Los médicos José Gijena y Cecilia Ousset están siendo acusados de homicidio culposo por realizar la microcesárea a la niña 11 años, luego de que se le negara la interrupción legal del embarazo..
Jueves 2 de mayo de 2019 16:20
En la puerta de los Tribunales Penales, las organizaciones que integran el colectivo Ni Una Menos Tucumán se concentraron para exigir el inmediato cierre de la causa penal contra los médicos Oscar Gijena y Cecilia Ousset. Se trata de los médicos que realizaron la cesárea a Lucía, la niña de 11 años víctima de abuso a la que se le obstaculizó la interrupción legal del embarazo (ILE). Ambos fueron denunciados por homicidio culposo por un grupo antiderechos.
Como señala el testimonio de Sol, la madre de la niña, las autoridades del Sistema provincial de Salud (Siprosa) negaron sistemáticamente la voluntad de la niña de interrumpir el embarazo. La presencia cotidianamente de Gustavo Vigliocco, secretario del Siprosa, y de un cura fueron parte de hostigamiento a la niña y su familia para que obligarla a ser madre.
La madre de Lucía afirmó que durante dos semanas los funcionarios se opusieron a garantizar la ILE. En ese tramo, la fiscal Adriana Giannoni había enviado un escrito hacia las autoridades del ministerio de Salud para que “se garanticen las dos vidas”.
La fiscalía de Giannoni es la que está a cargo de la denuncia realizada por los antiderechos. Por esta razón, desde la defensa de los médicos Gijena y Ousset recusaron a la fiscala. “Hasta ahora no tenemos acceso a la investigación, si sabemos que hay actuaciones de la doctora Giannoni, a la cual hemos recusado. En primer lugar, porque ella ha sido denunciado porque ella tuvo acciones donde, según la denuncia, ella intentó coaccionar a los médicos a los fines de que no realicen ningún procedimiento. Eso terminó ocurriendo porque ningún miembro del Siprosa quiso realizar y por eso recurren a Gijena y a Ousset”, afirmó Emilio Guagnini, abogado de Andhes.
Desde la defensa de los médicos también se recusó a Facundo Maggio, juez de instrucción que interviene. Las razones son por la afinidad ideológica de Maggio, ya que fue abogado del Arzobispado, y por enemistad manifiesta, ya que Maggio fue impugnado desde el Ni Una Menos cuando fue propuesto como juez, ya que entre sus antecedentes también se encuentra la defensa de acusados por delitos de lesa humanidad.
Desde la defensa de los médicos Gijena y Ousset remarcaron que hasta ahora solo existe una denuncia y no la imputación de algún delito, y que esperan que se resuelva la recusación a Giannoni y Maggio.
“Resulta indignante que mientras se persigue judicialmente a los médicos que asistieron a Lucía, los funcionarios que le negaron sistemática la ILE sigan amparados por el gobierno de Manzur. El testimonio de la madre de Lucía es contundente: Vigliocco se negó a aceptar la voluntad de la niña y su familia, y la ministra Chahla luego avaló su conducta”, manifestó Alejandra Arreguez, referente del PTS-FIT. “Desde el colectivo Ni Una Menos vamos a discutir cómo continuar movilizadas para exigir el fin de este causa y la renuncia de los funcionario de Manzur que torturaron a una niña con la maternidad forzada”, agregó.
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