentes mismos deberían dejar de existir para 2020), la cual debió ser desmentido ante el repudio generado en diferentes sectores sociales y políticos.

A cuatro años de sancionada la ley 26657, entonces, se siguen violando los derechos humanos de los usuarios, y el poder manicomial continua avanzando. Incluso no se perciben avances en la ampliación de camas de los polivalentes para atención psiquiátrica, lo cual sería la vía para integrar la atención psiquiátrica a la atención integral de la salud, terminando con los hospitales monovalentes de salud mental. Por otro lado, esto no debe significar cerrarlos, sino transformarlos en polivalentes, con los recursos suficientes, para ganar un hospital público de calidad y para todos.