Durante las últimas semanas una serie de hechos han reabierto el tema de la violación a los derechos humanos, provocando un fuerte impacto en el debate público y la reapertura de discusiones y balances en los partidos políticos, organismos de derechos humanos y la sociedad en general.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Domingo 16 de agosto de 2015
La violación a los derechos humanos es uno de los temas que la transición pactada a la democracia, que se llevó adelante a partir del acuerdo entre la concertación, la derecha y los militares, intentó cerrar con medidas de reparación hacia las víctimas y sus familiares, pero sobre todo con impunidad.
Esto significó que se mantuvieran leyes fundamentales como la Amnistía, que Pinochet siguiera siendo comandante en jefe del Ejército y que tanto él como otros militares responsables de violaciones a los derechos humanos se mantuvieran activos, como también muchas de las redes de ex agentes de la dictadura. Todo esto, para mantener la estabilidad económica, el modelo neoliberal y la gobernabilidad que querían la concertación y la derecha, que se basó en tratar de “dar vuelta la hoja”, hacer justicia solo en casos específicos o en la “medida de lo posible” como señalaba Aylwin y en reconciliarse, lo que en palabras simples significaba impunidad.
Así, la lucha por la verdad, la justicia y el castigo, que llevaron adelante las organizaciones de derechos humanos e importantes sectores de la sociedad, se veía coartado por las políticas del régimen pinochetista-concertacionista, que se instaló tras la transición pactada. Como señalamos, el objetivo del régimen y de la Concertación, era impedir cualquier inestabilidad, no tener problemas con los militares y administrar el sistema económico neoliberal, que incluso se profundizó en varios de sus gobiernos con las privatizaciones y otras políticas. También se buscaba preservar y fortalecer a las propias fuerzas armadas y carabineros, que estaban cuestionadas y con bajos índices de aprobación.
Los militares negaron siempre la violación a los derechos humanos, a lo más la justificaban como una guerra, mientras mentían, ocultaban información y mantenían sus redes de represión. Así como inventaron pruebas y documentación en dictadura, diciendo que los detenidos desaparecidos estaban vivos o fabricando historias como el caso de los 119 para ocultar sus crímenes y asesinatos, lo siguieron haciendo en democracia. Ante la aparición del informe Rettig lo negaban. Así como negaban haber matado, torturado, exiliado, desaparecido o violado a miles de mujeres y hombres que se opusieron a la dictadura. y también presionaban para impedir que se investigara, haciendo ejercicios de enlace o boinazos para mostrar su poder y amenaza.
Aun hoy se mantienen muchos en esa política, según el hijo de Manuel Contreras muchos militares activos y retirados, incluso altos mandos, participaron del funeral de su padre, uno de los principales responsables del asesinato, tortura y represión en la dictadura.
La derecha también era parte de ese discurso y política de justificación y negación, defendiendo a los militares y a Pinochet, negando información, a lo más señalando que fue parte del contexto, justificando, como dicen en un documento de la UDI “no hay registro histórico de que una conmoción de esa magnitud tenga lugar sin que deban lamentarse situaciones trágicas e injustas”, también señalaban que “durante el Gobierno Militar chileno, a diferencia de tantos otros casos latinoamericanos y mundiales, la situación de los derechos humanos, en vez de empeorar con el curso del tiempo, fue mejorando significativamente, hasta traspasar el poder al nuevo gobierno en condiciones de indiscutible normalidad constitucional”. Además de no hablar de dictadura, que es lo que fue, la UDI quiere hacernos creer que los derechos humanos fueron “mejorando” se olvidan de las decenas de muertos en las protestas, de los degollados, del caso quemados, de los miles de relegados y tantas otras violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de los 17 años de dictadura (http://www.udi.cl/sitio/wp-content/uploads/2009/03/la_paz_ahora_propuesta_ddhh_udi_2003.pdf). No fue muy distinta la posición de RN, que también tuvo al igual que la UDI varios funcionarios que fueron parte de la dictadura, que negaron la violación de derechos humanos o la justificaron.
Por parte de la Concertación no solo aceptaron la transición sino que también la impunidad en que quedó gran parte de los violadores a derechos humanos, siendo incluso parte de la defensa por traer a Pinochet a Chile ante el juicio que se estaba llevando adelante en Londres, para no molestar a los militares ni la derecha.
La reapertura del debate sobre derechos humanos
Las revelaciones que hiciera el conscripto Fernando Guzmán hace algunas semanas atrás, señalando el pacto de silencio que se mantuvo durante 29 años sobre el caso “quemados” que significó ocultar la verdad sobre lo que sucedió con Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, quienes fueron quemados vivos por una patrulla militar, pero que en la época los militares y medios de comunicación oficiales intentaron hacer creer que se habían incendiado por que portaban bombas molotov. A pesar de que los hechos siempre fueron narrados por Carmen Gloria y que el propio Rodrigo alcanzó a dar testimonio antes de morir, además de muchos testigos que fueron amenazados, la justicia –civil y militar- dejó el caso en la impunidad, hasta que este se reabrió con el testimonio de Guzmán y el procesamiento a 11 militares por parte del Juez Carroza.
A partir de este caso, se han generado muchos debates y críticas de organismos de derechos humanos y familiares, no solo a los pactos de silencio, la complicidad y ocultamiento de los militares, sino también las políticas que todos los gobiernos de la postdictadura llevaron adelante sobre los derechos humanos.
Por otro lado, la justicia viene avanzando el dictar condenas en varios juicios, como la reciente ante el caso del asesinato en manos del mismo ejército del químico de la DINA Eugenio Berríos y ante la cual se suicidó el general Hernán Ramírez Rurange, para no cumplir condena. Aun con los avances parciales de las condenas, lo cierto es que en los miles de juicios abiertos, muy pocos tienen sentencia y si los tienen, casi siempre afecta a los mismos, habiendo poco más de 70 militares condenados y en prisión, cuando fueron miles los que participaron de la violación a los derechos humanos.
Hoy se está discutiendo sobre proyectos para degradar a los militares que estén implicados en violación a los derechos humanos, cerrar Punta Peuco, que se terminen los pactos de silencio o que se abran los testimonios del Informe Valech que durante el gobierno de Lagos se planteó que estuvieran guardados por 50 años. Son todas medidas de un régimen deslegitimado, que ante el fuerte cuestionamiento a sus políticas debe responder, aunque con medidas parciales y cosméticas, como son todas sus reformas.
También, desde el gobierno se están impulsando una unidad de derechos humanos encabezada por el ex magistrado Alejandro Solís, para buscar facilitar la entrega de información de las fuerzas armada.
Verdad, cárcel y castigo
Las distintas organizaciones de derechos humanos vienen llevando adelante una larga lucha por verdad, justicia y castigo. No solo buscan conocer la verdad o el destino de sus familiares sino sobre todo que haya justicia y castigo efectivo en la cárcel.
Así, ante la muerte de Manuel Contreras, la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos señala que “Rodeado por sus familiares más cercanos, sedado para evitarle dolores físicos, conservando su grado de General de la República, asistido en uno de los hospitales con mayor cantidad de recursos técnicos para la sobrevivencia, muere el genocida Manuel Contreras Sepúlveda”. Por eso indican que “A pesar de ser condenado bajo los cánones de justicia tradicionales, muere sin ser degradado; muere sometido a tratamientos especiales de reclusión; muere en una sofisticada impunidad que ni le impide reunirse con su familia ni amistades; muere, hasta hace poco, asistido por abogados costeados mediante descuentos por planilla a funcionarios de las FFAA; muere como el máximo representante del llamado pacto de silencio, todo esto con la anuencia de quienes aceptaron la creación de cárceles especiales para los violadores de derechos humanos, por quienes se han negado a degradarlos a pesar de los crímenes horrendos cometidos, por quienes ha aceptado se les realicen homenajes y gratifique con medallas alusivas al golpe a quienes se suponen merecedores por servicios a la Patria, por quienes en una actitud que refuerza el pacto de silencio, legislan a favor del mismo imponiendo 50 años de resguardo de los nombres de los perpetradores”. Por eso plantean que sigue la impunidad y es necesario terminar con ella.
En el caso de Londres 38, se señala que “Contreras pudo haber entregado información que ayudara a determinar la verdad sobre el destino final de los detenidos desaparecidos, así como las circunstancias de la muerte de centenares de personas asesinadas por el organismo represivo que encabezó. Pero prefirió el silencio, el que a su vez encontró complicidad en los mandos de las Fuerzas Armadas, así como en las autoridades postdictatoriales, que optaron por hacer justicia solo "en la medida de lo posible"” por eso plantean que “las autoridades políticas tienen la responsabilidad histórica de ponerle fin y abrir paso a la verdad y la justicia, disponiendo las medidas necesarias para que los actuales mandos de las Fuerzas Armadas, policiales y de inteligencia entreguen toda la información sobre la represión, que aún poseen”.
Por otro lado, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos inició una campaña para que se degrade a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. También distintos sitios de derechos humanos exigen derogar el artículo que impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura, para que los jueces “tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de los testimonios recogidos por la comisión”, además de permitir el mayor acceso al público de los archivos y que se impida a las fuerzas armadas “destruir o eliminar archivos de la represión”, también exigen que la presidenta que obligue a las fuerzas armadas a entregar información, aumentar las penas por delitos de lesa humanidad, degradar a los militares condenados, el cierre inmediato de cárcel especial Punta Peuco y traslado de condenados a cárcel común de máxima seguridad, entre otras cosas. Esta declaración es firmada por 3 y 4 Álamos, Agrupación de Mujeres EXPP de Magallanes (73-74) - Casa de los DDHH de Punta Arenas; Agrupación por la Memoria Histórica Providencia, Antofagasta; Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy; Casa de la Memoria de los derechos humanos, Valdivia; Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos; Corporación Memorial Paine, Un lugar para la memoria, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Londres 38, espacio de memorias, entre otras.
Lo cierto es que ni la derecha ni la Nueva Mayoría pueden resolver efectivamente el tema de los derechos humanos, porque implica desmantelar una más de las herencias de la dictadura, al igual que las que perviven en la educación, la salud, el código laboral y otras. Hay que luchar para que efectivamente se termine con todos los pactos de impunidad, el castigo y cárcel para todos los implicados en violación a los derechos humanos, como también los colaboradores civiles que ayudaron a ocultar o silenciaron lo ocurrido. El cierre de Punta Peuco y traslado a cárceles comunes, apertura de todos los archivos, entre otras medidas.
Foto: Londres 38
