Una joven del Frente Darío Santillán ya sufrió ocho allanamientos violentos en dos años. Este martes hubo movilización y reclamo al Poder Judicial que cese el hostigamiento en el barrio.
Miércoles 8 de mayo de 2019 11:42
Este martes se realizó una movilización por el centro de La Plata que culminó en los Tribunales Provinciales con la presentación de un habeas corpus preventivo en favor de una militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y su familia, que viene sufriendo hostigamiento policial en su casa del barrio San Carlos.
Varias organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, algunas nucleadas en la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada y en el colectivo Justicia Ya! acompañaron la presentación de un habeas corpus preventivo que reclama al Poder Judicial que tome las medidas necesarias para que la compañera no sufra más persecución por parte del Destacamento La Unión del barrio San Carlos, ya que ha sufrido ocho allanamientos irregulares en dos años con la gravedad y violencia que implica.
Desde hace unos meses se viene evidenciando en el barrio Malvinas Argentinas (San Carlos) la avanzada de operativos coordinados entre la DDI La Plata y la Subcomisaría 14 o Destacamento La Unión, que generan hostigamiento policial a los jóvenes, detenciones arbitrarias, allanamientos violentos y hasta el armado de causas judiciales por el secuestro de elementos que nada tienen que ver con el narcotráfico ni ningún otro delito.
La compañera por la cual se presentó el recurso de habeas corpus preventivo viene sufriendo allanamientos irregulares y hostigamiento policial desde fines de 2017. El año pasado la allanaron varias veces, la amenazaron con llevarla presa, golpearon a su hijo y robaron mercadería de un pequeño kiosco que tiene y dinero del comedor comunitario que gestionan con su organización. Ya se realizaron denuncias por amenazas y lesiones en sede fiscal.
La compañera también tiene un habeas corpus preventivo presentado y resuelto favorable en septiembre 2018, donde el Juzgado de Garantías nº2 ordenaba al Destacamento La Unión abstenerse de detención, captura o pesquisa sobre la compañera y su familia ya que “no registran a la fecha impedimento legal impartido por autoridad judicial alguna”.
Sin embargo el juez Jorge Moya Pisanello se negó a identificar a los efectivos que participaron de los operativos violentos porque “no hay ningún delito de acción pública que investigar”. En marzo pasado realizaron un megaoperativo policial en el barrio que incluyó allanamientos, gases lacrimógenos, detenciones y hasta la demolición de tres viviendas que, según las versiones policiales-judiciales, estarían vinculadas a “la venta de estupefacientes”.
Tras esto se redobló la militarización de la zona durante dos semanas con operativos de saturación, lo que genera preocupación entre vecinas y vecinos que ven afectada su vida cotidiana y su circulación.
Varios medios de comunicación avalaron los operativos y nada dijeron de las denuncias de violencia policial que realizó el vecindario.
El intendente de La Plata, Julio Garro, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, lo presentaron como una avanzada en el combate contra los narcos y el control de la disputa entre bandas.
En este marco el pasado 23 de abril la compañera volvió a sufrir un nuevo allanamiento violento en su casa, esta vez con el Grupo Halcón junto a la DDI y efectivos de La Unión. En momentos en que la compañera no estaba irrumpieron violentamente en la casa, mostraron una orden de registro irregular, redujeron y precintaron a sus dos hijos menores de edad, rompieron puertas, revolvieron toda la casa, no encontraron nada de lo que los mandaban a secuestrar y se retiraron diciendo que cualquier reclamo lo hicieran en el Destacamento La Unión. Este es el octavo allanamiento que sufre la compañera en 2 años, siempre con violencia y siempre arrojando resultado negativo.
En momentos de grave crisis social y económica, el gobierno de María Eugenia Vidal lleva adelante una política a través de la represión, la estigmatización a los pobres y migrantes y la gran disposición de recursos para la militarización.
Con la excusa de combatir el narcotráfico y la llamada “inseguridad” el Gobierno se desliga de la responsabilidad directa que tiene la Policía (avalada por jueces y fiscales) en todos los grandes delitos que dice combatir.
Así, ataca a los sectores populares como los únicos responsables de ese negocio, mientras que sostiene el negocio de los verdaderos narcotraficantes en el seno del Estado.
