Florencio Varela. Desaparición y muerte de Francisco Cruz: la Policía de Berni sigue sin ser investigada

El próximo lunes Ramona Espinoza y sus dos hijas se reunirán en la ciudad de La Plata con el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand. Ramona viajó desde Corrientes para hacer oír su voz ante la impunidad reinante en el caso de la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo de 29 años Francisco Cruz.

“La desesperación me obligó a viajar, llevo un año y tres meses y no tengo ninguna respuesta del fiscal, cada vez que preguntamos en la Fiscalía no tenemos nada. Como madre, ya no puedo confiar en este fiscal, vine específicamente a pedir que sea apartado de la causa”, declaró en las últimas horas Espinoza a la agencia de noticias Andar. La acompañarán a la reunión con el procurador general representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura patrocina a la familia.

Celeste Cruz, una de las hermanas de Francisco, agregó al mismo medio que “el fiscal no está haciendo su trabajo, durante meses nos negó información a nosotras siendo familiares y todo este tiempo tuvimos que reclamarle para que nos escuche. Necesitamos un fiscal que asuma su responsabilidad de investigar, necesitamos creer en la justicia”.

Tanto la familia de Cruz como la CPM responsabilizan directamente al fiscal Darío Provisionato, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 1 de Florencio Varela. La Comisión por la Memoria advirtió desde el comienzo irregularidades en la causa. “Las primeras diligencias investigativas estuvieron a cargo de la misma Policía bonaerense; recién cuando encontraron el cuerpo de Francisco Cruz, se aplicó la resolución 1390 y separó a la policía de la investigación”, afirman desde el organismo.

También denuncian que la falta de celeridad en la actuación fiscal, ya que recién en diciembre, a nueves meses de la muerte, Provisonato recibió por primera vez a las hermanas de Cruz. Recién allí se comprometió a tomar las medidas que debería haber tomado apenas recibió la causa, como el secuestro de los teléfonos de los policías involucrados.

“Los teléfonos se secuestraron pero todavía hoy, a casi seis meses, los resultados no están disponibles”, afirma la CPM y agrega que el fiscal tampoco investigó la actuación de la Bonaerense, “que incluyó testigos falsos en la causa e incluso levantó un acta de una declaración diferente a la brindada por una persona que debió firmar sin poder leerla”.

Cómo murió Francisco

Tenía 29 años y era albañil. Vivía en el barrio Ingeniero Allan de Florencio Varela con una de sus hermanas. A raíz de una situación de consumo problemático se encontraba realizando un tratamiento en el Hospital de Melchor Romero. El 13 de marzo de 2020 fue atendido dos veces allí. Esa noche, en estado de vulnerabilidad, salió de su casa y terminó metiéndose en el patio de otra vivienda. Los vecinos lo notaron desorientado y muy nervioso y llamaron al 911.

Los vecinos querían que Francisco solo fuera atendido, dada su situación. De hecho no formalizaron ninguna denuncia. Pero fueron testigos de que cuatro agentes del Comando de Patrullas de Varela lo terminaron cargando en el patrullero y se lo llevaron. Ya era la madrugada del sábado 14 de marzo. La detención quedó registrada en una cámara de seguridad. Desde entonces y por cuatro días nadie vio a Francisco.

Los policías que detuvieron a Francisco aseguraron que, como los dueños de la casa a la que había ingresado el albañil no hicieron la denuncia, decidieron liberarlo minutos después en la zona de cruce de avenida Hudson y 1356, cerca de la parada del colectivo 324.

Pero nada se supo de Francisco hasta el mediodía del martes 17 de marzo, cuando un supuesto llamado de un lugareño al 911 alertó sobre la presencia de un cadáver en una cantera ubicada a 150 metros de la avenida Hudson. El cuerpo de Cruz apareció golpeado y casi todo cubierto de brea. Hacía pocas horas que la Comisión por la Memoria había presentado un habeas corpus. Demasiada casualidad.

La autopsia dijo que el albañil murió por “asfixia” producto de la inhalación de la brea que cubría el terreno, pero la familia sospecha de ese informe, ya que por un lado el cuerpo fue encontrado boca arriba y en un sitio donde no era posible ahogarse solo; y por el otro, las lesiones en rostro y tórax y la pérdida de tejidos en piernas y brazos no pueden estar explicados por una “asfixia”.

Desde la Comisión por la Memoria denuncia que “hasta este año la investigación se centró únicamente en determinar el estado de salud de Francisco al momento en que fue aprehendido, pero no se buscó determinar quiénes fueron esas terceras personas que podrían haber intervenido en su muerte. En ese sentido, a pesar de los reiterados pedidos, hubo que esperar casi un año para obtener el secuestro de los teléfonos de los policías que, de acuerdo al expediente judicial, son los últimos que lo vieron con vida”.

Estado responsable

Fue fundamental que la familia de Francisco, desde el primer momento, haya considerado que detrás de la desaparición y muerte de su ser querido estaba la mano siniestra de la Policía Bonaerense. Así comenzaron a movilizarse por verdad y justicia, con escasa cobertura mediática (las grandes empresas periodísticas siempre al servicio del poder) pero con la convicción de que era el único camino posible.

La CPM recordó que el fiscal Provisionato también “investiga” la muerte de Carlos Ibáñez, un hombre con epilepsia y leve retraso madurativo que fue interceptado por policías de la Comisaría Sexta de Florencio Varela y poco después fue enterrado como NN tras ser llevado por el SAME a un hospital. La familia de Ibáñez encontró el cuerpo varios meses después. Por su absoluta “inacción” en la causa Provisionato fue denunciado por la CPM ante la Procuración General.

El titular de la Procuración, Conte Grand, aceptó reunirse con Ramona Espinoza y sus hijas. Según se informó, de la cita también participarán Marcelo Dragui, fiscal general de Quilmes, y el propio Provisionato. Es poco probable que reciban algún tipo de solución de parte de los mismos funcionarios judiciales que vienen garantizando la impunidad de la Policía Bonaerense en este y otros casos.

Hay un dato que no puede soslayarse. La familia de Francisco Cruz no sólo viene siendo maltratada por el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo a cargo de Axel Kicillof y su ladero Sergio Berni viene encubriendo a la Policía Bonaerense de una forma evidente, tal como lo hicieron en los casos de Facundo Castro, Alan Maidana, Lucas Verón, Brandon Romero y tantos otros.

Apenas hallado el cadáver de Cruz, el ministro de Seguridad se reunió con representantes de las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y de la nación. Nunca se supo, al menos públicamente, qué se habló en esa reunión. Lo que sí se sabe es que Berni luego siguió encubriendo los crímenes de sus subordinados, con el agravante de que días después de la muerte de Cruz se impondría el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia, con el consiguiente empoderamiento de las mismas patotas policiales.

Y lo que también se sabe es que entre Berni y el procurador Conte Grand hay una relación muy estrecha, ya que no solo tienen afinidad ideológica en varios aspectos reaccionarios sino que desde hace meses vienen trabajando conjuntamente en su "lucha contra la inseguridad" (en rigor, criminalización de los pobres y garantías al gran delito).

Lo cierto es que no sólo desde el Gobierno no se aportó ningún tipo de pruebas para, al menos, demostrar que sus uniformados no tuvieron nada que ver en los hechos sino que, además, esos potenciales asesinos siguen formando parte de la fuerza represiva. Igual que la gran mayoría de los policías ejecutores de gatillo fácil y demás crímenes cometidos contra los pibes y las pibas de los barrios populares.

Es evidente que la impunidad en el caso de Francisco Cruz está garantizada por el Estado provincial y por el nacional. La desaparición forzada seguida de muerte de los hijos del pueblo pobre a manos de policías y agentes penitenciarios ya casi alcanza la categoría de “deporte” para las fuerzas mal llamadas de “seguridad”.

Y cada nuevo caso impune es, ni más ni menos, que el combustible para que hayan nuevos y más brutales casos. Todo ante la mirada absorta de más de un simpatizante del Gobierno que creen aún en los discursos “progres” y humanistas de quienes conducen los destinos del Estado.