Diversas organizaciones cuestionan y rechazan el artículo 126, que pena la transmisión de HIV por considerarla estigamtizadora y discriminatoria.
Martes 11 de septiembre de 2018 15:21
El proyecto se votará este miércoles, con el rechazo de decenas de organizaciones que denuncian la criminalización de la pobreza y la protesta social.
Este miércoles, la cámara de diputados de la provincia de Mendoza votará el Código de Faltas en medio de movilizaciones de más de 50 organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y DDHH que denuncian el avance represivo del nuevo código.
Dentro de los artículos rechazados del proyecto que ya cuenta con media sanción del senado provincial, el artículo 126 establece que "La persona que transmitiere enfermedad venérea o contagiosa, será sancionada con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o arresto desde quince (15) días hasta treinta (30) días".
En un comunicado firmado por las organizaciones ICW Argentina y VIHVO Positivo Mendoza, entre otras, denuncian que la aprobación del código “sería un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos, violatorio de leyes nacionales y tratados internacionales a los que adhiere la provincia, contrario a las recomendaciones de organismos como ONUSIDA y OMS, y que sólo provocaría mayor estigma y discriminación hacia las personas que vivimos con VIH”.
Por su parte, el 125 establece penas de arresto y multas para “La persona sorprendida en ejercicio de la prostitución afectada de enfermedad venérea o contagiosa”. Este artículo no sólo es estigmatizante sino también persecutorio. En base a este tipo de artículos, la policía se avaló históricamente para perseguir y hostigar a personas que se prostituyen para sobrevivir. Frente a esto se peleó históricamente desde la diversidad sexual, donde el 80% de las personas trans tienen que prostituirse para sobrevivir ya que no tienen acceso a trabajo, salud o educación.
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El artículo, además, establece “como obligación de conducta realizar los exámenes médicos pertinentes en el Cuerpo Médico Forense y, en su caso, el tratamiento médico correspondiente a la enfermedad de transmisión sexual que padeciere, en un establecimiento de salud público”. Esto es denunciado por diversas organizaciones de personas con HIV.
“En un contexto cada vez más adverso, en el que se elimina el Ministerio de Salud de la Nación y se recortan presupuestos para prevención, acceso al diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH; y además se omite y dilata la efectiva aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, no es aceptable la persecución y penalización de las posibles transmisiones”, denunciaron las organizaciones mencionadas.
La referente del PTS en el Frente de Izquierda, Noelia Barbeito dijo al respecto que "al igual que con otros aspectos del código, el gobierno de Mendoza pretende resolver problemas de salud pública con sanciones punitivas sobre las personas. Cuando el Estado incumple con la educación sexual y las medidas de prevención sanitarias, como presupuestos para investigación y hospitales, medicamentos, campañas de prevención, etc, es el primer responsable de la expansión de ITS (infecciones de transmisión sexual) y virus de transmisión sexual (entre otras formas) como el HIV".
