Trabajadores organizados en defensa de derechos laborales, exigen cumplimiento de laudos ganados, denuncian despidos injustificados y precarización laboral en el DIF-CDMX.
Miércoles 11 de octubre de 2023
Transmisión en vivo https://acortar.link/0LGkjG
• Trabajadora del DIF de la CDMX despedida al asumir la administración Claudia Sheinbaum, demuestra en Tribunales violación de derechos laborales por 20 años y despido injustificado.
• Exigen la reinstalación inmediata de Monserrat Jimenez Bastidas defensora de derechos humanos, despedida bajo el gobierno de la 4T por exigir derechos laborales.
• En medio de la anticipada contienda electoral trabajadorxs lanzan campaña por derechos laborales.
La 4 Transformación llegó al gobierno levantado como bandera la lucha contra el neoliberalismo, el "primero los pobres" y prometiendo acabar con los privilegios de los altos funcionarios, con ello generó enormes expectativas en la base trabajadora. Afirmaron que con la “Austeridad Republicana” barrerían con los onerosos salarios y lujos de los funcionarios de alto nivel y con la corrupción, sin embargo, su aplicación real se tradujo en miles de despidos, solo durante el primer año de su mandato despidieron a cerca de 200 mil trabajadores; atacaron derechos y profundizaron la precarización, mientras de forma constante han aumentado el gasto millonario a las fuerzas armadas. Tan solo para el presupuesto del 2024 se propone aumentar en un 220% su presupuesto respecto del año pasado, continuando la militarización que heredaron los gobiernos neoliberales.
La Ciudad de México un botón de muestra
En sus cinco años de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy adelantada candidata presidencial, justificando las medidas de “austeridad” dictadas por el gobierno federal, mantuvo y profundizó la precarización, con constantes ataques al sector estatal. Prometió la restitución de los derechos de la base trabajadora, sin embargo, mantuvo intactas las formas de contratación simulada (nómina 8, honorarios, servicios profesionales, autogenerados) y con ello la falta de derechos de los gobiernos anteriores.
Pero no solo la mantuvo, ejemplo de cómo profundizó de la precarización fue la creación de una nuevas figuras de simulación: “becarios o beneficiarios” de programas sociales, quienes laboran en la Secretaría de Cultura, Ponte Pila, Participación Ciudadana, etc; quienes laboran sin ninguna prestación, ni derecho laboral, a pesar de ejecutar en su totalidad programas que el gobierno señaló como clave para su “Proyecto de Nación”.
Además, durante todo su mandato mantuvo a 22 mil trabajadores de base y nómina 8 ganando por debajo del salario mínimo, el llamado nivel 469, en una clara violación constitucional, casi como cierre de su gobierno - y en un acto claramente proselitista- ordenó el aumentó de su salario aunque a la par les recortó el pago de un bono, dejándolos con un ingreso real aún menor al salario mínimo, pues además se les aplica la deducción del Impuesto Sobre la Renta, contrario a lo que mandata la ley para ese nivel de ingreso. Aumento claramente insuficiente y aún violatorio a la Constitución de la Ciudad de México que dicta que las y los trabajadores de las dependencias públicas deben percibir al menos dos salarios mínimos. (Art. 10 apartado C)
En relación al sector salud, prometió la basificación plena y universal pero hoy frente a las protestas su respuesta es que no es un problema local sino federal, y así miles de trabajadores se encuentran en la incertidumbre en el proceso de cambió de IMSS-Bienestar, donde denuncian que las plazas de base ofrecidas no cuentan con derechos plenos.
Otro de los sectores que se ha mantenido movilizado son los trabajadores administrativos y docentes agrupados en el Sindicatos Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), quienes año con año han tenido que irse a Huelga por aumento salarial y basificación, han denunciado como las autoridades crean nuevas figuras de contratación para los docentes con menor salario y prestaciones, además exigen creación de plazas para atender los planteles de nueva creación. Por otro lado, han exigido la basificación de 200 trabajadoras de intendencia quienes se organizaron y han ganado en Tribunales el reconocimiento de la relación laboral con el Instituto que se les había negado, sin embargo, las autoridades han puesto trabas para hacer real ese reconocimiento de derechos.
Los atropellos y la falta de derechos de los últimos años trajeron consigo miles de nuevos juicios laborales, teniendo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, un atraso de 60 mil expedientes, según lo declarado por sus directivos. El pasivo laboral creció enormemente (el presupuesto necesario para pagar condenas derivadas de juicios laborales), pero no hay presupuesto para atenderlo, las propias autoridades han reconocido más de 7 mil laudos firmes por acatar. Negando nuevamente los derechos a la base trabajadora.
El outsourcing nunca se fue, los trabajadores de intendencia en su mayoría mujeres han denunciado en la última década que existe la semiesclavitud en la ciudad, pues para llegar a fin de mes trabajan entre 12 y 14 horas diarias por un salario menor a 7 mil pesos, mientras se mantienen los enormes sueldos a los altos funcionarios.
A los trabajadores precarios, quienes realizan funciones esenciales para sostener la vida de la Ciudad, se les niega el reconocimiento como trabajadores por lo que carecen de todo derecho laboral; se les usa para tareas por fuera de sus funciones, incluso sus trabajadoras y trabajadores han denunciado como les obligan a tareas con fines proselitistas -como hoy lo denuncia y documenta Marcelo Ebrad, a pesar de que fue una situación que también marcó su gobierno-.
Un caso testigo de las injusticias de la Austeridad
Libia Galicia Galicia fue fundadora de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF de Milpa Alta. Trabajó ahí durante 20 años como terapeuta física con atención a personas con discapacidad permanente o transitoria, firmaba un contrato de honorarios mes con mes por menos de 6 mil pesos, sin ningún derecho laboral, como seguridad social, aguinaldo y vacaciones.
En enero de 2019 fue despedida sin justificación, argumentando que su contrato se había terminado y que su salida era consecuencia de recortes de la aplicación de la política de “Austeridad Republicana” mandatada por el gobierno de la 4T, además se le negó el pago de una liquidación.
Tuvo que transcurrir un juicio de 4 años para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dictaminará un laudo favorable, donde se reconoce que por 20 años el DIF de la CDMX, y por tanto el Gobierno de la Ciudad de México como patronal, violó los derechos laborales de Libia y la despidió injustificadamente.
El caso de Libia no es aislado, en 2019 el DIF de la CDMX despidió alrededor de 700 trabajadoras y trabajadores en las mismas condiciones de contratación y siguen siendo decenas de miles de personas las que trabajan sin derechos laborales debido a sus contrataciones simuladas.
Montserrat Jiménez, despedida por levantar la voz
Montserrat, socióloga de profesión por la UNAM, trabajó promoviendo derechos con niñas, niños y adolescentes en los centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante 10 años, al igual que Libia no tenía derechos laborales y firmaba contrato a mes vencido. A la llegada del gobierno de la 4T se inconformó con el recorte de 20% salarial que pretendieron hacer, se solidarizó con Libia y otros despedidos, por lo que vivió hostigamiento laboral por dos años. En febrero de 2022, decidió demandar legalmente el reconocimiento de la relación laboral con el Sistema DIF y como respuesta en junio del mismo año decidieron despedirle.
Monserrat trabajo con niñas, niños y adolescentes, alentándolos a defender sus derechos humanos, pero durante esos años vivió sistematicamente la violanción a sus derechos, de la misma forma que Libia firmaba contrato mes con mes, no contaba con seguridad social, vacaciones o aguinaldo y a pesar de estar expuesta a los riesgos del trabajo de campo, siendo parte de la primera línea durante la pandemia en kioscos de detección Covid o vacunación, incluyendo asaltos, balaceras, acoso sexual, ni siquiera contaba con servicio de salud.
A Montse la despidieron por exigir derechos laborales, lo confirmaron las autoridades del DIF al momento de su despido y esto fue aceptado en plena mesa de diálogo en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Dónde se negaron a recontratarle. Montserrat Jiménez no se amedrentó y continúa luchando por su reinstalación y por plenos derechos laborales.
#QueremosTrabajoDigno
En medio de un escenario de confrontación entre el gobierno y los partidos de derecha rumbo a la elección presidencial de 2024, trabajadores y trabajadoras que vivimos bajo la precarización laboral en las dependencias de gobierno de la Ciudad convocamos a sumarse a la agrupación Queremos Trabajo Digno y su campaña por plenos derechos laborales. Hoy los partidos pueden hacer enormes promesas, pero la realidad es que a los trabajadores, nunca nos han regalado nada y al contrario, todos los partidos del congreso se han hecho parte de los ataques, por lo que hoy tenemos el enorme desafío de organizarnos y coordinarnos con independencia de los partidos y el régimen frente a los agravios.
Es por ello que las y los invitamos a exigir y luchar por:
Plenos derechos laborales.
Aumento salarial de emergencia.
Alto a los despidos y hostigamiento laboral.
No al gasto militar, si al presupuesto para derechos laborales, salud y educación.
¡Basificación ya!
Por el respeto a las licencias de maternidad y de cuidados, por guarderías y estancias infantiles para todas las y los trabajadores.
Más información: Alejandra Sepúlveda 5527622684 y Flora Aco 5545180668
