Los bloques mayoritarios aprobaron prorrogar la suspensión de los desalojos, pero excluyeron de la medida a la mayoría de las tomas que se realizaron este año. El diputado Dellecarbonara cuestionó duramente esta modificación.
Jueves 17 de septiembre de 2020 21:00
Claudio Dellecarbonara "Las tomas que se proponen desalojar son de los más pobres entre los pobres" - YouTube
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, aprobó en la sesión de este jueves la ley que prórroga la suspensión de los desalojos hasta el 21 de marzo de 2021. Sin embargo, el oficialismo del Frente de Todos acordó la incorporación propuesta por Juntos por el Cambio, de un artículo que exceptua de esa suspensión a las ocupaciones que se dieron después del decreto provincial que dispone la emergencia sanitaria.
Es decir, se retira el amparo legal que les daba la anterior normativa, sobre todas las tomas realizadas después del 12 de marzo del corriente año. Como afirmó el diputado Daniel Lipovetzky de JxC, se trata de una modificación que pretende deliberadamente dejar sin amparo a las ocupaciones de tierras que miles de familias llevaron adelante por necesidad de vivienda en el último tiempo. Con esta votación, oficialismo y oposición demostraron no tener grietas al momento de decidir los desalojos de quienes no tienen techo.
Al respecto el diputado del Frente de Izquierda, Claudio Dellecarbonara afirmó, "me parece un agravio a las miles de familias que se encuentran reclamando por su derecho a la vivienda, que en un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se haya consensuado la incorporación de un artículo que borra de un plumazo el espíritu original de la ley. Ya no estamos votando una prorroga a la suspensión de los desalojos, sino una nueva ley que deja a merced de la Justicia todas las tomas de tierra que se produjeron en los últimos meses.
Ni hablar del proyecto presentado por Juntos por el Cambio que pretende declarar la emergencia en materia de usurpaciones, considerando las tomas como un “flajelo”, una “conducta criminal”, una “turbación al derecho a la propiedad privada” e intentando facultar a los jueces para desalojarlas sin ninguna obligación previa de notificación.
Una Justicia que ya dispuso el desalojo en Guernica, donde más de 2500 familias, con 3 mil niñes, se vieron en la necesidad de ocupar terrenos sin dueños conocidos, porque se quedaron sin un lugar donde vivir en medio de la pandemia. En Guernica, como en las decenas de tomas que hubo desde que el gobierno dispuso el Aislamiento Obligatorio, la inmensa mayoría son trabajadores informales, changarines, feriantes, trabajadoras domésticas.
Son vecinos que alquilaban y no pudieron pagar más el alquiler a partir de la crisis del Covid-19. Hay muchas mujeres que escapan de la violencia de género con sus hijos. Y muchos que estaban en situación de calle. Las mujeres organizan ollas populares y merenderos para que sus hijos no pasen hambre y puedan tener al menos una comida al día. Pero no tienen ni agua. Cualquiera que se acerque a llevar su solidaridad puede constatar esto. Estuve esta semana acompañándolos en su reclamo al Municipio.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los diputados que van a votar hoy ese artículo vergonzoso no pueden decir lo mismo. Eligieron hacerse eco de la campaña furiosa que los medios de comunicación instalan todo el día. Desde hace semanas repiten el discurso de funcionarios y jueces llamando “delincuentes” a quienes piden tierra para vivir. Como en otros temas, el gobierno una vez más acepta sin discusión la agenda de Juntos Por el Cambio y la derecha. Un gobierno que es rápido para retroceder con la centralización del sistema de salud, con la expropiación de Vicentín y con el impuesto a la riqueza o el amotinamiento policial, pero que no actúa igual cuando se trata del salario y la vivienda de los sectores más desprotegidos.
Ya no puede sorprenderle a nadie escuchar a Berni diciendo que las tomas son ilegales, o a Massa apuntando que a quienes ocupan un terreno hay que sacarle la ayuda que reciben del Estado. Pero también Kicillof, Alberto Fernández y el Cuervo Larroque se sumaron a aclarar que las tomas son para este gobierno un problema de “seguridad”.
No hace falta aclarar que las tomas que denuncian, las que se preparan a desalojar, son la de los más pobres entre los pobres. Porque mientras a los que no tienen nada se los persigue penalmente, la tierra sigue siendo apropiada para emprendimientos inmobiliarios lujosos orientados a la especulación. Las mismas mujeres que están al frente de la toma de Guernica denuncian que mientras buscan desalojarlas, en terrenos linderos existen countries que se han instalado mediante la ocupación de tierras, a los que nadie por supuesto persigue.
Me pregunto, los que proponen está modificación, ¿realmente creen que pueden resolver un problema como el de la vivienda con represión y desalojos? Son 423 mil familias las que viven en condiciones precarias en los más de 1800 asentamientos y villas de la provincia. Solo en la provincia el déficit habitacional actual es de 900 mil viviendas.
Desde los medios de comunicación suele plantearse como un problema estructural, que siempre existió y va existir. Quizá porque ningún gobierno lo resolvió. Pero resolverlo cuesta la mitad de lo que se van a llevar los bancos y los grandes especuladores financieros con el pago de la deuda externa.
Con los USD 5.000 millones destinados a la deuda externa durante este año se podrían haber construido más de 125.000 viviendas de dos dormitorios. En esta sesión tendríamos que estar votando la declaración de utilidad pública y urgente expropiación de todos los terrenos que se encuentras desocupados, baldíos, sin dueños conocidos para desarrollar un plan de construcción de viviendas y dar respuestas a esas miles de familias. Es la única manera de frenar la decisión arbitraria de la Justicia que quiere avanzar en un desalojo cuando ni siquiera hay una sentencia firme.
Pero sabemos que detrás de estas tierras está el interés de los especuladores que quieren avanzar con nuevos barrios privados. Por eso repudiamos las modificaciones a esta ley. Las tomas masivas de los últimos meses expresan la ambición de miles de familias por conquistar lo que les es negado pero legítimo.
Es esta determinación la que nosotros apoyamos. Hoy nos movilizamos en defensa del reclamo de tierra y vivienda y asumimos el compromiso de volver a las calles si quieren desalojarlos. Familias en las calles, nunca más", concluyó el diputado Claudo Dellecarbonara.
