En este tiempo resuena con más fuerza el abandono del Estado y la normalización de esta violencia a las familias migrantes, mientras organizaciones de la sociedad civil articulan respuestas de apoyo que son siempre insuficientes.
Martes 11 de mayo de 2021
De: Equipo Colectivo Sin Fronteras
El jueves 6 de mayo pasado, un grupo de 30 familias migrantes, entre las que se encuentran mujeres embarazadas y al menos 11 niños y niñas, sufrieron una grave vulneración de sus derechos dentro de la vivienda colectiva que habitan en el sector de Suárez Mujica y Seminario en la comuna de Ñuñoa.
La alerta de esta vulneración la dieron vecinas y vecinos quienes presenciaron el violento actuar de la inmobiliaria que llegó, con personal policial, a intentar demoler el lugar sin importarles que esa vivienda se encontrase habitada.
La inmobiliaria, si bien adquirió el terreno para la realización de un proyecto, aun se encuentra en una disputa judicial con los actuales habitantes; no consta al día de hoy ninguna orden de desalojo ordenado por tribunal competente.
El actuar de los trabajadores de la inmobiliaria, con la aquiescencia tanto de personal municipal de Seguridad Ciudadana de Ñuñoa y Carabineros de Chile, ingresando ilegalmente a las viviendas y destruyendo parte importante de la techumbre y mobiliario de las habitaciones donde habitan mujeres, niños y niñas migrantes. Este actuar no solo es ilegal y arbitrario, sino que absolutamente vulneratorio de los derechos más básicos de las familias migrantes que residen en el lugar.
De igual forma, de manera absolutamente injustificada, se hizo presente la PDI, solo como un mecanismos de provocación y amedrentamiento de las personas migrantes presentes, ya que no existía ningún motivo para que se encontraren en el lugar.
Una vez que se conglomeró un grupo de vecinos y vecinas del sector, medios de comunicación, y el apoyo jurídico del Colectivo Sin Fronteras, quienes informaron que el procedimiento no contaba con la autorización judicial correspondiente, los trabajadores de la Inmobiliaria, Seguridad Ciudadana, Carabineros y PDI se retiraron del lugar sin dar mayores explicaciones. Pero el daño ya estaba hecho. Hubo grave destrucción del lugar en que habitaban mujeres, niños y niñas migrantes, obligándolos a estar en la intemperie y sin acceso a servicios básicos, en un procedimiento no solo ilegal, sino que además incumple los estándares internacionales sobre desalojos forzosos, los que deben tenerse con aún más atención en poblaciones altamente vulnerables como las familias migrantes, debiendo el Estado, y cada uno de sus funcionarios y funcionarias, un deber especial de protección.
El mismo día 6 de mayo, en forma paralela, el Colectivo Sin Fronteras recibió otra denuncia por arriendos abusivos e intimidación a familias migrantes en la comuna de Independencia. En este caso 11 familias, que por pandemia quedaron con dificultades económicas, fueron amenazadas de ser denunciadas a la PDI para ser expulsadas de Chile y amedrentadas por personas vestidas de personal de seguridad enviadas por el arrendador. Estas familias habían solicitado apoyo a la Municipalidad de Independencia y fueron referidas a Carabineros.
En estos casos se asocia además la violencia de las políticas migratorias que han dejado y dejan fuera de la regularización migratoria a miles de migrantes, lo que provoca imposibilidad de trabajar y/o participar de las políticas de protección del Estado.
En años anteriores, distintas municipalidades en la Región Metropolitana, como en otras regiones, desarrollaron políticas de desalojos de familias migrantes, procedimientos que no consideran los resguardos de derechos básicos de las familias en contextos de desalojos. En este tiempo resuena con más fuerza el abandono del Estado y la normalización de esta violencia a las familias migrantes, mientras organizaciones de la sociedad civil articulan respuestas de apoyo que son siempre insuficientes.
