El miércoles por la mañana efectivos de la policía bonaerense junto con representantes del municipio de Presidente Perón, a cargo de la intendenta Blanca Cantero, incendiaron y destruyeron con topadoras, casillas. Las familias denuncian amenazas del municipio para expulsarlos de terrenos que llevan pagando hace más de un año.
Sábado 15 de junio 16:10
El miércoles por la mañana un operativo policial intentó desalojar alrededor de 50 familias que se asentaban en lotes en la zona del Barrio Las Lomas, algunas llevan construyendo sus casas con los materiales que van pudiendo comprar hace más de un año. En un violento operativo quemaron varias casillas. Consultada por este medio, una vecina relató que “nos levantamos con los patrulleros entrando al barrio, veíamos cómo sacaban a la gente de sus casas”. Relató que a los efectivos los acompañaba una funcionaria municipal que marcaba las casas que tenían que destruir. Los vecinos denunciaron que no recibieron ningún aviso del desalojo, y los funcionarios presentes sostenían que se debía a que un fiscal lo solicitó “con urgencia". A pesar del reclamo de los vecinos, el gobierno nunca mostró la orden del fiscal ni informó quién es el juez a cargo de la causa. El accionar de Cantero fue violento e ilegal.
Como denunciaron las vecinas afectadas a La Izquierda Diario, las familias compraron los terrenos en los que viven pero desde la intendencia desconocen la legalidad de estas operaciones. Al día siguiente del desalojo un grupo de vecinos se acercó al municipio a buscar una solución, pero la única respuesta que obtuvieron de los funcionarios fue que en los siguientes días volverían para terminar de desalojar a las familias que permanecen en la zona. La situación para estas familias es muy angustiante, muchos quedaron en la calle con sus hijos y sin la posibilidad de pagar un alquiler. En el barrio permanecen varias familias con más de treinta niños. A pesar del desalojo y las amenazas, los vecinos no bajan los brazos y afirman que “estamos todos juntos, nadie nos va a sacar”
El operativo se dió sintonía con el gobierno nacional que sancionó en el Senado la Ley Bases valiéndose de una feroz represión en las calles. El mismo día, Blanca Cantero arremetió contra el derecho a la vivienda de decenas de familias para favorecer al negocio inmobiliario.
En una postal que se repite, en Guernica volvieron las topadoras y los incendios de casillas como los que realizaron Berni y Kicillof en 2020. A cuatro años del brutal desalojo, el gobierno provincial no resolvió el problema habitacional que afectaba a las familias. Desde la gobernación de Kicillof firmaron un acta de para entregar viviendas, pero el compromiso asumido sigue sin cumplirse y las familias en lucha continúan su reclamo.
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Es necesario rodear de solidaridad a las familias afectadas y difundir su situación para evitar que continúen los desalojos.
