Desde Renovación Nacional (RN), partido responsable político de las violaciones a DDHH del gobierno de Sebastián Piñera, buscan poner en cuestión las pensiones de gracia entregadas por la Justicia a víctimas durante la rebelión del 2019.
Camilo Jofré Profesor, militante del PTR e integrante de la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase.
Domingo 17 de septiembre de 2023
La ofensiva de la derecha contra quienes se movilizaron el 2019 y sufrieron diferente tipos de vejámenes por parte del Estado, los cuales constatan que en Chile existieron violaciones a los derechos humanos, sigue en pie.
Esta vez, diputados de RN solicitan a Contraloría una auditoría general, donde buscan revisar cada caso sobre las pensiones de gracia entregadas a quienes fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la rebelión popular.
Los parlamentarios que solicitaron la auditoría son Andres Longton, Hugo Rey, Ximena Ossandon y Sofía Cid. Todos integrantes del mismo partido del principal responsable de violaciones a los DDHH, Sebastian Piñera. Todo lo contrario a los discursos sobre “justicia”, buscan mantener la política de criminalización a quienes se movilizan.
Dentro de las pensiones de gracia, se han entregado 418 en total, lo cual es un número absolutamente reducido, contabilizando las torturas, violaciones y mutilaciones de las que fueron parte los agentes represivos del Estado, tanto militares como carabineros. Según la derecha, estos beneficios habría que cuestionarse, puesto que el 10% de quienes fueron afectados, tenían antecedentes penales. Algo completamente irrisorio, siendo que su candidato presidencial estuvo prófugo por el fraude del Banco de Talca, además de que sigue recibiendo una pensión vitalicia después de los crímenes de los cuales estuvo a la cabeza el 2019.
Lejos de ser un “demócrata”, como lo tilda el presidente Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, Sebastian Piñera debiera estar tras las rejas cumpliendo castigo por la responsabilidad que costó más de 40 muertes de trabajadores, pobladores y sectores populares. Pese a todo esto, caso de mutilaciones se siguen registrando, como lo sucedido con Denisse Figueroa, pero ahora estas acciones las lleva adelante el gobierno de Gabriel Boric.
Con un gobierno que sigue abriéndole el camino a la derecha, es difícil creer que estos últimos no salgan a la ofensiva, tal como se refleja en todas las enmiendas aprobadas para el próximo fraude constitucional. Es un claro ejemplo, que el gobierno al llevar adelante la agenda de la derecha, siga profundizando el desvío y entregándoles en sus manos los futuros del país a quienes velan por los intereses de los grandes grupos empresariales del país.
