El 1 de agosto el Senado deberá dictaminar sobre el proyecto de legalización que llegó de Diputados. Qué dicen quienes promueven cambios a la ley.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Viernes 20 de julio de 2018 11:59
El próximo 1 de agosto el Senado de la Nación deberá dictaminar sobre el proyecto de legalización del aborto que llegó de la Cámara de Diputados con media sanción. Mientras la jerarquía de la Iglesia profundiza el lobby parlamentario para que se rechace el proyecto, los senadores por Córdoba, Carlos Caserio, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, buscan ponerse en el centro de la escena con un dictamen que propondría una “salida alternativa”. La iniciativa, se rumorea, bajaría el plazo para acceder a la interrupción del embarazo de 14 a 12 semanas, incorporaría la objeción de conciencia institucional y la producción estatal de misoprostol.
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Quienes siguen el ya famoso “poroteo” estiman por estas horas que son 31 senadores y senadoras los que están en contra del proyecto de ley, 28 los que estarían a favor y 13 los que estarían “dudosos” o condicionarían su voto a cambios en el proyecto. Con 72 integrantes, la aprobación definitiva de la ley necesita de al menos 37 votos ya que, se sabe, en caso de empate la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, a cargo de la Cámara alta, definiría con su voto en contra de este derecho.
Utilizando el criterio de la “transversalidad” para legitimar la propuesta, se comenta que el dictamen llevaría la firma de los cordobeses Carlos Caserio (presidente del PJ en la provincia), Ernesto Martínez (Frente Cívico de Córdoba, alineado con Cambiemos) y Laura Rodríguez Machado (PRO), aunque se estaría haciendo circular en algunos despachos, para buscar más adhesiones a la hora de presentarlo ante el plenario de comisiones.
Además de la modificación del plazo de las semanas para acceder a la práctica, pasando de 14 a 12, el dictamen eliminaría la imputación penal para los profesionales de la salud que dilaten, obstaculicen o se nieguen a garantizar el aborto, que establece el artículo 2 del proyecto proveniente de la Cámara baja, que también contempla un agravante si el resultado es un perjuicio para la salud de la persona gestante.
También según los rumores, los senadores cordobeses buscarían endurecer las penas para los profesionales de la salud que practiquen un aborto o colaboren a causarlo en los casos que sí son punibles con el consentimiento de la mujer, como por ejemplo podría suceder en el caso de un aborto practicado por libre decisión luego de los plazos establecidos.
Otro dato preocupante es que habilitaría también la objeción de conciencia institucional, que promueven los grupos fundamentalistas vinculados a la jerarquía de la Iglesia y representantes de éstos en clínicas y hospitales, como también se dejó entrever en estos días en las audiencias del Senado.
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Según trascendió también, el proyecto promovería además la creación de una partida presupuestaria para financiar la ley y la producción y el envío a los hospitales públicos del Misoprostol y otras monodrogas por parte del Estado, para la práctica de aborto por la vía medicamentosa.
No puede ocultarse sin embargo que el aliento a estos cambios también es parte de la estrategia diseñada por quienes se oponen a la legalización, para dilatar y obturar el debate, al tiempo que se promueve la apertura del camino hacia nuevas negociaciones y lobys que puedan restringir más aún el contenido de la ley. Un mensaje que, más que mensaje, debe ser leerse como un alerta, ya que augura nuevas maniobras y espúreos acuerdos entre los bloques mayoritarios, más preocupados por el escenario electoral que seguirá al debate del aborto y el presupuesto 2019 que por los derechos de las mujeres.
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El resultado nuevamente está en manos de los centenares de miles de personas que salieron a las calles el pasado 13J, arrancando la media sanción al Congreso Nacional. Esas miles, millones de mujeres que no aceptan ser convertidas en "las criadas" de la novela de Atwood, tienen un enorme para el desafío el próximo 8 de agosto, día en que la legalización se debatirá en el Senado.
Desde ahora, en los lugares de estudio y de trabajo, en los barrios y en los sindicatos, esa fuerza debe profundizarse para arrancar el derecho a que no haya una sola muerta más, con una multitudinaria movilización y un gran paro nacional que impida a la jerarquía de la Iglesia y a los sectores más reaccionarios que se salgan con la suya.
