Según el grupo de abogados de la Unión Nacional de Trabajadores, la nueva ley de seguridad interior condiciona el derecho a huelga.
Miércoles 20 de diciembre de 2017
La nueva Ley de Seguridad Interior ha conquistado el repudio de diversas organizaciones de derechos humanos. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Organización de las Naciones Unidas, todas insisten en que dicha ley es una estado de “excepción” para las libertades democráticas.
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Pero, ¿qué significado tiene esto para las organizaciones sindicales?
Según los abogados Héctor Barba García y Héctor Solano, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en el artículo 18 de la Nueva Ley de Seguridad Interior se dice: “las movilizaciones por protesta social o las que tengan un eje político electoral que se realicen de acuerdo con la constitución bajo ninguna circunstancia como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser una declaratoria de seguridad interior”.
En dicho apartado se dice que es una amenaza aquello que rompa por la seguridad interior si rompe la legalidad constitucional y con ello una huelga será un problema de seguridad nacional.
Entendámonos. Si eres un trabajador en un valle de Baja California, un jornalero, o maquiladora en Ciudad Juárez y decides impulsar un movimiento de huelga sin antes al menos emplazar a la junta a tener derecho a un paro, entonces tu movimiento es una amenaza a la seguridad nacional.
Para el equipo jurídico de la UNT, el artículo 18 de la nueva ley de seguridad interior podría interpretar movimientos huelguísticos como una amenaza a la seguridad y el Ejército puede usar las armas para su disolución.
Ante la Ley de Seguridad Interior, poner en pie un movimiento contra la militarización
Eso ya sucede en México. Recientemente en Guerrero el Ejército y paramilitares reprimieron a los mineros de Cocula. Dos mineros, hermanos, perdieron la vida. Los maestros democráticos, los telefonistas, los compañeros de la nueva central, los mineros y los movimientos que enfrentan a la CTM debemos defender las mínimas libertades democráticas y exigir un alto a Ley de Seguridad Interior, la desmilitarización inmediata del país y un alto a la criminalización de la protesta social.
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