El pasado martes se aprobó en la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional la iniciativa de norma constituyente sobre "derechos de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales", que aborda el derecho de propiedad. Esto generó la reacción de los empresarios de la minería y forestales, quienes advirtieron que no hay un catastro sobre los proyectos emplazados en terrenos indígenas.
Jueves 27 de enero de 2022
La iniciativa de norma "derechos de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales" fue ingresada en la Convención el pasado 28 de diciembre. Esta aborda el derecho de propiedad de los pueblos ancestrales en el territorio. El pasado martes fue aprobada por la Comisión de Medioambiente en forma general, y pasará a ser votada en particular.
En el articulado de la propuesta, se señala que "los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y el territorio actual o tradicionalmente han ocupado" y que este "cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos y naciones preexistentes al Estado ocupan o utilizan, o han poseído, ocupado, utilizado o adquirido de alguna manera, incluyendo el suelo, el subsuelo y los recursos y bienes naturales".
El texto emplaza al Estado para que reconozca, respete, proteja y garantice los derechos y que las tierras y territorios indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidad eso personas indígenas del mismo pueblo".
Uno de los artículos que pone en conflicto la relación actual del empresariado con las comunidades indígenas es el segundo, el cual señala nulidad a la explotación de empresas que explotan y exploran el recurso y bienes del territorio ancestral: "Decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas".
Reacciones en el empresariado
Lo cierto es que esta discusión no cayó indiferente al mundo empresarial. La primera crítica fue desde la Sociedad Nacional de Minería, cuyo presidente Diego Hernández reacción con duras críticas, señalando que "es una mala señal y no contribuye en nada a generar el clima de certeza jurídica que necesita la industria minera". Agregó que de aprobarse la norma, aumentaría la judicialización de los proyectos.
La segunda reacción, desde el empresariado forestal fue más dirigida al diálogo tras el conflicto histórico con el pueblo mapuche, el cual hoy se mantiene en un estado de catástrofe en la zona macro sur y con un nuevo movimiento mapuche que se intensificó tras la rebelión de octubre del 2019. Es por esto que el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, planteó que al discutirse la norma ésta sea discutida "con participación de todos los actores antes de su ingreso al plenario", en donde instó en "colaborar" con la Convención desde las propuestas que han hecho llegar.
