Violencia Estatal. Denunciaron a Vidal y Ritondo por abandono de personas seguido de muerte

Este miércoles, en el Juzgado Federal en Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora, se radicó una denuncia penal contra la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia Gustavo Ferrari.

La presentación estuvo a cargo del diputado nacional Horacio Pietragalla Corti (FpV-PJ), quien confirmó a través de su cuenta de Twitter que denunció a Vidal, Ritondo y Ferrari “por abandono de personas seguido de muerte y estrago, debido a su responsabilidad en la muerte de diez personas en la Masacre de Esteban Echeverría, la más grave de la historia en una Comisaría”.

Hoy denuncié a Vidal, Ritondo y Ferrari por abandono de personas seguido de muerte y estrago, debido a su responsabilidad en la muerte de diez personas en la Masacre de Esteban Echeverría, la más grave de la historia en una Comisaría. pic.twitter.com/csQl2vT97O

— Horacio Pietragalla (@pietragallahora) 26 de diciembre de 2018

Como ya relató este diario, los hechos ocurridos la noche del 15 de noviembre en los calabozos de la Comisaría Tercera de esa localidad del sur del Conurbano Bonaerense concentran una batería de irregularidades y desidias de parte de las autoridades provinciales, todas las cuales ayudaron a que se produzca un crimen estatal, evitable desde todo punto de vista.

El saldo de diez víctimas fatales (contabilizadas hasta el momento) ya configura al hecho como la mayor masacre en comisarías de Argentina, al menos desde 1983 a la fecha. Pero además las víctimas se encontraban en los calabozos de una dependencia policial que estaba desde hacía meses formalmente inhabilitada por el Poder Judicial para albergar personas detenidas.

Leé también E. Echeverría: mil personas contra Vidal y Ritondo a un mes de la masacre de la comisaría

Vidal, Ritondo y Ferrari no solo incumplieron con los fallos judiciales y las advertencias de organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, sino que una vez sucedida la masacre se llamaron a silencio y hasta el momento no dieron ninguna explicación.

Pietragalla denunció que “las familias de las personas que fallecieron exigen justicia. Las autoridades ni se pronunciaron sobre el hecho. Salvo Ritondo, que poco antes dijo ‘mejor amontonados que libres’. Piensan también que mejor quemados que libres?”

La Gobernación provincial había sido alertada en varias oportunidades, desde por lo menos un año antes de la masacre, que había decenas de detenidos en dependencias que están clausurados. Sin embargo nunca activaron ninguna medida para terminar con esa peligrosa irregularidad. “Estamos frente a la masacre en Comisaría más grave de la historia, que puede repetirse en cualquier momento ya que la situación estructural es gravísima”, afirmó en ese sentido el diputado denunciante.

Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello fallecieron producto de las quemaduras recibidas durante el incendio de los calabozos. Cuatro murieron de inmediato. En los días siguientes fue muriendo el resto. Argüello fue el último, el martes 11 de diciembre.

Según relataron familiares de las víctimas y sobrevivientes (había 27 detenidos en ese momento), al momento de iniciarse el incendio el personal policial decidió conscientemente dejar que el fuego avance sobre las personas encerradas, no solo sin auxiliarlas sino además cortando la luz y cerrando la llave de paso de agua para evitar que los mismos detenidos pudieran combatir las llamas. Incluso hay quienes aseguran que mientras todo eso sucedía los policías les decían “van a morir como ratas”.

Un dato completa el panorama. Lejos de ser criminales de guerra, genocidas o magnates del gran delito organizado, tanto sobre las diez víctimas fatales como sobre sus compañeros pesan procesos abiertos (sin condena) por delitos que en muchos casos ni siquiera ameritan una prisión preventiva. Por caso, Argüello y Sánchez habían sido aprehendidos por la Policía acusados de “tenencia de estupefacientes”, un delito cuyas penas, en caso de ser hallados “culpables”, podrían incluso haber resultado excarcelables. Perdieron sus vidas presos y sin condena.

Durante todas esas semanas, y hasta hoy, ni las familias de la víctimas ni los sobrevivientes recibieron un mensaje de explicación por parte de las autoridades, quienes evidentemente decidieron sumar a la desidia y la ilegalidad, el desprecio absoluto a la vida humana.

Pietragalla afirma en su denuncia penal que los hechos (que relata con detalle) “pueden constituir, respecto de la Sra. María Eugenia Vidal, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y el Sr. Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el delito de abandono de persona seguido de muerte (Art. 106, 3er. Párrafo del C.P.), entre otros delitos”.

En tal sentido solicita que “se realicen las medidas de prueba que resulten conducentes” y que se “se reciba declaración indagatoria a las personas imputadas, disponiéndose oportunamente su procesamiento y su correspondiente elevación a juicio”.