En una audiencia virtual realizada este lunes, el juez penal Gregor Joos pidió un cuarto intermedio para expedirse sobre la impugnación presentada por la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero a la orden de desalojo dictada por el juez de Viedma Ricardo Calcagno. Mientras tanto pidió que se abra un diálogo entre las partes. El empresario Rocco insiste con el pedido de desalojar. Sigue la amenaza represiva sobre la comunidad.
Ulises Crauchuk Corresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk
Lunes 27 de diciembre de 2021 14:48
A pedido de la comunidad mapuche, a las 10:30 de este lunes comenzó la audiencia de impugnación del desalojo de la lof Quemquentrew resuelta por el Juez Calcagno desde el 23 de diciembre. La audiencia, presidida por el juez penal Gregor Joos, contó con la presencia de miembros de la comunidad, su abogada Andrea Reile, la fiscal Betiana Cendón y el abogado que patrocina al empresario Ricardo Rocco y a uno de los asesinos de Elías Garay, Ernesto Saavedra.
Esta audiencia es producto de la negativa del Poder Judicial a abrir una mesa de diálogo para dirimir el conflicto, pese al pedido del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI,) del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y de organismos de derechos humanos como la APDH, el CELS y otros. Como recordó la doctora Reile, es también un pedido de la propia comunidad desde el inicio del conflicto.
Reile planteó la contraposición existente entre el derecho penal (al que la fiscal y el abogado Saavedra apelaron una y otra vez y que funcionarios del fuero penal avalan al desarrollar esta instancia) y el derecho indígena reconocido por el propio Estado en la Constitución, en infinidad de leyes y pactos internacionales. Por ello, planteó la necesidad de que el tema sea tratado en el fuero administrativo y no penal, algo en lo que coinciden los organismos de derechos humanos ajustando a la legislación vigente en lo referente a comunidades indígenas.
Sin embargo, desde un principio, el Poder Judicial se negó a ello y buscó resolver el conflicto con una salida represiva, sitiando el predio con la Policía provincial, situación que derivó en la “zona liberada” en la que Martín Feilberg y Diego Ravasio, dos sicarios empleados de Rocco, asesinaron a Elías Garay e hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera.
De hecho, en la causa abierta por el asesinato de Elías, ambas partes cumplen roles invertidos a los de la causa por el desalojo. La querella del empresario Rocco que pide el desalojo está represetnada por el mismo abogado que defiende al sicario Feilberg y la defensa de la comunidad mapuche es querellante junto a la fiscal Cendón en la causa por el crimen.
En la causa por la ocupación del territorio por parte de la comunidad mapuche, los argumentos de Rocco (que aduce la propiedad de las tierras) y de la fiscal Cendón (en todo actuaron en tándem) giran en torno la necesidad del desalojo a fin de “cesar la comisión de un delito”. El mismo sería el delito de usurpación que afectaría económicamente a Rocco al no poder acceder a explotar el recurso forestal.
Lo cierto es que mas alla del reconocimiento citado por Saavedra de la condición de Rocco como “tenedor” del territorio en cuestión, no existe un solo legajo en la oficina de tierras que haga constatar este hecho, sino una serie de "documentos" exhibidos por el mismo de dudosa legalidad, como recordó Reile en la audiencia de este lunes.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 13. Luego, el juez Gregor Joos planteó un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves 30 al mediodía, proponiéndoles a las "partes" llegar a un acuerdo de cara a la resolución pacífica del conflicto, sin necesidad de desalojar.
La decisión respondió a los canales de diálogo abiertos entre las partes desde hace dos meses por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro en la persona del Procurador General, amparándose en el artículo 14 del Código Procesal Penal tendiente a resolver el conflicto.
Se trata de una nueva dilación que, a todas luces, cayó mal al abogado Saavedra (y a su representado presente en la audiencia), que insistió con el pedido de que se concrete el desalojo como condición para el diálogo, apelando a la "cesación del delito". Reile, por su parte, dejó en claro la suspensión del pedido de desalojo hasta tanto se concrete la audiencia del próximo jueves y la apertura de una mesa de diálogo amplia (incorporando veedores y organismos conocedores de la problemática) para buscar una resolución.
De fracasar la instancia de diálogo propuesta, y de confirmarse por parte de Joos la orden de desalojo dispuesta por su par Calcagno, el desalojo no debería esperar el fin de la feria judicial de verano, sino que su ejecución quedaría en manos de la Secretaría de Seguridad de la provincia.
La audiencia fue seguida por activistas y colaboradores de la comunidad en la plaza Pagano de El Bolsón mientras se realizaba un corte de ruta en el cruce de ruta 40 y 6, acceso a Cuesta del Ternero, territorio dónde se encuentra la comunidad.
